Gremiales | 12 ago 2021
POLÉMICA MEDIDA
Crece el debate sobre la posible obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 para trabajar
En algunas empresas, analizan la posibilidad de licenciar a empleados que no se inmunizan, para evitar contagios. En Jujuy, los estatales que no recibieron una dosis serán licenciados sin goce de sueldo, lo que aumenta la discusión. El ministerio de Salud afirma que busca crear un marco legal para zanjar esta cuestión. La UIA pidió dejar de pagar salarios y se disparó la polémica.
Por: Diego Lanese
Al inicio de esta semana, desde el Ministerio de Salud admitieron que buscarán crear un marco legal para la vacunación contra el coronavirus entre los trabajadores, ante las presiones de algunas empresas que quieren que se les permita obligar a sus empleados a inmunizarse.
La situación surge luego de que el gobierno de Jujuy decidiera que los estatales que no recibieron por su voluntad al menos una dosis de alguna de las vacunas disponibles, serán licenciados sin goce de sueldo, lo que genera dudas en los gremios estatales. Para intentar evitar conflictos, la cartera sanitaria adelantó que busca discutir una especie de reglamento para esta situación, que se presentará en la próxima reunión del Consejo Federal del Trabajo.
La decisión del gobierno de Gerardo Morales de la semana pasada adelantó la discusión respecto de la obligatoriedad de la vacunación, en momentos en que el mundo avanza en pasaportes sanitarios y otras medidas que permiten realizar determinadas actividades sólo a los inmunizados.
El Decreto Acuerdo 696 firmado por el mandatario jujeño estableció que todos los estatales de la provincia tengan que “aplicarse obligatoriamente al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 para volver a prestar servicios en el Estado local”. En la decisión, Morales dispuso “la obligatoriedad de la vacunación contra el Covid-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su situación de revista y lugar en que se presten servicios”.
Para quienes no acrediten la inmunización a través de al menos una dosis de las vacunas, el decreto establece que “salvo justificación por medio fehaciente e idóneo no podrá asistir a prestar servicios a su lugar de trabajo, siendo su inasistencia injustificada, con la correspondiente pérdida de remuneración por día no trabajado”.
En #Jujuy es obligatoria la vacunación contra el COVID-19 https://t.co/HU2V0UZERd pic.twitter.com/pHdLxVwnlH
— Gobierno de Jujuy (@GobiernoJujuy) August 2, 2021
El gobierno jujeño “invita” en el artículo 2 de la medida a la actividad privada a sumarse a esta iniciativa, en especial “el personal de salud, educación, seguridad, transporte público y privado, comercio, entidades civiles, deportivas y recreativas en general”. La decisión, que incluye además un “pasaporte Covid-19” para usar el transporte público, es la primera de su tipo, y se da en medio de versiones que hablan de darle cierto grado de obligatoriedad a las vacunas. Esta última decisión generó protestas en la capital provincial, de muchos ciudadanos que rechazan esta posibilidad.
Expectativa sindical
Entre los gremios, la discusión se instaló a partir de medidas tomadas en otros países, como en Estados Unidos, donde el gigante tecnológico Google decidió obligar a sus 250 empleados a inmunizarse. Por el momento, en el Estado nacional creen que no será necesaria una medida así, porque “la demanda de vacunas es alta”. “Hasta ahora no nos adelantaron una medida tan directa, ni de forma informal nos comentaron esto. Creemos que no será necesario, pero estamos atentos”, afirmaron fuentes de los gremios estatales ante la consulta de Política del Sur. En organizaciones como ATE apuntan “a alcanzar a más estatales con las vacunas, completar el esquema de vacunación pata garantizar una presencialidad segura en todos los organismos”, por lo cual no creen que una decisión como la jujeña sea necesaria.
Por el momento, lo que hay es una regulación a través de la Resolución conjunta 4/2021, que lleva las firmas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo. La normativa, publicada el pasado 8 de abril en el Boletín Oficial, estipula que los empleados que forman parte de los grupos de riesgo o sean personal de salud y “opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores o empleadoras”.
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