Por: Diego Lanese

En la apertura de sesiones del Congreso, le presidente de la Nación Alberto Fernández destacó la inversión en ayuda social que hizo el gobierno durante la pandemia, que incluyó el pago de la tarjeta Alimentar y el IFE (ingreso familiar de emergencia). El desplome de la economía terminó haciendo necesario el pago de ayuda a trabajadores y empresas, y la perspectiva es que sigan a medida que la crisis se mantenga. Ya el año pasado, la situación límite hizo que distintos sectores políticos, sindicales y sociales pidieran que se recupere un viejo proyecto: crear un salario o ingreso universal. La idea de unificar la ayuda atrás de un pago para todos los adultos del país revivió el 2020, motorizado por la CTA Autónoma, cuya bandera levantó durante los 90. Un informe asegura que con tres puntos del PBI se puede lograr esa ayuda.

El ingreso o salario universal es una ayuda destinada a trabajadores desocupados, informales o cuentapropistas, que podrían recibir esta ayuda en lugar de los distintos planes sociales actuales. La crisis por la pandemia volvió a movilizar el pedido, y esta semana la propuesta volvió a ganar visibilidad, a partir de un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que dirige el director del Banco Nación Claudio Lozano. La idea de un salario universal puede completar la propuesta de un acuerdo de precios y salarios, anunciada la semana pasada en la presentación del flamante Consejo Económico y Social, que integran empresarios y gremios.

El trabajo resaltó que con una inversión menos a los 3 puntos del PBI, se puede fijar “un umbral de dignidad en materia de ingresos para nuestra sociedad que garantice una Argentina libre de hambre”. El informe del IPyPP asegura que poniendo en marcha un salario universal se puede generar 4 millones de puestos de trabajo, con una inversión entre el 1,6 y 2,9 del PBI. El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, remarcó que “en el presente contexto de capacidad ociosa y mercado interno deprimido, el principal estímulo para la reactivación es la recuperación de los ingresos populares”. Para eso, se propone un “ingreso básico universal”, que “recupera y profundiza la estrategia del IFE que en su momento desarrollara el gobierno nacional y que, inexplicablemente, en un contexto de agravamiento extremo de la situación social, se eliminara del presupuesto 2021”.

Este instrumento, denominado “salario social de empleo y formación” deberá integrar y superar los actuales programas sociales, como el “Potenciar Trabajo” y “Progresar”, al tiempo que promueva la creación de un “programa de empleo y formación de acceso universal garantizado por la política estatal en articulación con las organizaciones populares”. Para esto, el instituto propone “establecer un piso salarial equivalente al salario mínimo, vital y móvil para todos aquellos que ingresan al mercado de trabajo”.

La idea de un salario universal no es nueva, y es parte de la plataforma social y económica que creó en su fundación la CTA, de la cual Lozano fue fundador. En los 90, la central que reunió a la dirigencia sindical que enfrentó al neoliberalismo y la complicidad de la CGT tenía este instrumento como bandera. Ahora, la CTA Autónoma, una de las fracciones resultantes de la fractura de la central obrera, busca instalar el tema. “Se requiere de un nuevo dispositivo de política pública que intervenga sobre la situación social y laboral”, sostuvo Lozano en recientes declaraciones periodísticas. El economista consideró que el acuerdo de precios y salarios en debate “requiere entonces como complemento indispensable la creación de dos instrumentos de política pública que intervienen definidamente universalizando ingresos en el conjunto de la población en situación de informalidad y desempleo”.

En cuanto a los recursos necesarios para dar este paso, el IPyPP sostiene que “con una inversión adicional de como máximo el 2,9 por ciento del PBI se puede garantizar la inclusión de más de 4 millones de personas en un Programa de Empleo y Formación y es posible sostener ingresos que hagan factible una Argentina libre de hambre”. El informe destaca que con este instrumento se puede “fijar un umbral de dignidad en materia de ingresos para nuestra sociedad que garantice una Argentina libre de hambre; conformar un programa de empleo de acceso universal garantizado que articule mano de obra con la ejecución de políticas públicas destinadas a la restitución de derechos sociales; sostener una estrategia de formación permanente de la fuerza laboral; activar la demanda en el mercado interno para poner en marcha la utilización de la capacidad ociosa y recuperar la actividad económica”.