Por: Diego Lanese

A través de la resolución 4/2021, publicada esta semana en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Trabajo Claudio Moroni, se formalizó el acuerdo alcanzado por los gremios y las cámaras empresarias para aumentar en un 35 por ciento en salario mínimo, vital y móvil. La disposición oficial establece que, a partir del 1° de abril, el monto a percibir será de 23.544 pesos para todos los “trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo”. Luego habrá seis aumentos más hasta llevar el ingreso a 29.160 pesos en febrero del 2022. El acuerdo contó con el aval de la CGT, la CTA de los Trabajadores y las cámaras patronales, la segunda vez que hay acuerdo desde que Alberto Fernández es presidente. Pero la fuerte crisis económica, que hizo retroceder los salarios producto de la inflación, hizo que el incremento quede lejos de las canastas de alimentos y servicios, y se ubique en los límites de la línea de pobreza. Por eso, el convenio recibió críticas de diversos sectores, como la CTA Autónoma, que no firmó el dictamen, y otros espacios sindicales. Además, un informe elaborado por el economista Claudio Lozano, integrante de la coalición gobernante, estableció que para recuperar parte de lo perdido, el haber mínimo debería ser de 60 mil pesos, el doble de lo establecido por el actual acuerdo.

Los cuestionamientos al acuerdo sobre el incremento del salario mínimo llegaron en momentos que los niveles de inflación crecieron notablemente, y amenazan en superar muy rápidos los proyectados por el presupuesto nacional. Por eso, la suba en seis veces del 35 por ciento no conformó a algunos sectores. La CTA Autónoma, que volvió a participar de la reunión del Consejo del Salario luego de ser excluida durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri, se abstuvo de votar, y denunció un “mecanismo de discriminación”. Es que ese espacio no fue parte de la mesa de discusión, que hace el acuerdo previo, y sólo se le permitió exponer su postura y votar. “Es una forma de discriminar a quienes tenemos posturas distintas, ya lo hemos denunciado el año pasado, y volvieron a hacerlo, mostrando que buscan un acuerdo sin consenso”, le dijo a Política del Sur un dirigente del espacio. 

Las críticas gremiales no sólo llegaron de afuera de la CGT. Desde adentro, la Intersindical Argentina, que nuclea a varios gremios y agrupaciones que reportan incluso a Azopardo, se quejaron de la decisión de la conducción. “Entendemos que el salario mínimo tiene que estar atado a la canasta básica familiar, no puede ser inferior a la línea de pobreza, tiene que alcanzar para vivir una vida digna a los trabajadores”, dispararon desde este espacio. Ante la consulta de Política del Sur, este grupo, que tiene base en sindicatos de Córdoba y coordina con agrupaciones de trabajadores y jubilados de todo el país, el tema del mínimo “no es de este gobierno, viene desde hace mucho tiempo, el problema es que el valor está distorsionado y desactualizado”. En sus críticas, apuntan a la CGT, que “no supo discutir números acordes a las necesidades, tenemos muchos asalariados cobrando por debajo de la línea de la pobreza, y este tipo de acuerdos no ayuda”. 

No es la primera vez que este grupo alza la voz respecto de la situación de los trabajadores, en un gobierno que dicen apoyar, pero al que le hacen “críticas constructivas”.  En dos ocasiones difundió cartas abierta a Alberto Fernández marcando cuestiones relacionadas a los trabajadores, como el reclamo del mínimo de esta semana. “Durante los cuatro años de gestión del ex presidente Mauricio Macri, el sector más postergado fuimos los trabajadores. Anhelando un necesario cambio de gobierno nacional, nosotros, la clase trabajadora de todo el país fuimos la porción más importante del pueblo, que impulsó la llegada de su gobierno. Apostamos a un gobierno, que se autoproclamó peronista. Pero llegado al poder, observamos que esta misma clase trabajadora que fue postergada por el gobierno macrista, también continúa siendo postergada por su gobierno”, apuntó la intersindical en su último documento, titulado “La clase trabajadora es el sector más postergado en la Argentina”. De manera directa, afirman que “un gobierno peronista, debe cuidar más al trabajador y nunca debe postergarlo, y que debe urgentemente avanzar en la reconversión de todos los planes sociales y generar las condiciones necesarias para que se transformen en trabajo genuino”.

En cuanto al valor del aumento, un reciente estudio firmado por el economista Claudio Lozano, líder de Unidad Popular –partido que ratificó hace pocos días su pertenencia al Frente de Todos –establece que para recuperar lo perdido en este tiempo, se debe duplicar los casi 30 mil pesos de febrero del 2022, y llevarlo este año a 60 mil pesos. A través del  Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas hrealizó este trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, donde afirma que “teniendo en cuenta la información correspondiente a una encuesta de gasto de los hogares realizada para los años 96 y 97, así como también la última, realizada para el período 2004/2005 y en base a esa información podemos arribar al hecho de que para un trabajador sin carga de familia, el valor del salario en bolsillo, es decir el salario neto, tendría que estar en 49.865 pesos, lo cual, en términos de salario bruto, es decir, agregando los aportes personales a la seguridad social implicaría un salario de 60.078 pesos”.

“Esta es una primera referencia a tener, hecha sobre la base de encuestas que tiene ya cierto retraso, pero que nos marca una primera referencia al tiempo que también nos dice que se persiste en un modo de funcionamiento en el cual no se cumple con la norma”, destacó el informe de Lozano. La norma que creó el Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad, recordó, “estableció que debía llevarse adelante a través de ese organismo, una encuesta que permita fijar cuál es la referencia el valor al cual debe arribarse la decisión sobre el salario mínimo en base a una evidencia objetiva respecto al gasto que en términos necesarios, en materia de bienes y servicios tiene que llevar adelante un trabajador soltero sin carga de familia”.