Por: Federico Cedarri

El Senado bonaerense celebró su cuarta sesión ordinaria bajo la modalidad semipresencial, con la Vicegobernadora Verónica Magario, autoridades de Cámara y titulares de los bloque parlamentarios en el recinto, mientras que el resto de los senadores participaron de la reunión legislativa de manera remota en el marco de la continuidad del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

La Cámara Alta bonaerense dio media sanción a la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley de Víctimas producto del consenso alcanzado en la comisión de Legislación General por senadores de los dos espacios políticos, Frente de Todos y Juntos por el cambio, sumado a los  aportes de familiares, especialistas y magistrados.

Estos insumos colaboraron para la confección de un proyecto superador que en su artículo primero amplía derechos: no sólo incluye la asistencia jurídica, tal como establece la Ley Nacional, sino que garantiza todos los resguardos de las víctimas en materia jurídica, económica y de acompañamiento.

La normativa va en consonancia con el reclamo a la Legislatura del máximo tribunal de justicia bonaerenses: la Corte Suprema. Reconoce y garantizar los derechos de las víctimas de delitos, en especial, al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, tratamiento justo, reparación por los ofensores.

Del igual modo, establece y promueve políticas públicas tendientes a garantizar a las víctimas el ejercicio efectivo de sus derechos, evitando la re victimización y asegurando un acompañamiento efectivo durante el proceso  y en forma posterior al mismo.

Se reconoce como víctimas indirectas a personas del grupo familiar originado  en parentesco sea por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad, por matrimonio, unión convivencial y cualquier otro vínculo afectivo.

Crea dentro del ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el “Observatorio de Víctimas de Delitos” para el desarrollo de las mejores prácticas tendientes a la protección de los beneficiarios de la presente ley. 

Estará integrado ad honorem por víctimas de delitos, asociaciones civiles o fundaciones familiares víctimas de delitos, y por representantes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Senado y Cámara de Diputados, en estos dos últimos casos se conformará con tres legisladores por cada Cámara, respetando la mayoría y la minoría.

Al respecto el senador de Todos, José Luis Pallares, expresó su satisfacción por haber arribado al recinto con un proyecto unificado, también agradeció a las asociaciones y juristas por sus aportes.

Explicó que la normativa votada “representa un cambio de paradigma en la legislación procesal penal de la provincia de Buenos Aires, justamente por la ampliación de los derechos de las víctimas”.

El cambiemista Walter Lanaro resaltó que la normativa mejora sustancialmente la participación de las víctimas en el proceso: “las empodera, dándole el protagonismo que necesitaban”.

Aprovechó la oportunidad para chicanear al oficialismo por los desacuerdos preliminares: “Nosotros siempre defendimos el rol de la victimas, ellos utilizaron artilugios tratando de dilatar o frenar el tratamiento”.

“En el bloque de Juntos por el Cambio no van encontrar nunca una postura favorable a la liberación de presos”, afirmó.

El titular de la comisión de Legislación General, el peronista Francisco “Paco” Durañona refutó  los dichos del senador de Avellaneda: “Siempre tuvimos el apoyo de la titular del Senado y del gobernador bonaerense para  abrir las puertas a la participación ciudadana y alcanzar una ley de consenso, que tuviera como eje central la ampliación de derechos de las víctimas”, replicó.

El Cuerpo refrendó, también por mayoría absoluta, la ley de Asociaciones Civiles y Mutuales que declara de Interés Público Provincial a aquellas instituciones de bajos recursos y  las que estén constituidas como clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento, jardines comunitarios y comunidades migrantes, entre otras.

Constituye un respaldo al trabajo de más de 5.000 instituciones con distintos grados de inconvenientes producto de la situación generada por la irrupción del coronavirus.

Las asociaciones podrán acceder a beneficios tales como tarifa cero en el servicio público de agua, gas ,electricidad, internet y telefonía para las de bajos recursos y pago por consumo real para el resto (mientras dure la emergencia sanitaria provincial); prórroga de plazos para presentar la documentación anual; exención del Impuesto Inmobiliario; condonación de deudas documentales; asesoramiento técnico gratuito; la inembargabilidad e inejecutabilidad de los inmuebles de las asociaciones de primer grado; y la eliminación de los gastos para el proceso de constitución de nuevas asociaciones, entre otras cuestiones.

Del mismo modo, una vez concluida la Emergencia, el Poder Ejecutivo puede prorrogar el beneficio de Tarifa Cero de Servicios Públicos para las Asociaciones Civiles.

La norma faculta al Poder Ejecutivo a crear un Fondo Extraordinario de Emergencia para el otorgamiento de subsidios que deben ser necesariamente destinados a adecuar instalaciones de acuerdo a los nuevos protocolos y para solventar gastos. Estos beneficios  puedan tramitarse en los municipios en un intento de descentralización en el facilitar el acceso a los mismos.

El senador peronista Adrián Santarelli puso de relieve la tarea de los dirigentes al frente de estos espacios: “dejan familia y tiempo libre para dedicarse a los clubes de barrio”, comentó.

Y resaltó una característica distintiva de esas instituciones: “son los que contribuyen a la formación como persona”.

“Esta ley cambia el paradigma de asociaciones civiles- señaló el senador oficialista Marcelo Feliu- porque facilita, asesora y genera gratuidad para los trámites administrativo para que se pueda acceder a estos beneficios”

Daniela Reich aseguró que esta propuesta es fruto de aunar criterio a fin de dar respuesta a las asociaciones civiles: “llevamos adelante un trabajo mancomunado en donde dimos respuesta a una demanda concreta y real”.

“Con esta Ley venimos a zanjar una deuda con las instituciones de la provincia de Buenos Aires”, aseguró el senador de Avellaneda, Emanuel González Santalla.

Cuestionó la política económica del gobierno de Mauricio Macri: “tuvo tres políticas claras para nuestras instituciones, tarifazos de luz, gas y agua”, concluyó.

La senadora de Lanús y referente de Néstor Grindetti, Lorena Petrovich, se mostró sorprendida por lo que consideró un discurso virulento de González Santalla y le respondió contundentemente: “hablan así porque son de La Cámpora,  tienen mucho odio”.

Retomó el contrapunto González Santalla y refirió  que nadie en la provincia de Buenos Aires extraña a Vidal, reivindicó al titular del bloque cambiemista  Roberto Costa por su aporte al consenso y fustigó al resto del bloque por poner trabas en el camino de esta iniciativa.

Los senadores votaron la adhesión al programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la provincia de Buenos Aires (PREIMBA), creado en la órbita del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y que posibilitará la distribución de 5000 millones de pesos a los 135 distritos para obras en zonas urbanas, sub urbanas y rurales.

La disposición en la distribución de los recursos se materializará de la siguiente forma: un 50% de acuerdo al coeficiente del Régimen Unificado de Coparticipación (CUD), y el otro 50% según el índice de ingresos de los municipios en 2019.

El lomense Adrián Santarelli celebró la aprobación de este proyecto: “quienes hemos pasamos por la función municipal sabemos de la significancia que adquieren estos fondos para obras de infraestructura”.

Explicó que con estas medidas se busca generar una inmediata reactivación en los distritos por el efecto dinamizador de la obra pública

Posteriormente, se ratificó la declaración de la Emergencia económica, productiva, financiera y fiscal para el sector turístico, que implementa medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad entre las que se destaca: condonación de deudas fiscales, postergación de vencimientos de impuestos y tasas provinciales, rediseño de la agenda de vencimientos y regímenes especiales para el pago de obligaciones impositivas.

“Esta herramienta va a permitir a muchos prestadores del turismo ponerse nuevamente de pié”, auguró la senadora radical Flavia Del Monte.

En la misma línea se manifestó la Senadora de Todos, Ayelén Durán: “Estamos dando instrumentos para afrontar la pandemia al sector, pero tenemos que destacar a un gobierno provincial que le puso el hombro desde el primer día con el fondo de auxilio a pymes”, esgrimió.

El Cuerpo convirtió en ley la obligatoriedad de una capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las autoridades y el personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia de Buenos Aires.

También refrendó la adhesión provincial a la denominada "Ley Silvio"- en reconocimiento al primer trabajador de la salud fallecido por covid-19- y que crea en el ámbito bonaerense un programa de protección al personal sanitario ante la pandemia de coronavirus.

Votó en forma afirmativa el beneficio de gratuidad en el transporte público de pasajeros en todo el territorio bonaerense, para los miembros de fuerzas de seguridad y trabajadores sanitarios, durante la vigencia de la emergencia sanitaria.

Volvió a ponerse a consideración del Cuerpo la remanida propuesta de Juntos por el Cambio de destinar un aporte extraordinario del gobierno provincial para los colegios de gestión privada.

El senador Francisco Durañona lamentó que se siga insistiendo: “es inadmisible que le quieran marcar la agenda a un  Gobernador  que ha obtenido más del 50% de los votos, le quieren imponer un gasto al presupuesto de 500 millones de pesos más”.

“Ya la provincia y la Nación le han habilitado al sector privado de la educación alrededor de 700 millones de pesos en lo que va del año”, completó.

Y fue concluyente: “es palmariamente inconstitucional aprobarlo por mayoría simple, necesitan los dos tercios porque es un cambio presupuestario”.

Le contestó el senador de juntos por el cambio, Juan Pablo Allan, que acentuó las diferencias en cuanto a la interpretación del reglamento: “nuestra voluntad no es que se aumente el presupuesto sino que se le preste atención a la educación de gestión privada”.

Y se mostró convencido de la postura de su bloque: “esta es una ley general, no de una ley especial”.

La iniciativa fue finalmente aprobada por mayoría simple, con el apoyo de la bancada de Juntos por el Cambio, mientras el Frente de Todos se mantuvo en su interpretación de la necesidad de mayoría agravada y votó en forma negativa.

Posteriormente, convirtió en Ley la adhesión de la provincia a la normativa nacional de Parto Humanizado que garantiza respeto a los tiempos de la persona gestante, evita la discriminación y malos tratos, asegura la posibilidad de elegir a la persona que la acompañe durante el proceso y de recibir la información necesaria sobre su propio estado y el del bebé.

Acto seguido, nuevamente se instaló la polémica, ya que el pleno del Cuerpo tomó conocimiento de un decreto rubricado por el gobernador Kicillof que solicita el retiro de los 42 pliegos de jueces ingresados por la anterior administración. Asimismo establece que durante los siguientes 60 días el Poder Ejecutivo procederá al estudio de las ternas propuesta en su momento por el Consejo de la Magistratura,  para posteriormente remitir al Senado los pliegos pertinentes para su análisis.

Pese a la petición del titular del bloque de Todos, Gervasio Bozzano, a la oposición para que revisen su posición, Juntos por el Cambio haciendo uso de la mayoría simple que ostenta en la Cámara rechazó el decreto gubernamental, y respaldó los dictámenes favorables emitidos por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos con destino a la cobertura de  vacantes en el Poder Judicial. 

Mientras los legisladores cambiemista levantaban sus manos para convalidar los pliegos, los senadores de Todos apuraban el paso para abandonar el recinto y dejar en soledad a  sus pares opositores negándose a involucrarse en la ratificación de los expedientes.