Por: Federico Cedarri

Mientras por estos días continúa la discusión en los ámbitos legislativos y circulan movimientos y estrategias sobre cómo contrarrestar el juego del adversario político, comienzan a trascender intenciones desde sectores del Frente de Todos de plantear una agenda de largo alcance que concatene una serie de importantes reformas con implicancias en el tablero provincial.

En primer término, cabe consignar, como ya esgrimimos en este portal, que Juntos por el Cambio utilizará su mayoría en el Senado para aprobar la mayor cantidad de iniciativas con contenido social y trasladar a la Cámara de Diputados la discusión crucial.

Esta estrategia opositora acicateada por la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, esta semana sumó un nuevo capítulo en el Senado provincial.

En rigor, aprovechando aquella mayoría en los espacios legislativos, logró que se refrende en la Comisión de Salud un proyecto del radical Leandro Blanco, que será debatido en la sesión del 10 de setiembre y que determina la adopción como política de Estado del Uso Racional de Medicamentos en la provincia de Buenos Aires.

Para poder llevar a  cabo esta política, deberá crearse, según consigna la propuesta, una agencia evaluadora de tecnología médica sanitaria con la finalidad de apoyar la toma de decisiones por parte de la administración sanitaria del Estado provincial, efectuando recomendaciones sobre la selección y el uso racional de los medicamentos.

Desde el espacio opositor argumentan que una propuesta de este tipo garantizará el acceso universal a bienes y servicios de salud, al tiempo  que contribuirá en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Hasta aquí los avances y retrocesos usuales del día a día legislativo, pero han comenzado a escucharse voces, susurros, que señalan la posibilidad cada vez más latente de cierta intención del peronismo de avanzar en los próximos meses en reformas trascendentales.

De hecho, el ministro de Justicia, Julio Alak, en su exposición en Diputados ante legisladores de todos los espacios, y en el marco del debate en comisiones de la Ley de Víctimas, había deslizado de forma sutil la necesidad de avanzar en la modificación del Código Procesal Penal como una integralidad de los cambios en la Justicia.

Desde el massismo, el experto en el rubro de aquel espacio, Jorge D’Onofrio, llevó a cabo esta semana un raid mediático en el que instó a poner rápidamente en marcha la Policía Judicial, manda constitucional del año 1994 aún no cristalizada, aunque fue votada por la Legislatura en 2012 bajo la égida de Gabriel Mariotto.

El diputado massista también se sumergió en la discusión de propiciar el debate para una reforma del sistema penitenciario que configure un nuevo diseño adaptado a los nuevos criterios en los que hoy se desenvuelve la situación de  la seguridad.

No se quedó allí, sino que abogó por una reforma en el sistema judicial debido a que, según aseguró, servirá para contrarrestar la discrecionalidad por parte de los jueces.

Pero no queda ahí la cuestión: ya se está pensando en otras reformas de fondo que seguramente traerán un debate caliente debido a las distintas forma de interpretación que se le puede dar de acuerdo a los posicionamiento políticos de rigor.

Hay quienes desde el peronismo pregonan una reformulación de la autonomía de los municipios, darles mejores herramientas y poder de decisión a las intendencias, como una forma de descentralizar el territorio provincial.

Tal cambio exigiría una sustancial modificación a la remanida Ley de Autonomía Municipal.

También se esgrime con fuerza la necesidad de avanzar fuerte con una reforma judicial provincial que emule la que por estos días se discute con gran polémica en el Congreso Nacional y que ha servido para reavivar una grieta que se encontraba en una tregua de brasas desde marzo.

Todos estos cambios, dicen desde el oficialismo, deberían enmarcarse en una nueva modificación de la Constitución provincial que atienda a las necesidades del nuevo siglo, ya que según explican, algunos logros de la reforma del 94 han quedado rezagados por el avance de derechos logrados en los albores del nuevo milenio.

Así las cosas, la Legislatura se convertirá en el próximo tiempo en un eje central de la discusión prolífera de los nuevos marcos normativos que regulen la normalidad post pandemia.