Por: Federico Cedarri

El desenvolvimiento de la campaña de vacunación contra el covid-19 parece entrecruzarse con las escaramuzas políticas que detenta la marcha apresurada de la campaña política, con el aditamento de que el oficialista Frente de Todos ha puesto la inoculación como uno de los puntales centrales de su oferta electoral.

Par el desarrollo de este plan electoral el gobernador Axel Kicillof obsequió a la causa una de sus espadas más preciadas en el manejo de la pandemia para integrar  la lista de diputados nacionales con la intención de visibilizar el trajinar en su función del ex titular de Salud y hoy candidato, Daniel Gollán.

En ese sentido, desde la oposición también buscan la posibilidad de atacar ese flanco, tan sensible para la población en general conjuntamente con la situación económica, poniendo el acento más en las carencias que se ha presentado en la campaña de vacunación que en las virtudes que esgrimirá el oficialismo.

Desde el espacio de Juntos por el Cambio presentaron una Declaración en el Senado bonaerense en la cual solicitan que se le otorgue carácter de prioritaria, excepcional e inmediata a la vacunación contra el covid19 de las personas privadas de su libertad que se encuentren alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario bonaerense, del Ministerio de Seguridad y en cualquier otro lugar de encierro de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires.

La presentación, elevada para análisis de sus pares por la titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, la lilita Elisa Carca, argumenta que desde el espacio de análisis que preside se ha tomado conocimiento que la justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ha fallado en grado de apelación a favor de un Amparo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria quien requirió la vacunación de las personas privadas de la libertad dado su alto grado de vulnerabilidad respecto de la población en general.

La iniciativa cambiemista,  acompañada con la firma del pleno del bloque que preside es escobarense Roberto Costa, determina en su articulado que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires debe proceder en forma inmediata y sin dilación a inocular contra el covid a todas las personas que cumplan una condena.

Además,  determina  que el incumplimiento de tal mandato por parte de los funcionarios públicos, constituirá una falta grave del responsable de área, debiendo llevarse adelante el sumario administrativo correspondiente, que será considerado un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal.

En diálogo con PDS la senadora de la Coalición Cívica nos explicó que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del covid 19, “los Estados deben prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo".

Presentación en sintonía con la Comisión de la Memoria

En ese sentido, la legisladora cambiemista planteó que el pedido de la Comisión Provincial por la Memoria "reconocía también que las personas privadas de su libertad no se encontraban en condiciones de inscribirse y asistir sin más al turno asignado en el plan de vacunación”.

Y que incluso, “existieron casos de personas detenidas que pudieron gestionar la pre-inscripción y la asignación de turno, pero no se consiguieron ni la autorización ni el traslado por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense a la posta de vacunación asignada".