Por: Federico Cedarri

La masividad en la toma de tierras en el ámbito bonaerense y concretamente las posibilidades de contrarrestar este flagelo que se expande cada día, va encontrando receptarios en el Parlamento provincial que pugnan por efectivizar mediante presentaciones en los Cuerpos propuestas que se materialicen una solución específica.

En este caso referimos a una iniciativa con origen en el bloque  pan peronista  Fé,  espacio con reminiscencias del legado fallecido dirigente rural Gerónimo “Momo” Venegas.

La titular del monobloque, Natalia Sánchez Jauregui, propone una modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, por la cual se  otorgará potestad a fiscales y jueces para resolver en un plazo perentorio, mediante una cautelar, una situación de usurpación de tierras e inmuebles.

La iniciativa, determina que la solicitud de desalojo deberá ser resuelta dentro del término de diez (10) días, disponiéndose provisionalmente la inmediata restitución de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invocado por el peticionante fuera verosímil.

El diálogo con PDS, la legisladora resaltó que lo que se busca con esta propuesta es propender un cambio en la facultad que tienen fiscales y jueces durante el curso del proceso: “perseguimos que se disponga de manera previsional, mediante la presentación de una cautelar, otorgar el inmueble  a su dueño hasta la sentencia definitiva, de manera que el usurpador este fuera mediante se lleva adelante el proceso”.

Ergo, la iniciativa de Sánchez Jauregui pretende sustancialmente que lo que hasta este momento es una facultad de los jueces y fiscales se convierta en una obligación: “buscamos que adquiera ese carácter por lo cual el fiscal deberá promover la devolución, el juez deberá expedirse durante los diez días sucesorios  y proceder a restituir  o no  el bien al propietario despojado”, desarrolló.

En rigor, que la cobertura del tiempo en que transcurre el proceso, que en ocasiones perdura durante meses o años, el propietario tenga el uso del inmueble y sea  despojado el presunto usurpador.

La diputada insistió en la premisa de convertir lo que en la actualidad adquiere rango de facultad “en una obligación”.

Si bien reconoce que la usurpación de tierras representa uno de los delitos que registra un aumento constante en la Provincia, también entiende  que el creciente déficit habitacional genera parte de ese incremento: “ante la falta de un lugar físico donde establecerse, por parte de un creciente número de personas y el consiguiente crecimiento del mercado informal e ilegal de tierras, han comenzado a quedar al descubierto niveles de organización ciertamente inquietantes”.

Advirtió que ésta problemática “genera preocupación en los legítimos poseedores o tenedores, quienes ven amenazados sus derechos ante la posibilidad cierta y concreta de la usurpación de sus inmuebles”.

Sánchez Jauregui se alineo sin retaceos en la defensa de la propiedad privada: “sin seguridad jurídica, no habrá progreso ni desarrollo económico-social que redunde en beneficio de todos los bonaerenses”.

La diputada destacó que comprende la urgencia de resolver este tipo de cuestiones y aseguró a este portal que por tal motivo han pedido el tratamiento Sobre Tablas de este expediente durante la próxima sesión del jueves 16 de octubre: “depende de la buena voluntad de los bloques mayoritarios de Todos y Juntos por el Cambio, ya que necesitamos una mayoría agravada de dos tercios para darle media sanción.

“La pelota está de su lado”, graficó.

"Nosotros hemos hecho esta contribución- continuó- y vamos a seguir bregando porque entre el presunto usurpador y el titular dominial, se lo privilegie a éste último durante el curso del proceso”.

Hizo la salvedad que el proyecto no tiene vinculación con las cuestiones civiles, como por ejemplo la usurpación de propiedades en estado de abandono.

Aclaró que la propuesta solamente se circunscribe a las cuestiones penales para agilizar durante el curso del proceso la devolución de carácter cautelar al legítimo propietario.

En ese sentido, la legisladora entendió que una medida de este tipo constituiría un freno eficaz a las tomas de tierras: “precisamente estamos ante usurpaciones de carácter masivo, y frente a ello nuestra iniciativa nos parece un remedio procesal útil y rápido para poder conjurar esta problemática”.

Aprovechó la ocasión para requerirle a la ciudadanía que se exprese en las redes a favor de este tipo de normativas: “si hay agravios a los propietarios que hoy tiene una grave perjuicio en sus derechos, es importante peticionar ante las autoridades ya que la propia Constitución lo recepta”.

Fue concluyente al respecto: “se debe y se puede hacer, es una responsabilidad de todos como ciudadanos”.