Por: Diego Lanese

Desde que presentó el primer Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), al inicio de la pandemia, la aerolínea chilena Latam buscó cerrar las operaciones en el país. Al poco tiempo, decidió dejar de volar las rutas locales, y en febrero de este año despidió a los empleados que se mantenían el litigio, ya que muchos de sus casi 2 mil trabajadores optaron por los retiros voluntarios ofrecidos. Esas cesantías fueron objetadas por darse cuando estaba en vigencia el decreto “anti despidos”, lo que generó un nuevo proceso judicial. En los últimos días, un fallo de cámara determinó que la firma deberá mantener el pago de salarios hasta que se defina la legalidad de los despidos, o esté en vigencia el decreto presidencial. “Sólo quieren destrabar los fondos congelados, no le interesa los trabajadores”, se quejaron los cesanteados de la aeronáutica.

 

Mediante un fallo conocido la semana pasada, la Cámara Nacional del Trabajo estableció que “no se aprecian razones” como para considerar que se trata de causas que “revistan una urgencia de tamaña envergadura” como para que no se puedan esperar unos días, ante “la inminente finalización del receso” y la reanudación de la actividad judicial, que se produjo este el lunes. De esta forma, se rechazó abrir durante el receso invernal la discusión sobre la legalidad de los despidos en febrero, y mientras que el litigio siga, se deberá abonar los salarios. Es que cuando realizó las desvinculaciones, regía en el país el decreto que prohíbe los decretos, una iniciativa que sigue vigente, por lo cual hasta que haya una solución de fondo los despedidos deben seguir vinculados a la empresa.

 

Las medidas de primera instancia ordenaban a la compañía abonar “los importes correspondientes a los ingresos netos” que habrían debido percibir desde febrero último de no haber sido despedidos, contra lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 413/21. La empresa había apelado las medidas cautelares y pedido la habilitación de la feria, pero la justicia decidió que la causa sea tratada dentro de los tiempos procesales.

 

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— Trabajadores de Latam en lucha (@AutoconLATAM) July 19, 2020

Para los empleados que siguen luchando por sus puestos de trabajo, lo único que quiere Latam es “el embargo de sus cuentas, más que resolver la situación de los trabajadores, eso quieren, hacer uso de esos fondos”. “Luego de la presentación judicial de muchos de los cesanteados la justicia congeló las cuentas de la empresa, a partir de fallos favorables a carios trabajadores por la ilegalidad de los despidos de febrero”, le explicó a Política del Sur Martín Tomé, vocero del personal despedido. “Quisieron ‘apretar’ a la justicia argentina, pero no le dieron lugar para que puedan discutir esto en este tiempo”, agregó.

 

Hasta el momento, la mayoría de los trabajadores optó por el plan de retiros voluntarios, pero quienes quedaron en la lucha por la continuidad fueron despedidos en febrero de este año. Por esto comenzaron una demanda por la restitución, que si bien parece lejana, obliga a que se mantenga el pago de salarios, por lo menos hasta que esté vigente la decisión presidencial. Al comienzo del año, hubo una promesa de las autoridades del Ministerio de Transporte de reinstalar a los despedidos en otras compañías del sector, algo que finalmente no sucedió.

 

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El fallo se da en medio de las dificultades para sostener la actividad en el sector, que en pandemia fue una de las más castigadas. El temor a nuevos cierres en el área aerocomercial comenzó a crecer cuando se conocieron las restricciones para ingresar al país impuestas por la Dirección Nacional de Migraciones, para frenar la circulación comunitaria de la variante Delta del coronavirus, que es una de las mayores preocupaciones sanitarias de estos días. Esto le puso un cupo de pasajeros por día que pueden ingresar a la Argentina, y generó malestar entre las compañías, que afirman que la cuestión puede generar que más empresas dejen el país, como sucedió hace un tiempo con la chilena Latam.

 

Hace unos días, la Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA), que nuclea a las firmas que operan en el país, emitió un duro documento donde alertó sobre lo delicado de la situación del sector, y recordó que las empresas Emirates, Air New Zealand, Qatar y Latam “ya dejaron de operar en el país”, y otras nueve suspendieron sus operaciones por los cierres de fronteras.