Luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejara sin efectos la medida de la Inspección General de Justicia de que las sociedades anónimas estén obligadas a tener igual cantidad de mujeres que de hombres en sus órganos de administración y fiscalización, la Cámara Contencioso Administrativa también la rechazó.

“La IGJ dictó el año pasado dos resoluciones generales que se aplican a sociedades comerciales y a asociaciones y fundaciones. En las dos la idea es que haya separación de miembros de ambos géneros tanto en los ordenes de administración como en la fiscalización”, introdujo la abogada María Alejandra Jurado.

En diálogo con Política del Sur, remarcó que “cada provincia tiene su propio registro publico, el de CABA está en el ámbito nacional y el IGJ” también, por lo tanto “no hay una transferencia como debería haberla”.

“Una fundación planteó que ellos deberían salir a buscar otras personas para tener equidad de genero, pero ellos quieren tener gente de su confianza en el órgano de administración. La Cámara Federal les hizo lugar y declararon la inconstitucionalidad”, relató.

En ese sentido, explicó que “la IGJ está reglamentando fuera de sus facultades” ya que “se arroga el rol de legislador y por la amplitud de estas resoluciones, tendrían que venir del Congreso”. “Cambiaron las reglas del juego agregando requisitos que la ley no exige”, indicó.

“Los planteos no vinieron por el tema del género sino por la confianza, porque está administrando los fondos de esa sociedad”, aclaró y comentó que un sindicato podría exponer el mismo argumento.

Asimismo contempló que “si el Congreso establece este nuevo requisito para asociaciones civiles, fundaciones y sociedades está bien porque es una ley, pero a medida que se establezca una resolución estos reclamos van a seguir apareciendo”.

“No hay dudas que hay un avance enorme en cuestiones de género. Pero a veces hay una exageración del tema y estamos forzando ciertos estándares de igualdad”, concluyó.