Por: Federico Cedarri

La oposición parlamentaria de Juntos por el Cambio vuelve a instalar un tema espinoso en lo que podría considerarse la extinción de la tegua por la pandemia y el arranque preliminar de la campaña política con vista a la renovación parlamentaria de 2021.

Y en el torbellino que desatará la negociación por el Presupuesto y Ley Impositiva 2021, la bancada cambiemista del Senado intenta introducir subrepticiamente en el temario de la próxima sesión esta propuesta de raigambre criolla de ficha limpia,  que emula a la normativa que en Brasil le bloqueó el camino a Lula Da Silva en su intento por buscar una nueva presidencia.

El Senado se ha convertido en un verdadero bastión para la oposición que opera como plataforma de lanzamiento de propuestas con fuerte predicamento en la opinión pública.

En rigor, la comisión de Reforma Política que preside el senador Gabino Tapia, de buenos vínculos con Jorge Macri, emitió despacho de mayoría a un proyecto del radical Leandro Blanco que propone la modificación del Decreto Ley de la Orgánica de los partidos políticos y agrupaciones municipales, en su artículo 30º, a fin de incorporar la prohibición para acceder a cargos partidarios a las personas condenadas a penas privativas de la libertad, que cuenten con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia, aun cuando la misma se encontrare recurrida y hasta su revocación posterior o por el efectivo cumplimiento de la pena.

Gabino Tapia, confirmó a PDS que el peronismo no acompañó la iniciativa y votó en forma negativa a la hora de cosechar adhesiones a la propuesta opositora.

Los senadores opositores destacan que la realidad de la política argentina requiere de adaptaciones dinámicas frente a situaciones particulares que impregnan la vida democrática: “La sociedad ha observado crecientes comportamientos delictivos en la clase política que en la mayoría de los casos no han representado un impedimento para seguir accediendo a cargos electivos, sino incluso una motivación para poder respaldarse en los fueros que dichos cargos ofrecen, desnaturalizando la función tuitiva de los mismos”, argumentó el senador Leandro Blanco a PDS.

Reiteró que el proyecto prohíbe el acceso a cargos electivos y partidarios de personas que tengan “una sentencia condenatoria en segunda instancia por delitos cometidos en contra de la Administración Pública, el orden Económico y Financiero, contra la vida y la integridad sexual, todos delitos contemplados en el Código Penal”.

El radical dejó sentada la posición de la bancada que integra frente a ilícitos de esa naturaleza: “Venimos a dar respuestas a una demanda ciudadana de  mayor transparencia, y garantizar que se cumpla con la idoneidad moral que requiere el acceso a un cargo público y que está previsto en la Constitución Nacional”, enfatizó el chivilcoyano.

También blanqueó la intención política de que esta  propuesta “se trate en la próxima sesión del Cuerpo,  antes de la finalización del período ordinario y somos optimistas en que pueda obtener su aprobación”.

“Naturalmente- continuó-esto ha sido la causa de diferentes reclamos por parte del electorado que busca una respuesta en sus representantes, por tanto, es nuestro deber diseñar políticas que permitan brindarle desde momentos primigenios transparencia a la selección de candidatos”.

En síntesis, señaló que se busca institucionalizar a través de la cristalización de normas un piso mínimo de referencia sobre las personas que pueden ser elegidas.

El proyecto especifica que sean los partidos políticos y las alianzas transitorias constituidas a los fines de participar en elecciones primarias, así como en elecciones generales, las que modifiquen sus cartas orgánicas, actas constitutivas y reglamentos: “Esto servirá de reaseguro para que aquellas personas que pretendan postularse a cargos públicos electivos no se encuentren alcanzadas por los supuestos establecidos por la norma”, concluyó Blanco.