El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó días atrás el presidente Alberto Fernández para declarar “servicios públicos esenciales” a la telefonía celular, Internet y la televisión por cable, y para congelar las tarifas hasta el 31 de diciembre, ya llevó a la práctica el enojo de los grupos empresariales a los que incluye la medida, con el acompañamiento de dirigentes y legisladores de la oposición y hasta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina.

En diálogo con Política del Sur, el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, señaló que “hay una clara sinergia entre lo que plantea la oposición y los intereses de los grupos, pero también hay una fuerte incongruencia: legisladores de la misma oposición que está reclamando esto habían presentado proyectos en el mismo sentido hace un año”.

En esa línea, el exdiputado provincial no subestimó cómo abordan el tema las empresas incluidas en el DNU y los medios de comunicación vinculadas a las mismas, al alertar que “no se puede soslayar el poder mediático de instalación de una agenda negativa o positiva que tienen algunos de los grandes grupos que se verían afectados por esta situación”.

Asimismo, no descartó un boicot de parte de las firmas brindando un servicio aun peor. “El mensaje de ‘vamos a dejar de invertir si esto sigue adelante’ es el que aducen todas las empresas de servicios públicos. El problema es que ya no estaba la inversión. De hecho, a muchos nos pasa que, teniendo abonos de 4G, una cuestión absolutamente básica, tenemos 3G en el Conurbano bonaerense”, sostuvo.

En tanto, se mostró optimista porque “se viene un debate muy interesante en la Cámara de Diputados de la Nación y del Senado, que es la Ley de Competencia”, donde -destacó- “van a estar enmarcadas todas estas situaciones, cuáles son los resortes del Estado justamente para no dejar que esto ocurra”.

En cuanto a las denuncias de los usuarios en la Defensoría, Martello detalló que la mayoría es a raíz de deficiencias en las conexiones a Internet, sobre todo por las actividades que se incrementaron y a las que hubo que adaptarse en el actual contexto de pandemia.

“Los usuarios avalan este tipo de medidas (el DNU) por padecer dos cuestiones: una es la vinculada a tener las tarifas de servicios de telecomunicaciones más caras del continente, y la otra es la falta de inversión de las empresas durante todo este período, que sólo se han dedicado a obtener ganancias, dejando a muchísimos sectores de la población sin servicio en un momento crítico”, resaltó el exlegislador oriundo de Esteban Echeverría.

Por la estatización de Edesur

Un párrafo aparte le dedicó Martello al pésimo servicio que presta la empresa de energía eléctrica Edesur, luego de tantas promesas de inversiones a lo largo de estos años y a sabiendas de que todavía le quedan poco menos de 70 años de concesión.

En esa línea, cuestionó que “a pesar de un aumento del 3.200 por ciento de tarifas, las inversiones no estaban, y nos hace presumir que vamos a tener un verano muy complicado, porque si no pudieron cumplir con la demanda de energía en un momento donde la mayoría de las actividades estaban paralizadas, ¿qué nos espera para el verano cuando tengamos pico de demanda?”

Al respecto, el número dos de la Defensoría del Pueblo bonaerense opinó que -a diferencia de los servicios públicos esenciales- en este caso hay que ir por la estatización. Es que, indicó, “ahí está clarísimo todos los incumplimientos contractuales. Es un caso que tiene que estar bajo análisis y no me parece que haya otra alternativa para brindar un mejor servicio que no sea recuperarlo para el Estado”.