Por: Federico Cedarri

La problemática que engloba al pago a los organismos multilaterales de créditos internacionales siempre generó en nuestro país una importante dicotomía, transversal a las distintas coyunturas de las que fue testigo la Argentina.

Cuando asomó la democracia allá por fines de 1983 hubo grupos de legisladores ligados a la izquierda y al peronismo que proponían una revisión integral de la deuda externa, y distinguir la porción contraída en términos espurios y la asumida legalmente, incluso el gobierno de Raúl Alfonsín se vio envalentonado por el club de países deudores denominado de Cartagena, porque en esa ciudad colombiana  se llevó a cabo la primer reunión para tomar una posición común en la negociación frente a los países centrales, a cometer cierto desacato y amagar con una moratoria unilateral, medida que posteriormente fue tomada por Perú y mismísimo Brasil.

Aquella tesitura que esbozó el gobierno radical cayó pronto en saco roto  cuando la mayoría de países integrantes sintieron el fatigar de los vencimientos y debieron enjugar sus déficits fiscales con nuevos préstamos que habilitaba  el Fondo Monetario con la contrapartida de políticas de ajuste, como lo representaron el Plan Austral en primera instancia y su émulo Primavera como último recurso del alfonsinismo para afrontar las elecciones de 1989

También a principios de los 90 se dio la paradoja de la irrupción de una metodología acercada por los EEUU, denominada Plan Brady, que era un alto funcionario del gobierno de George Bush padre que proponía un cambio de bonos con facilidades de baja de tasas y nuevos plazos de pago. Algo ilusorio porque la Argentina al dejar de percibir ingresos por privatizaciones quedó envuelta en una economía atada al dólar, poco competitiva y sin recursos para afrontar los vencimientos de aquello bonos que cayeron en default y ocasionaron la eclosión del gobierno aliancista a fines del 2001.

Finalmente en los 2000 con el impulso de los precios de los commodities que privilegiaron a la región latinoamericana, tanto Brasil como Argentina que lucían robustos superávits fiscales producto de la buena perspectiva de los términos del intercambio, cancelaron de la mano de Lula Da Silva y Néstor Kirchner sus deudas con el Fondo Monetario Internacional.

Pero en el último lustro nuevamente el déficit fiscal generado por la falta de una política anti cíclica y por la abrupta baja de los productos exportables llevó al país nuevamente a recurrir al Fondo Monetario durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se contrajo una abultada deuda por casi 55.000 millones de dólares a cambio de un programa de ajuste brutal en las cuentas públicas que lo catapultó a la derrota electoral de 2019.

El fenómeno mundial de la pandemia y el deficiente crecimiento económico que arrastra nuestro país desde hace una década,  ha vuelto a poner en el tapete la disyuntiva de pagar la deudas contraídas o volcar las divisas que el FMI destinará como derecho de giro a  sus países miembros a paliar la situación sanitaria que ha sido devastadora con la economía nacional.

En el gobernante Frente de Todos despuntan posturas disímiles: el presidente Alberto Fernández pugna incansablemente por un acuerdo de facilidades con el Fondo  y para eso brega con denuedo por cosechar el apoyo de las grandes potencias europeas, mientras que sectores ligados a la actual vicepresidenta Cristina Kichner propugna el uso de ese dinero que girará el ente crediticio para afrontar las falencias que hoy atraviesa nuestro país.

Ante esa circunstancia y remarcando la necesidad de priorizar la situación interna por sobre el pago al FMI y al Club de París, el bloque de senadores del Frente de Todos ha tomado partido con la presentación de una Declaración que consigna que se destinen los fondos que le corresponden a la Argentina -estimados en 4.350 millones de dólares como consecuencia de la próxima emisión de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional- para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas que nuestra sociedad enfrenta como consecuencia de la pandemia de COVID 19.

La presentación hace hincapié en volcar esos recursos especialmente al mejoramiento del sistema de salud, la reducción de la pobreza, la educación, la vivienda, la generación de trabajo, impulso a las PyME para generación de trabajo, con un criterio distributivo y federal, y no se empleen para el pago de la deuda por capital, intereses o gastos que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que, en ambos casos, se encuentran en vías de negociación.

El proyecto ingresado en el Senado lleva la firma del senador Francisco “Paco” Durañona, que en diálogo con PDS emparentó la propuesta “con el que fue aprobado recientemente en el Senado nacional respecto al destino de los fondos que el FMI pondrá a disposición en Agosto para afrontar la pandemia”.

El legislador provincial hizo una salvedad: “Le agregamos un aspecto fundamental, desde nuestro lugar de legisladores,  que sean garantizados y distribuidos de acuerdo a las necesidades que afectan nuestra población a partir del impacto del covid y que el mismo se base en un criterio equitativa y federal”.

“También proponemos- continuó Durañona- que se utilicen los recursos para combatir el flagelo de la pobreza y la desigualdad que generó la pandemia, y que por ahora esa cuestión se enmarque como prioritaria antes que afrontar pagos a los organismos de crédito y Club de París”.