sábado 21 de junio de 2025 - Edición Nº2390

Gremiales | 8 jul 2021

SEGURIDAD SOCIAL

En medio de las versiones de una reforma sanitaria, confirman medida clave para proteger a obras sociales sindicales

El gobierno nacional confirmó que se limitará la libre elección de estas entidades, una medida pedida por la CGT para evitar el desfinanciamiento del sector. La decisión se toma cuando siguen las presiones por la idea de transformar el sistema de salud.


Por: Diego Lanese

La posible reforma del sistema de salud, que promueve un sector del gobierno nacional desde inicios de año, volvió a cobrar importancia en medio de la disputa con las prepagas por el aumento de las cuotas. El sector privado viene presionando por una suba, para poder paliar entre otras cosas la paritaria del gremio de la Sanidad, la cual está suspendida por la conciliación obligatoria. En este contexto, se conoció esta emana una medida muy reclamada por los gremios, que protege a sus obras sociales, y que marca un paso contrario respecto delo borrador que circuló con los cambios en el sistema de salud. Por decreto, el Ministerio de Salud decidió poner límite al traspaso entre entidades, lo que intenta evitar el desfinanciamiento del sector. La decisión fue celebrada entre la dirigencia sindical, que había advertido sobre una avanzada de los sectores vinculados a la reforma respecto de este tema.

 

Publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Decreto 438/2021 estableció un límite en el traspaso de afiliados en la seguridad social, lo que protege a las entidades sindicales, en especial las más chicas. A partir de ahora, quienes inicien un vínculo laboral “deberán mantener durante al menos un año la prestadora médica de su actividad antes de disponer de la opción de cambio”. En el nuevo decreto, al que tuvo acceso Política del Sur, se indica que los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral “deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.

 

Las modificaciones al sistema fueron publicadas en la norma firmada por el presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y de la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Allí se indica también que “la opción de cambio podrá ejercerse solo una vez al año y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud”. En tanto, ese derecho “deberá ejercerse de manera individual y personal por el interesado a través de las modalidades dispuestas” por la Superintendencia de Servicios de Salud. Asimismo, “el derecho de opción deberá hacerlo con todos los beneficiarios comprendidos o todas las beneficiarias comprendidas en el artículo 9º de la Ley Nº 23.660 y en las condiciones en él establecidas”.

 

Los cambios anunciados por el decreto generaron alarma entre las prepagas, que se ven beneficiadas por los cambios de afiliados, pero también entre quienes promueven una reforma del sistema de salud, y están vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es que el borrador que la Fundación Soberanía Sanitaria hizo circular en enero pasado, la entidad vinculadas al viceministro de Salud provincial Nicolás Kreplak establece la necesidad de la “libre elección” como base del nuevo sistema, incluyendo las prepagas.

Leer más: Un sector del gobierno va por la reforma del sistema de salud y los gremios asumen posturas divididas

 

Desde el sector privado, pusieron reparos respecto de la decisión del gobierno, y así reaccionaron en medio de la disputa respecto de los aumentos reclamados. “La medida afecta a los ingreso pero no de forma muy significativa. Restringe más los derechos de las personas que al sistema porque les impide elegir en el momento de incorporarse a una empresa donde usar sus fondos, que son de su propiedad. Hace tiempo se reconoció que las personas son dueñas de sus aportes, que se consideran salarios diferidos porque provienen de su relación laboral y, por más que sea un aporte patronal es parte de su sueldo”, destacó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada (CEMPRA). “Este derecho hace más eficiente al sistema porque le da libertad a la persona de irse a otro lado si no está conforme. Es una forma de establecer competencia, de tratar de mejorar las condiciones de la obra social para evitar el éxodo de sus afiliados. Mantener a una persona cautiva también perjudica al sistema porque la quita la capacidad de competencia”, agregó Lilloy.

 

La disputa interna en el gobierno por los intentos de reformar el sistema de salud se mantiene, y este gesto de la Casa Rosada agrega un nuevo ingrediente. Si bien el Ministerio de Trabajo decidió dictar la conciliación también para clínicas y sanatorios, que pretendían realizar un corte de prestaciones, sigue haciendo equilibrio entre las pretensiones de los sectores más radicales de la coalición de gobierno, y quienes esperan que pase la pandemia para discutir temas tan sensibles.

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