Un indignante caso de abuso sexual tuvo lugar este fin de semana en la localidad de Longchamps, donde los efectivos de la Comisaría 4° del partido de Almirante Brown detuvieron a un jubilado y su esposa, acusados de violar a su nieta de 7 años en la casa donde vivían. La pareja habría sido denunciada por un familiar que manifestó el aberrante hecho y la nena habría reconocido lo ocurrido en cámara gesell.

Fuentes policiales informaron a Política del Sur que la víctima y sus hermanas de 2 y 4 años fueron llevadas a un orfanato, mientras que el hombre quedó tras las rejas. Por su parte, la mujer fue beneficiada con la prisión domiciliaria a raíz de un problema de salud.

Según indicaron a este medio, la pareja quedó a cargo de las menores luego de la detención de los padres, que continúan presos.  

La UFI 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora especializada en delitos sexuales, conexa a trata de personas y delitos informáticos ordenó este sábado 1 de mayo el allanamiento y la aprehensión de los procesados, identificados como Juan Carlos Torres (74) y Bienvenida Cayetana Pedrozo (63). 

Personal de la Comisaría de Longchamps, junto a efectivos de la seccional de Rafael Calzada, llevaron a cabo el operativo con el aval de la jueza del Juzgado de Garantías 5, Marisa Salvo. No obstante, horas más tarde dispusieron que la mujer cumpla arresto domiciliario en su vivienda por una discapacidad que padecería.

Tal como ordenó la Justicia, los uniformados incautaron una tijera color plateada que sería utilizada por la mujer para amenazar a las nenas y un teléfono celular marca Samsung que se encontraba sobre la cama del dormitorio principal del matrimonio. De acuerdo a lo informado por una fuente cercana a la causa, los abusadores filmaban y sacaban fotos cuando cometían los abusos. 

La fiscalía a cargo de la investigación caratuló la causa como “abuso sexual con acceso carnal agravado por ser los autores ascendientes de las víctimas y encargado de la educación y/o guarda de los mismos por tratarse de las citadas víctimas menores de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con los mismos y corrupción de menores, agravada por amenazas y por ser los autores ascendientes de las víctimas y conviviente, encargados de la guarda y/o educación de la misma”.