Por: Federico Cedarri

Adquiere notoriedad que a medida que se incrementa la velocidad de los contagios debido a la segunda ola de covid, viene ascendiendo en símil medida la escalada discursiva entre los principales actores políticos que componen la escena pública en la provincia de Buenos Aires.

Han comenzado a aflorar diferencias, que durante el período 2020 y de acuerdo al primer abordaje conjunto que se le dio a la pandemia parecían alojadas en forma subterránea, pero que evidentemente el asomo del año electoral eyectó las buenas formas e impulsó el despliegue de mutuas acusaciones y contrapuntos políticos en forma sostenida.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, hace unos días atrás se refirió en términos extremadamente duros hacia la oposición cambiemista: la acusó literalmente de intentar horadar en forma sistemática la gestión del gobernador Axel Kicillof en lo que pareció ser la campana de largada de la campaña hacia las legislativas del 2021.

Esta virulencia política va in crescendo, por lo que todo hace presumir que el punto de partida del año electoral se presentará convulsionado y cargado de acusaciones y reproches mutuos.

En este sendero, desde la oposición cambiemista del Senado provincial salieron al ruedo con una presentación ante la titular del Cuerpo, Verónica Magario,  para que se proceda a constituir una Bicameral que tenga la función pertinente de juzgar el accionar del defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, en su intervención en la disputa entre Carlos Bianco y al alcalde de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Los legisladores cambiemistas, encabezados por Roberto Costa, le endilgan a Lorenzino un comportamiento distorsivo para con su función,  que desfigura  los límites entre la representación institucional y  lo partidario.

El epicentro que promovió la presentación de este escrito ante la Vicegobernadora provincial, tiene como protagonista central al Jefe de Gabinete de Kicillof que a partir de una publicación que en sus redes sociales realizó el intendente Diego Valenzuela sobre una actividad llevada a cabo en un espacio educativo de  primera infancia y contención de su distrito, derivó en una enérgica reacción de Bianco que exigió el cierre total de los establecimientos educativos del lugar, ya que se encontraba en pleno ejercicio legal el decreto que determinaba las restricciones a clases presenciales en territorio del AMBA.

Ante estas circunstancias es que aparece en escena el Defensor del Pueblo, al solicitarle a Valenzuela en forma perentoria toda la información disponible respectiva a los establecimientos educativos que mantenían sus ámbitos  abiertos en el distrito.

Pero lo que descerrajó la bronca opositora fue la publicación realizada en forma posterior en twitter por Lorenzino informado del requerimiento efectuado al municipio de Tres de Febrero y arrobando en la misma al gobernador Axel Kicillof, a Carlos Bianco, a la ministra de Gobierno, Teresa García, al titular de Justicia, Julio Alak, al ministro de producción Augusto Costa y al ministro y vice de Salud, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak.

En la misiva los senadores cambiemistas piden que se constituya el ámbito de la Legislatura una Comisión Bicameral de seguimiento del Defensor del Pueblo y en ella se ejercite una investigación sobre el accionar de Guido Lorenzino.

En diálogo con PDS, el presidente del espacio opositor en la Cámara Alta, el escobarense Roberto Costa, dejó entrever  una  incompatibilidad entre el cargo que lleva adelante Lorenzino y su eventual militancia política: “Observamos con preocupación que el Defensor del Pueblo manifieste en cada una de sus publicaciones o en sus requerimientos indebidos e improcedentes un notable compromiso con una gran cantidad de funcionarios y funcionarias de la cartera provincial, como si su proceder formara parte de las acciones de gobierno o incluso como si el organismo que él conduce fuera una dependencia más del poder ejecutivo provincial“, manifestó ofuscado.

Los legisladores explican que el Defensor debe garantizar que el funcionamiento del organismo que encabeza no esté sujeto a directrices y mandatos de ningún poder estatal que pueda interferir en su necesaria   independencia”.

“El Defensor no puede ser un apéndice de los poderes de turno ni una extensión de un gobierno, y tampoco bregar por los intereses que puedan tener los circunstanciales funcionarios de turno en la provincia de Buenos Aires”, cuestionó Costa.

También opinó ante PDS el senador de Vicente López, Gabino Tapia, que al hacer expresa referencia al escrito presentado por la bancada cambiemista esgrimió: “La autonomía del ente en el cuál ejerce la titularidad Lorenzino debe guardar una autonomía y objetividad que quedó determinada por el Poder Legislativo en ocasión de votada la normativa que dio nacimiento a la figura de Defensor del pueblo y que determina fehacientemente que cuando esos criterios fallan, la autoridad debe cesar en su cargo”, afirmó rotundamente.

Ante la consulta de este portal, el senador platense del PRO Juan Pablo Allan, explicó que desde el espacio político que integra visualizan en Lorenzino “una clara incompatibilidad entre su cargo y su militancia por lo cual no hace más que comprometer su rol principal que es la defensa de los intereses individuales y colectivos de los habitantes de la provincia”.