Desde el colectivo de vecinos “X mi barrio sin edificios” de Lanús criticaron que el proyecto de reforma al “Código de Planeamiento Urbano y Edificación” que se tratará este martes en el Concejo Deliberante “parece estar al servicio de la demanda inmobiliaria y no al servicio de mejorar la calidad de vida”.

Así lo manifestaron en una nota enviada al presidente del Concejo Deliberante, Jorge Schiavone; y los titulares de los distintos bloques que integran el Cuerpo en la previa a la sesión.

En la misma, se refirió al trabajo realizado por la agrupación integrada por vecinos de Lanús -este y oeste-, Remedios de Escalada y Valentín Alsina que advierten que “aun contando con red cloacal, sentían afectada su calidad de vida por la construcción de edificios en altura en sus respectivos barrios”.

Señalaron que la normativa vigente, regida por la ordenanza municipal 12741/18, que autorizaba dichas construcciones, contradice la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, norma provincial 8912/77 en sus artículos N° 37, 38, 39 y 62; y la Ley General de Ambiente, norma nacional 25675/2002, en sus artículos N° 11, 19, 20 y 21. Asimismo, sostienen que la reforma impulsada por el Ejecutivo “agravaría más la problemática”.

Entre otros puntos, cuestionan que “en la zona S1-R1 se permite la construcción de edificios con una altura de hasta 28 metros (planta baja + 8 pisos) en barrios sin cloacas” y “aunque se presenta una mejora de las alturas en la zonificación S2-R3 y en la S2-R4, esto no se refleja cuando hay un retiro de 5 metros, ya que en ese caso se mantienen las alturas permitidas de 15 metros (planta baja + 4 pisos), en barrios con y sin cloacas”.

También cuestionan “cambios en los indicadores de zonificación como el FOT (Factor de Ocupación Total) y Densidad poblacional, permitiendo la construcción de edificios en altura sin haberse realizado previamente un estudio de impacto ambiental en estas áreas: cloacas, energía eléctrica suficiente, presión de agua, contaminación sonora, problemas de tránsito, etc”.

En este marco, reclaman “posponer la aprobación del nuevo código, para resolver una nueva normativa, que surja del asesoramiento de distintos actores sociales” y la convocatoria “a una audiencia pública, dada la relevancia del problema”.