Por: Diego Lanese

“Es el tiempo de transformar las cosas y estamos apurados porque es ahora, que tenemos al gobernador, que tenemos a la vicepresidenta, que nos pide que hagamos el Sistema Nacional Integrado de Salud, y a quien nosotros le debemos la responsabilidad de llevarlo adelante”. En el marco del Congreso Provincial de Salud, que tuvo lugar el fin de semana pasado en la localidad de Mar del Plata, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anticipó que una parte del oficialismo está dispuesto a ir a fondo con la reforma del sistema sanitario, que se insinuó en el 2020 y que generó resistencia de distintos sectores, incluyendo el sindical. Es que los gremios creen que la integración que pretenden estos actores puede terminar con muchas obras sociales, que se verán desfinanciadas y terminarán integradas al sistema público. Además del proyecto del kirchnerismo, la Casa Rosada tiene su propia iniciativa, que por estas horas busca consensuar la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con los referentes de la CGT.

Las dos propuestas que aparecieron para reformar el sistema de salud nacional generan alarma en los gremios, aunque la primera, impulsada por el peronismo provincial, es la que menos confianza genera, ya que no fueron consultados para su elaboración. La propuesta se basa en un borrador elaborado por la fundación Soberanía Sanitaria, que se difundió en el 2020 y se actualizó el año pasado, buscando fomentar el debate. “La integración del sistema de salud argentino es necesaria porque uno de sus principales problemas es la fragmentación, que produce y reproduce la desigualdad en el acceso”, destaca el borrador, al que tuvo acceso Política del Sur. El sistema de salud argentino, explicó el trabajo, está dividido en tres subsectores: el público, el de la seguridad social y el de la medicina privada. “El primero se financia con las rentas nacionales, provinciales o municipales; el segundo, con los aportes de trabajadores y empleadores y el tercero, con las cuotas que pagan los clientes de las empresas de medicina prepaga”, remarcaron desde la fundación.

Continuar con la integración del sistema de salud es indispensable e importante. Sin embargo los medios de comunicación persisten en tergiversar el objetivo obcecados en supuestas cajas. Lo que es seguro es que: 👇🏾

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 26, 2022

 “La desigualdad del sistema también se manifiesta por el carácter regresivo que tiene el gasto de bolsillo en salud. Es decir que en el gasto de bolsillo, las personas de menos ingresos gastan proporcionalmente más para acceder a prácticas o prestaciones de salud. Eso se ve en la diferencia entre obras sociales y entre diferentes planes de medicina prepaga en la cantidad de prestaciones cubiertas al 100 por ciento o en el descuento en medicamentos”, remarcó el borrador. A partir de esto, la fundación subrayó que “si bien la cobertura que provee el Estado es universal, el 36 por ciento de la población cuenta exclusivamente con la cobertura estatal”. “El subsector de la seguridad social, por su parte, pese a los altos índices de desocupación y de empleo informal sigue siendo el predominante, cubriendo al 50 por ciento de la población. Las empresas de medicina prepaga cubren al 14 por ciento, incluyendo a quienes les derivan sus aportes salariales y quienes abonan una cuota voluntariamente”, agregaron.

Para los gremios, un sistema con centralidad estatal puede generar problemas en el financiamiento de la seguridad social, por lo cual buscan imponer condiciones en la transformación. Para eso, analizan la propuesta de Vizzotti, que no se conoció en detalle, pero según pudo saber Política del Sur ya fue analizada en al menos un encuentro con José Luis Lingeri, el encargado de tratar los temas de la salud de la CGT. “Propuesta para Integración del Sistema de Salud Argentino” es el título del trabajo que está analizando. Entre los puntos destacados se encuentra la posibilidad de que obras sociales atienda a pacientes de hospitales sin restricciones, a partir de un financiamiento estatal. También se limita la transferencia de aportes a prepagas, y se busca transformar el PMO, el programa de prestaciones que deben cubrir la seguridad social.

En la actualidad, hay 292 obras sociales sindicales, muchos en graves problemas financieros a partir de la pandemia. Desde 2000, con la total desregulación de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga irrumpieron en esa puja, quedándose con los aportes correspondientes a los salarios más altos. Ese fenómeno, que se denomina “descreme”, desfinanció a todas las obras sociales, pero “perjudicó especialmente a las más chicas y pobres, muchas de las cuales desaparecieron”, según recordó el paper de Soberanía Sanitaria.