Por: Diego Lanese

Los incidentes en la puerta de la Municipalidad de Lomas de Zamora, donde integrantes de algunos movimientos sociales intentaron ingresar al edificio y fueron reprimidos por la policía, fue el primer capítulo de una escalada de protestas en las calles, que le marcan la cancha al gobierno nacional en materia de asistencia. La crisis económica que se vive en el país, a casi un año y medio de iniciada la pandemia, comienza a desbordar la ayuda oficial, y el malestar crece.

 

Esta semana, los movimientos vinculados a la izquierda y los espacios clasistas mostraron “músculo” en la calle, con una movilización multitudinaria. En ella, las imágenes televisivas de cómo se organizan las marchas pusieron el clientelismo en el centro de la discusión. Estas dos cuestiones –malestar social y uso político de los planes– hace pensar que una salida posible es crear un salario universal, una propuesta de sectores gremiales, políticos y sociales nacida al calor de la crisis del menemismo, que hoy tiene una particular vigencia.

 

El salario universal puede resumirse en el pago de un sueldo a todo adulto entre 18 y 65 años (60 en caso de las mujeres, ya que a esa edad pueden jubilarse), para sostener su situación cuando no tiene trabajo. Cambia la lógica del tradicional plan social porque puede generar una contraprestación laboral, pero sobre todo porque casi no tiene condicionantes para su aplicación, por lo cual no hay necesidad de intermediarios para su sobro. La idea fue abordada en varios países, y generó algunos buenos resultados. Pero la fragilidad social de la economía argentina hace dudas de su posibilidad, aunque algunos afirman que usando tan solo 3 o 4 puntos del PBI se puede avanzar en este sentido.

 

En el gobierno, quien tiene mayor trabajo al respecto es Daniel Arroyo, ex titular del Ministerio de Desarrollo Social y precandidato a diputado nacional. En su gestión se analizó el tema, ya que se admite que el país tiene “problemas de ingresos” entre los sectores más vulnerables, aunque en su entorno admiten que la propuesta es minoritaria en el oficialismo. En un reciente encuentro organizado por la CTA Autónoma para discutir la cuestión, Arroyo explicó que “la Argentina necesita un ingreso de base, llamado de la manera que sea, porque la pobreza e indigencia no se va a solucionar si no cambiamos el problema serio de ingreso que tenemos”.

 

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La situación se torna cada vez más grave, ya que la inflación no cede, por lo menos a un ritmo que permita recuperar la pérdida de ingresos de los sectores asalariados e informales, lo que constituye la verdadera “bomba de tiempo”, que comienza a hacer ruido cuando se le suma el descontento social. Para el ex ministro, “hay familias a las que no les alcanza aún con trabajo formal, entonces hay un problema de ingresos y también hay un serio problema de precios de los alimentos, con muchas personas con dificultades para acceder a la canasta básica y a los alimentos de calidad, que requiere un debate particular”. Por eso, más allá de las propuestas, Arroyo recordó que un salario universal “no tiene que ver con la redacción de la ley, sino visibilizar a los que luchan, a los que visibilizan a los excluidos, a los que peor la pasan. Es momento de combinar derechos con trabajo”.

 

 

Salario universal y empleo

 

Los planteos del ex funcionario son similares en varios puntos a los realizados durante años por la CTA, y que ahora son levantados por la fracción Autónoma que lidera Ricardo Peidro, que busca combinar la ayuda social con un plan productivo, para generar puestos de trabajo que sirvan para aliviar la situación actual. En este sentido, el espacio, junto al Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), le acercaron al propio presidente de la Nación una propuesta para crear el llamado “salario social de empleo y formación”, que complete los planes sociales, para asistir y generar puestos laborales genuinos.

 

La iniciativa presentada a Alberto Fernández, a la que tuvo acceso Política del Sur, mantiene la Asignación Universal por Hijo (AUH) y además establece un Ingreso Básico Universal (IBU) “cuyo valor será aquel que establezca la línea de indigencia calculada por el INDEC para todas las personas adultas entre 18 y 65 años que se encuentren en situación de informalidad y desempleo, también incluye aquellos monotributistas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo”. Estos dos instrumentos, la AUH y el IBU, “constituyen una renta básica incondicional que construye un piso alimentario para que ningún hogar quede por debajo de la línea de indigencia”.

Para terminar con el hambre:
Salario universal y Trabajo Garantizado pic.twitter.com/dZo79wuEum

— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) August 19, 2021

 

A esto se le suma este salario social, que combina la creación de esta renta básica universal de carácter incondicional con un programa de empleo garantizado. Esto se instrumenta a través de un Programa de Reconstrucción Productiva y Social de la Argentina, que invirtiendo cerca de 3 puntos del PBI pretende crear 4 millones de puestos de trabajo. “Hay que avanzar en la institucionalización de un aporte público de toda la población que reconozca que el trabajo para la reproducción de la vida y de la fuerza laboral no puede estar sujeto únicamente a la retribución que ingresa por vía del mercado laboral”, concluyeron en la CTA Autónoma y el IPPyP.