Por: Federico Cedarri

La toma de tierras, según rezan los expertos conocedores en la materia, se desenvuelve en el ámbito bonaerense desde tiempos inmemoriales. Pero sin dudas, el actual escenario contaminado con la irrupción del coronavirus, ha venido a ponerle una pizca de acidez al entrecruzamiento político.

La polémica trasciende los ámbitos nacionales y provinciales y como todo punto de agenda de la opinión pública se amplifica,  también ha llegado a las esferas de la legislatura bonaerense.

Habrá que ver qué espacio se le asigna a estos cruces en la sesión de mañana en la Cámara baja provincial, es una constante que al final de la cada reunión parlamentaria, cuando los expedientes expuestos en el sobre tablas u orden del día han transcurrido su periplo, se construye un ámbito puramente político donde los líderes de cada bancada aprovechan la ocasión para mostrar de forma altisonante los puntos de vista de cada agrupamiento, allí el matancero y titular del bloque de Todos, Facundo Tignanelli, cruza armas dialécticas con el referente radical de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad.

El marplatense dejará de lado por un rato la interna radical que por estas horas amenaza con convertirse en una cruenta batalla legal que podría hacer trizas la intención del salvadorismo de  garantizar un apetecible tránsito hacia la sucesión de la titularidad del Comité Provincia.

Las definiciones del partido centenario podrían no resolverse el 11 de octubre, debido a las impugnaciones que miembros de Evolución Radical que se referencia en alcalde de San Isidro, Gustavo Posse realizarán ante la justicia electoral por las desafiliaciones masivas que decidió la mesa provincial que auspicia la candidatura “consensuada” de Maxi Abad.

Volviendo a la toma de tierras, desde el cambiemismo salieron varios intendentes  de ese espacio a exigirle al gobernador Axel Kicillof una definición condenatoria de tales hechos. Tanto el mandatario provincial como la ministra de Seguridad nacional, Sabrina Frederic, opinaron que la cuestión está contenida en una necesidad de vastos sectores de bonaerenses, y que el Estado es quién deberá resolver esta inquietud. La única voz discordante en el oficialismo fue la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que condenó los episodios  y prometió encerrar a quiénes lo propician.

En la legislatura, el vidalista Alex Campbell presentó un proyecto de ley que va en línea con la aureola que la oposición le ha impregnado a esta cuestión y que ha contribuido a unificar  a intendentes y legisladores. La propuesta en concreto determina la limitación de asistencia provincial a personas y organizaciones sociales que participen de la toma de tierras y propiedades.

En síntesis: clausurar todo tipo de beneficios estatales a aquellos que incurren en este tipo de prácticas.

Hay que enfatizar, además, que la justicia tiene ciertos límites ante masividad de las tomas debido a que hasta el 30 de septiembre rige el impedimento para el desalojo de inquilinos y de grupos colectivos por ley votada en mayo en ambas Cámaras y con el voto uniforme de todas las bancadas.

El cambiemismo razona que estas usurpaciones violan los derechos de propiedad,  pero a su vez también quienes toman esas tierras corren el riesgo de vivir de manera precaria, acentuada por la falta de servicios y a merced de los punteros políticos de turno.

Desde el oficialismo legislativo nadie saca los pies del plato y se mantienen dentro de la línea de las definiciones expuestas por Kicillof: el Estado debe resolver una necesidad que se está vituperando con intenciones políticas, repiten como una mantra.

Denuncian la falta de terminación de los planes de vivienda que puso en marcha el gobierno de María Eugenia Vidal, y explican  que la gestión de Axel Kicillof deberá completarlos con la reasignación de partidas de aquellos créditos internacionales que fueron asignados a la anterior gestión y que no fueron utilizados.

Pero desde Juntos por el Cambio redoblan la apuesta y ponen nuevamente el dedo en la llaga al inmiscuirse en otra problemática que ha quedado imbuida por la atmósfera política y es por estos días materia de polémica: la vuelta a clases.

Desde el sector que comanda Maximiliano Abad,  desempolvaron una hoja de ruta de 15 puntos que incluye propuestas concretas para que los niños y niñas bonaerenses vuelvan en forma paulatina a las aulas. Le atribuyen a la cartera educativa provincial una escuálida estrategia en relación a la falta de protocolos concretos  para retomar la presencialidad.

En diálogo con PDS,  el radical Abad lamentó la falta de gestión en el ámbito educativo: “pedimos un punto de vista integral para abordar una cuestión que nos puede traer aparejados problemas importantes en un futuro.

Y fue más allá al alertar: “si no tomamos urgentes medidas que garanticen una continuidad pedagógica consistente, comenzando a debatir criterios que vayan propiciando el escalonado retornando a la presencialidad, corremos el riesgo de estar ante una nueva catástrofe educativo”.

Mañana en Diputados y dentro del  permitido contrapunto político tendremos más precisiones y una imagen concreta del transcurrir de una grieta que parece haberse polarizado nuevamente.