Por: Diego Lanese

La conducción de la CGT, ratificada oficialmente hasta febrero del 2021 por la imposibilidad de realizar elecciones por la pandemia, quiere darle al presidente Alberto Fernández su 17 de octubre. Así lo ratificaron esta semana, en un encuentro de la mesa chica de la central obrera, que adelantó que buscará realizar una manifestación cuando se conmemore la fecha más importante del peronismo: el Día de la Lealtad. En tiempos de cuarentena, las constantes marchas opositoras hicieron que muchos integrantes del Frente de Todos pensaran –y pidieran –romper el aislamiento, y los gremios lo hacen en primer lugar. Esta decisión es parte del delicado equilibrio que hace la dirigencia en su relación con el gobierno nacional, al que apoya abiertamente, aunque hay sobresaltos en algunos temas. La jornada buscará devolverle el poder de movilización al oficialismo, que por los desacuerdos salariales pierde consenso en algunos sectores sindicales, como los vinculados a los estatales.

La decisión de marchar el 17 de octubre fue adelantada por Héctor Daer, co-conductor de la CGT, que quiere que el presidente esté presencialmente en la jornada. La idea es festejar el Día de la Lealtad con un acto donde se muestre el apoyo de los gremios al gobierno, y combine la virtualidad que rige ahora con la presencia de la cúpula sindical y del oficialismo. En Azopardo afirman que el salón Felipe Vallese de la entidad “tiene capacidad para más de 200 personas”, por lo cual se puede hacer un acto con muchos dirigentes con distanciamiento. Además, la idea es que de forma virtual estén presentes gobernadores, legisladores, intendentes y trabajadores.

La muestra de respaldo se da en momento que la conducción cegetista negocia con el gobierno algunas cuestiones claves para la entidad, comenzando con la reforma de las obras sociales. Como adelantó Política del Sur, la idea es aumentar el aporte de trabajadores y empresas a las entidades sanitarias, para salvar los problemas de financiamiento que hay, que se potenciaron con la pandemia. La propuesta fue presentada al Ministerio de Salud nacional, que dio el visto bueno, y ahora espera la decisión final de la Casa Rosada. En los últimos tiempos, hubo cierto malestar entre algunos dirigentes, que reclamaron más protagonismo de los gremios en las decisiones del gobierno. La falta de avance de algunas paritarias molestó en la central obrera, aunque se admite la difícil situación que atraviesa el país. En ese equilibrio, la marcha del 17 puede funcionar como catalizador del respaldo, hoy difuso en algunos sectores.

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En tanto, al gobierno le preocupa que algunos efectos de la crisis que genera la pandemia creen conflictos con algunos sectores del gremialismo. El caso emblemático de esta situación es la paritaria estatal, que sigue sin resolverse, y comienza a ser una piedra en el zapato del ejecutivo. Esta semana se reanudó la discusión, con un encuentro donde hubo una oferta del 15 por ciento en cuatro cuotas, que los gremios rechazaron. El enojo de la dirigencia de ATE y UPCN no se disimuló, ya que esperaban algo más cercano a sus pretensiones. “Fue bastante molesto ir a una reunión y encontrase con esos números”, le dijo a Política del Sur una fuente del sector.  En la previa, los dirigentes tenían una oferta informal sobre la mesa: suba del 20 por ciento en cuotas e incorporar el bono de 4 mil pesos al básico. “pensamos que esa era la oferta de piso, pero fue mucho peor. Fue una desilusión”, agregó la fuente del sector.

La pérdida del poder adquisitivo de los estatales fue denunciada en su momento por el gremio ATE al entonces candidato Alberto Fernández, que en campaña se comprometió a recuperar lo perdido durante el macrismo, además de reincorporar a los despedidos de la anterior gestión. Si lo segundo se cumplió a cuentagotas, lo primero está muy lejos de cumplirse. Según el último informe de la junta interna de ATE-INDEC, “una gran parte del personal perdió al menos más de 510 mil pesos entre noviembre de 2015 y agosto de 2020”. “A agosto de 2020 el personal de una categoría Sinep DO perdió 510.302 pesos en ese período”, afirmó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. Además, se agregó que “los salarios utilizados como referencia de diciembre de 2015 (uno de los más bajos del Sinep) deberían ser de 60.608 pesos y no de 33.240 actualizados a abril”.