Por: Diego Lanese

A través del decreto 879, el Gobierno nacional inició un proceso para limitar la baja de tarifas aéreas, a partir de un sistema de bandas que genera valores mínimos y máximos para las distintas rutas del país. De esta forma, se finalizó la política del gobierno anterior, que fomentaba las grandes ofertas, que beneficiaban a las empresas llamadas low cost. La medida fue apelada ante la Justicia y en breve podría tener un fallo favorable, según las versiones. Ante esto, gremios del sector alertaron que permitir que las firmas cobren tarifas a costo será perjudicial para Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera nacional. En este sentido, la dirigencia alertó de una ofensiva contra la firma, que busca en el fondo “privatizar o directamente cerrarla”, como sugirieron algunos políticos de la oposición, en especial aquellos autodefinidos libertarios. Por estos días, se esperan definiciones del Ministerio de Transporte, que debe ordenar la actividad para evitar el colapso.

La posibilidad que la Justicia autorice a las empresas low cost a cobrar tarifas libres comenzó a circular desde la semana pasada. Las firmas se presentaron ante la Justicia para pedir que declare anticonstitucional el decreto que genera un sistema de bandas tarifarias, que evita que se creen “súper ofertas” por debajo de los costos. Los gremios alertan que la medida será “muy perjudicial” para Aerolíneas Argentinas, y consideran que esta posibilidad es parte “del ataque de la derecha contra la empresa de bandera”, que busca en el fondo “cerrarla o privatizarla”. En este sentido, dirigentes del sector consultados afirman que “si se permite que no haya tarifas mínimas, Aerolíneas Argentinas tiene un competidor directo, con fondos de dudosa procedencia, que pueden trabajar a pérdida sin problema. Esa advertencia la venimos haciendo desde que comenzaron a operar las empresas low cost”.

Si se confirma el fallo, agregaron las fuentes consultadas por Política del Sur, la empresa de bandera “profundizará su déficit, alentando discursos que buscan privatizarla o incluso cerrarla, como dijeron algunos referentes de la derecha”. Si avanzan esta política, afirman desde el entorno sindical, las empresas de baja tarifa “se quedarán con las rutas rentables, y las que no lo sean tendrían que ser voladas por el Estado, a pérdidas. Hay que regular las tarifas”. En este sentido, entre los integrantes de Sindicatos Aeronáuticos Unidos –que nuclea a los pilotos de APLA, los técnicos de APTA, el personal de tierra de APA, el personal superior de UPSA y los controladores aéreos de ATEPSA –esperan que el Gobierno mantenga su postura de fijar bandas para las tarifas.

Flybondi: "Decreto 879/2021 limita y restringe el crecimiento del mercado aerocomercial"https://t.co/8WIHbPp4dI pic.twitter.com/GvnjJtB2Zk

— Aviacionline.com (@aviacionline) February 22, 2022

El auge de las low cost, empresas que ofrecen tarifas a bajo precio gracias a una serie de beneficios impositivos, se fijo en la gestión de Mauricio Macri, y desde un primer momento tuvo la mirada desconfiada de los gremios, que recalcaron que el modelo incluye “precarización laboral”. En este sentido, recordaron que “nosotros alertamos por la precarización que traían las empresas, además de intentar quebrar el modelo sindical”. La pelea se profundizó cuando dos de las firmas, Flybondi y Norwegian, fomentaron la creación de sus propios sindicatos, que nuclean a todo el personal, quebrando la representación por rama que existe en el sector. En ese sentido, aseguraron que “estamos a favor del crecimiento de la industria aeronáutica, que permita generar puestos de trabajo. Pero esos puestos deben ser de calidad, bajo los convenios colectivos vigentes, respetando las leyes laborales”.

En este contexto, se espera que la Justicia determine la constitucionalidad o no del decreto gubernamental, para ver cómo sigue el sector. El amparo lo presentó Flybondi, pidiendo que la Justicia intervenga “inmediatamente”, y apuntó directamente contra Aerolíneas Argentinas, argumentando que las bandas “favorecen” a la empresa de forma “inconstitucional”. La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, a cargo de Pablo Gabriel Cayssials, quien ya pidió a las autoridades del sector los argumentos del decreto.