“¿Qué clase de Pueblo era éste cuya tolerancia pasiva, sí, su consentimiento criminal, hizo posible que se desataran poderes tan perversos?”. 

Margarete Bourke-White, periodista norteamericana.

Cada año, cuando el país se prepara a conmemorar un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976, una sensación de horror y vergüenza, producto de esa pregunta sin respuesta enunciada por Margarete Bourke-White en la puerta de uno de los tantos campos de concentración nazi, invade al país. O por lo menos a algunos de nosotros. La palabra memoria llena las páginas, que se completan con un rechazo genuino a quienes perpetraron, en primera persona, el mayor genocidio que vivió este país. Eso está. Pero falta algo. La complicidad de quienes se escudaron detrás de los asesinos vestidos de militares para hacer negocios, destilar su odio, imponer sus condiciones o simplemente para ayudar a completar el sistema de gobierno de la dictadura es cada vez más notable. “Dictadura cívico-militar”, decía siempre el inolvidable León “Toto” Zimerman. Cada vez más expuestos, empresarios, sacerdotes, periodistas, políticos, muestran la otra casa de la sombra siniestra de aquella época.  Porque si desde hace años es una sana costumbre ver esos rostros del horror en el banquillo de los acusados, juzgados y condenados por una democracia injusta pero pujante, falta ver a esos cómplices civiles dando explicaciones de su papel. Un poco de esto va este pequeño homenaje en este 24 de marzo, de cómo la dictadura es cada vez más cívico-militar y de cómo se va cayendo el velo de los cómplices de ayer, muchos de ellos todavía impunes.

La bendición

Pocas imágenes son más repulsivas que ver al genocida Videla recibir la comunión en la Catedral Metropolitana. Desde un principio, la Iglesia argentina bendijo la dictadura, en el marco de un duro enfrentamiento de los sectores conservadores con quienes venían plateando un catolicismo de cara al pueblo y al servicio de los más humildes. Como analiza el periodista Daniel Kaminszczik, “el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado, Juan Carlos Aramburu y el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, a quienes se sumaría luego monseñor Quarracino, por aquel entonces obispo de Avellaneda, adquirieron a lo largo de la dictadura un protagonismo y un liderazgo desde el cual no dudaron en legitimar el accionar procesista pese a algunas críticas ambiguas deslizadas en unos pocos documentos episcopales o en reuniones reservadas con los jefes castrenses”.

Pero el máximo exponente de la bendición de la iglesia a los militares fue Monseñor Adolfo Tortolo, vicario castrense y presidente de la Comisión Episcopal, quien después del golpe de Estado, afirmó que “los principios que rigen la conducta del general Videla son los de la moral cristiana”. Cuando la Argentina era un gran campo de concentración, defendió la tortura ante sus pares con argumentos de teólogos medievales.

Miles de testimonios dan cuenta de los sacerdotes recorriendo los campos de concentración, bendiciendo a los grupos de tareas o ayudando “moralmente” a los soldados que sentía algún tipo de culpa por las atrocidades que hacían. Incluso, muchos confesaron y le dieron la extremaunción a muchos desaparecidos, quebrados por la tortura. El propio Tortolo recorría los campos de detención, y decía que las armas de los militares “estaban bendecidas”, y escuchaba las plegarias de los detenidos, a quienes acusaba de “subversivos y ateos”.

Pero la dignidad de unos pocos intentó ponerle freno a la decadencia institucional. Los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, fueron los más notables, y murieron asesinados por la intolerancia. También tuvieron una actitud de valor ante el genocidio el obispo de Goya, monseñor Devoto, el de Neuquén, monseñor Jaime de Nevares, el de Viedma, monseñor Miguel Hesayne, y el de Quilmes, monseñor Jorge Novak. Este grupo se caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos, la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos. Poco pudieron hacer, pero fue un faro ante tanta oscuridad inquisidora de una institución que no termina de pedir perdón.

El rol de los medios

Si repasamos los principales títulos de los diarios, las primeras declaraciones de las radios o los programas de TV emitidos en esos días, algo queda claro: el golpe, para los medios, fue otra cosa. En tiempos que se discute sobre el rol de los medios masivos de comunicación, no está demás ver cómo se comportaron esos medios, la mayoría con una notoria vigencia, cuando la sombra de la muerte se posó sobre nuestro país.

"Orden, seguridad, confianza", tituló el diario La Prensa, mientras los tanques circulaban por la capital del país, dueños de la escena. "Nuevo Gobierno", coinciden (¿curioso?) Clarín y la revista pro golpista Gente. Para el monopolio, el golpe trajo "Total normalidad", según su tapa. Para La Nación, "el PE lo ejercerá un oficial superior de las Fuerzas Armadas". Los primeros meses, los más crueles posiblemente, fueron silenciados por los medios, que fueron premiados con el tiempo con la creación de Papel Prensa.

Sabiendo la importancia de los medios, de la necesidad de manipular la opinión pública, la Junta de dictadores amordazó cualquier intento con romper el cerco informativo. Así, la complicidad y el miedo cerraron la puerta a cualquier intento de denuncia. "Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales", dice el comunicado 19 de la dictadura, emitido el mismo 24 de marzo.

Pero ni las ideas políticas sin el miedo pueden justificar la actitud de algunos medios y sus periodistas. Uno de los ejemplos más deleznables fue la de la revista Extra, organismo propagandístico de la dictadura dirigido por Bernardo Neustadt. En el primer número de 1977, saca en su tapa los "Héroes de 1976", ilustrado con fotos de militares y personajes del establishment. "No decimos sólo los mejores. Decimos que existieron en un primer plano. Y que a lo mejor nos olvidamos de otros fundamentales. Pero la memoria tiene una gran capacidad de olvido. Además, 1976 se dividió en dos tiempos: antes y después del 24 de marzo. No se puede evitar mencionar en el antes a María Cristina Guzmán. En el después, a Martínez de Hoz. Se coincida o no con él. Empresarios que ‘lo dieron todo’. Edmundo Paul, José R. Trozzo, Amalita Fortabat, que pudo dedicarse a gozar de la ‘dolce vita’ y se arremangó para seguir el trayecto de don Alfredo Fortabat. Jueces que tuvieron que dar la cara; sacerdotes que fueron diques de contención y equilibrio. Militares que se distinguieron en función de gobierno. Militares-militares. Faltará alguno. Acaso sobre uno que otro. Seleccionamos así y ¡perdón!". Una muestra de las bajezas de unos, de la falta de memoria de otros.

Burguesía nacional

Las consecuencias del golpe son a todas luces nefastas, y se pueden ver hoy. No sólo se trató de un período de represión política o ahogo cultural, además fue una etapa de entrega económica, del cual algunos empresarios se enriquecieron notablemente. Así lo explica el historiador Norberto Galasso: “la dictadura militar fue muerte, desaparición, tortura, secuestros, etc. pero fue también una victoria de la clase oligárquica y aplastamiento del proyecto popular, la represión de los Videla y Massera no derivó en la política económica entreguista y antipopular de Martínez de Hoz, sino que la política económica entreguista y antipopular de Martínez de Hoz, necesitó como condición insoslayable, la represión de los Videla y Massera. Por eso el repudio del 24 de marzo de 1976 se carga de indignación y dolor por el baño de sangre, pero también debe señalar otros aspectos que sigan los sucesos políticos de los años posteriores a la dictadura: la reconversión de la clase dominante en una nueva oligarquía que entrelaza sus intereses con el imperialismo norteamericano, la división del movimiento obrero y liquidación de sus cuadros sindicales más combativos desde dirigentes a delegados de fábrica, el descabezamiento de la pequeña burguesía revolucionaria, por muerte o exilio de sus principales cuadros e infundiendo temor al resto de los sectores populares, el aplastamiento de gran parte del empresariado pequeño y mediano a través de la apertura económica”.

Ese esquema necesitó de un sector empresariado cómplice, que utilizó el poder de muerte de los militares para “limpiar” de trabajadores comprometidos sus plantas, dejar sin delegados ni luchados una clase obrera especialmente castigada por la desaparición. Así, los gerentes de las empresas fueron habituales colaboradores de la dictadura. En 2003 la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, comenzó a investigar el secuestro y desaparición en abril de 1976 de 25 miembros de la comisión interna de la planta de General Pacheco de Ford Motor Argentina. Los sobrevivientes declararon en la CONADEP y en los juicios por la Verdad cómo algunos fueron secuestrados en sus casas y llevados a la comisaría de Tigre, donde fueron torturados, mientras otros sufrieron tormentos en los quinchos del campo de deportes de la misma fábrica. Además, denunciaron a los directivos de la planta que proporcionaban las listas con los nombres de los trabajadores a las fuerzas represivas, por los que pesa un pedido de indagatoria.

Distinta suerte corrieron los operarios secuestrados de otra multinacional, Mercedes Benz, que tuvo diecisiete trabajadores secuestrados y desaparecidos y de los que sólo tres sobrevivieron. Quince formaban parte de la comisión interna, y fueron secuestrados por grupos de tareas de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1977, algunos retirados de la fábrica y otros secuestrados de sus domicilios o mientras se encontraban en la calle, en tanto en la empresa existía un retén militar permanente.

La periodista alemana Gabriela Weber investigó el caso y denunció que “después del golpe militar, noche tras noche los opositores son arrancados de sus casas y desaparecen. Las plantas industriales son ‘limpiadas’. Los gerentes de las fábricas colaboran codo a codo con las fuerzas represivas”.

El caso conocido como “La noche del apagón”, en el que se cortó el suministro eléctrico en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, para permitir el secuestro de alrededor de 400 personas, constituye un caso emblemático de la vinculación entre una empresa y el accionar del aparato represivo. Según las denuncias de sobrevivientes, los traslados de trabajadores, estudiantes y profesionales se realizaban en vehículos de la empresa azucarera Ledesma a los galpones de mantenimiento del ingenio, donde permanecían días y meses atados y encapuchados para ser sometidos a interrogatorios.

Con treinta desaparecidos, entre ellos el médico e intendente de Ledesma, Luis Aredez, el hecho permanece impune y la causa a cargo del juez Carlos Olivera Pastor volvió a ser frenada al rechazar un pedido de indagatoria de la fiscalía sobre el empresario Pedro Blaquier, por su presunta responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y tormentos de las víctimas.

El mismo procedimiento por parte de las empresas en el accionar represivo para eliminar todo propósito de unidad gremial y de protesta social se extiende a los astilleros Astarsa, Metalúrgica Tensa, Acindar, Dálmine Siderca, entre otras.