Por: Diego Lanese

Los pronósticos del impacto que el coronavirus tendrá en la economía global hablan de una verdadera catástrofe, incluso superior a una guerra mundial o la gran depresión de los años 30, aunque los especialistas afirman que recién salido de la crisis se sabrá la verdadera dimensión del daño. En el país, los intentos del estado en contener la situación social y laboral fueron efectivos en una primera etapa, pero con el correr del tiempo se empieza a pensar en salir de la etapa de contención, y pensar en avanzar en otras políticas, vinculadas con el modelo económico pensado por el gobierno. Un buen termómetro de cómo se piensa esta post pandemia es el presupuesto 2021, que se cree será el año donde se termine de dar vuelta la página de esta historia. Si bien los detalles de los números que proyectan desde la Casa Rosada se están conociendo de apoyo, un grupo de gremios y organizaciones sociales alertaron de algunos recortes, y criticaron lo que consideran cierta injerencia del FMI, con quien se negocia un acuerdo por la deuda tomada durante la gestión de Mauricio Macri.

Este grupo viene trabajando en una “agenda social” para salir de la pandemia, con temas como el salario universal como emblema. Se trata de sindicatos que forman la CTA Autónoma, o movimientos sociales que en algunos casos forman el gobierno, pero que mantiene la mirada crítica respecto a las últimas medidas. Este colectivo ya se pronunció públicamente el 1° de mayo pasado, donde elaboró un documento bajo el título “Manifiesto Nacional por la Soberanía el Trabajo y la Producción”, que buscó imponer algunas de sus ideas respecto a la situación del país. La semana pasada, aprovechando el Día de la Soberanía, realizó un acto donde marcó su disidencia con algunas medidas pensadas para este tiempo.

“En el Día de la Soberanía Nacional, concurrimos junto a más de 100 organizaciones que forman parte del manifiesto con el firme propósito de marcar un posicionamiento del campo popular en defensa de resguardar los derechos de los trabajadores”, destacó el secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Capital Federal, José “Pepe” Peralta. El dirigente le dijo a Política del Sur que en este momento “dónde se está discutiendo cómo hacer frente a la enorme deuda fraudulenta que nos dejó el gobierno anterior, decimos que no tiene que ser con ajuste hacía los sectores más necesitados”. Peralta se refiere a las críticas que hacen varios sectores a los números del presupuesto, que hablan de algunos recortes de las políticas sociales que se impusieron en la pandemia, y que serían condición del FMI que desaparezcan para el próximo año.

El grupo de gremios y sindicatos cuenta con varios sectores de importancia, como la mencionada CTA Autónoma y todos sus gremios –con ATE a la cabeza –además de la Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid, que se fue de la conducción de la CGT hace un tiempo y hoy trabaja cerca de este colectivo. En el acto de la semana pasada se leyó un documento titulado “Militancia popular y Soberanía nacional: condiciones indispensables para una Patria Emancipada”, donde marcan acuerdos y diferencias con el gobierno nacional. En este sentido, el texto, al que tuvo acceso Política del Sur, destaca que el gobierno “puso en marcha medidas acertadas que de no haber existido la situación sería mucho más grave, pero la crudeza social revela todavía lo insuficiente de tal asistencia”.

“Se agrava por el abandono de la discusión acerca del salario universal, como trabajo garantizado, y la no incorporación en el presupuesto del Ingreso Familiar de Emergencia y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) lo cual es imperiosa su reinstalación”, afirmaron. Por esto, se reafirmó “la necesidad de garantizar un piso de ingreso, para hacer la post pandemia en condiciones de justicia social”. Ante esto, el manifiesto exigió “una convocatoria al diálogo entre la totalidad de la representación del Pueblo ya que vemos con preocupación el lugar destacado que los grupos económicos concentrados adquieren en el Consejo Económico Social que lleva adelante el gobierno”. “Ante este escenario, repudiamos la deuda que generaron el anterior gobierno y el Fondo Monetario Internacional otorgando un crédito con el fin de mantener la fuga de capitales y fundamentalmente condicionar al actual gobierno. La misión del FMI está discutiendo su refinanciación sin que se pueda denunciar las enormes irregularidades que incitaron estos dos sectores”, agregaron las organizaciones.