Por: Diego Lanese

En plena pandemia, los trabajadores de la firma Dánica en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, tuvieron que acampar frente a la planta, en el marco de un conflicto laboral por el despido de dos trabajadores y la paralización de la producción, un claro “lock-out” patronal. Algo similar tuvieron que enfrentar los empleados de La Salteña, en el Parque Industrial de Burzaco, en su caso para que la patronal cumpla con los protocolos sanitarios, ante un brote de casos de coronavirus. Ambos ejemplos muestran como el aislamiento social no frenó los conflictos laborales, todo lo contrario, en muchos casos los potenciaron con nuevas problemáticas para los asalariados. A casi ocho meses del inicio de la crisis, un balance de la conflictividad muestra un “agravamiento” de la situación de los trabajadores, con algunos conflictos todavía sin resolver.

Si bien al principio de la pandemia el aislamiento y la paralización de casi todas las actividades congeló la conflictividad laboral, la apertura fue generando tensión en diversos sectores. Así, “la conflictividad laboral fue incrementando su intensidad al tiempo que los problemas de los y las trabajadoras se fueron agravando”, según destacó un trabajo del Observatorio del derecho Social, que compiló los principales conflictos que se dieron en estos casi ocho meses de cuarentena. “Si en un comienzo las acciones giraron en torno a medidas de baja intensidad, como denuncias y acciones comunicacionales, poco a poco, frente a los incumplimientos patronales empezaron a proliferar paros, acampes, protestas, movilizaciones y piquetes”, remarcó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

Una de las primeras formas de conflicto fueron las demandas de cumplimiento de cuidados para evitar contagios en el ámbito laboral. Luego, dieron lugar las protestas para enfrentar despidos o descuentos salariales, y en una tercera instancia llegaron los pedidos de recomposición salarial. “Estos conflictos ocurren en un marco donde la posibilidad de realizar acciones se encuentra limitada por distintos factores”, afirmó el observatorio, que pertenece a la CTA Autónoma. Además, limitó la protesta sindical “la disgregación que provoca la situación de teletrabajo en distintos sectores y les trabajadores que se encuentran licenciados por ser personas de riesgo”.

Como variantes de la conflictividad en pandemia, el observatorio observó que algunas empresas “han recurrido a otras modalidades de recortes parciales que impactan principalmente sobre el salario, recurriendo para ello a suspensiones, pago de salarios en cuotas, recortes salariales sin argumento o argumentando quitas por presentismo, premios de productividad, deuda completa de los salarios”. En algunos casos pararon la producción, como sucedió en Dánica, donde cerraron las puertas de la planta por varios días, ante la negativa de los trabajadores de cambiar de convenio colectivo.

En la región, además de lo sucedido en La Salteña o Dánica hubo varios conflictos durante la pandemia. Sucedió en distintos sectores, como en el transporte, la industria y los servicios. A nivel nacional, el informe del Observatorio del Derecho Social nombró varios de estos, como los que sucedieron en el transporte de pasajeros (Ersa en la provincia de Corrientes, Grin Scooters, Via Bariloche, Terminal Salta, KoKo), en actividades ligadas al comercio (cadena de kioscos Mc Kio, Supermercado el Tunel, Supermax, Famacity), a la gastronomía (Gate Gourmet, Mostaza, KFC, Restaurant Oviedo, Flykitchen, Tea Connections), a la energía y construcción (YPF, Techint, Obing y Pecan, Neltec Camiletti, Ice Ingeniería), al servicio de salud (SAME La Plata, hospital Bariloche).

Al principio del aislamiento, entre los meses de marzo y agosto último, el nivel de conflictividad laboral registró en promedio una reducción del 33,5 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado, según estimó el flamante ICL (Índice de Conflictividad Laboral) elaborado por el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Di Tella. Pero a partir de ese momento, la apertura y la crisis potenció los reclamos. Así, “durante los meses de agosto y septiembre se intensificaron las medidas de fuerza mediante paros, bloqueos, piquetes, acampes entre otras acciones tendientes a revertir despidos decididos por las patronales bajo distintas modalidades a fin de sortear la prohibición todavía vigente para adoptar este tipo de medidas”, concluyó la entidad de la CTA Autónoma.