La bancada de Juntos por el Cambio obtuvo un relativo éxito este martes al lograr aprobar en el ámbito de la Comisión de Legislación General un despacho de mayoría de adhesión a la Ley Nacional de Víctimas que auspicia ese espacio, al tiempo que desestimó la propuesta del Frente de Todos que aspiraba a ganar tiempo para, según especificó, tejer una propuesta más consistente y de mayor alcance de acuerdos.

En rigor, el proyecto opositor es una fusión de varias iniciativas presentadas por los senadores Franco Bagnato, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini y Juan Pablo Allan, con epicentro en los criterios esgrimidos en un proyecto presentado por Carolina Píparo en la Cámara de Diputados, y que subraya la necesidad de contar con una normativa superadora en la Provincia de Buenos Aires

En síntesis: los opositores arguyen que la propuesta unificada contempla en forma amplia los derechos esenciales de las víctimas: “Es la primera vez que podemos lograr se vote una ley tan integral en línea con lo que la Corte Suprema nos exigió”, claman.

Desde la vereda del oficialismo, interpretan con un cariz diferente lo que sugirió la Corte Suprema: ellos estiman que el máximo tribunal los conminó a la formación de una normativa que encuadre al abanico de las inquietudes de organizaciones, profesionales y ONG's que entiendan en la cuestión.

Resaltan la necesidad de contar con más tiempo para poder seguir la discusión y sumar más voces que la legitimen. También promueven que la ley incluya a las víctimas de violencia obstétrica, de accidentes de tránsito y por mala praxis, entre otros asuntos de relevancia para las familias, que apunten a un mejoramiento sustantivo de la ley.

También ponen el acento en que la integralidad que se logre debe ser más extensiva, contener los derechos de las víctimas, sí, pero también apostar a la integración del victimario en el contexto de una amplia modificación del Código Procesal Penal como razona el titular de Justicia, Julio Alak.

La bancada cambiemista sostiene que el pedido de más tiempo de debate que pide el oficialismo en realidad es meramente dilatorio y se encapsula en una estrategia engorrosa con el norte de evitar su tratamiento y patear la pelota para adelante sin brindar definiciones concretas.

Así las cosas, el espectro pugilista se alista para el 10 de septiembre, cuando la iniciativa fusionada de Juntos por el Cambio que cuenta con despacho de las comisiones de Seguridad, Derechos Humanos y ahora de Legislación General (requisitos legales cumplidos) brinque al recinto para ser llevado a tratamiento en el marco del Orden del Día.

Más allá de los escarceos discursivos que se manifiesten en la sesión del mes venidero, es harto probable que el cambiemismo logre su propósito primario de darle sanción, haciendo sopesar la mayoría con la que cuenta en la Cámara Alta, y traslade el combate de fondo al palacio de calle 53.

El Frente de Todos, lo reconocen desde dentro de esa fuerza, es un espacio heterogéneo donde no todos piensan de la misma manera, y seguramente este debate pondrá a prueba la capacidad de lograr una homogeneización en el discurso y en las intenciones para los aprestos de la discusión en la Cámara de Diputados.

Si bien desde la oposición recitan como un mantra que una parte del massismo se mostraba de acuerdo con los criterios de proteger a las víctimas allá por 2017, cuando se votó la ley nacional, lo cierto es que han pasado cerca de tres años, y en política eso representa un tiempo mayúsculo para que las posiciones cambien.

De hecho, hoy el massismo es una de las principales patas dentro de la amalgama oficialista, donde Sergio Massa y Máximo Kirchner operan en tándem a contramano del pronóstico de varios.

En concreto, todo está dado para que el 10 de septiembre pueda llevarse al recinto esta iniciativa opositora que apunta a reeditar un debate más enconado que el que se suscitó con motivo del subsidio a la educación privada.

Pero también será importante la muñeca política de los actores del oficialismo en diputados para unificar posiciones en el espacio de Todos y sus aliados, que se expresen en un contundente rechazo de la propuesta opositora con una efectividad tal que los desestime de seguir insistiendo con la discusión en el Senado y lograr una aprobación exprés por ser Cámara de origen.

Ante ese riesgo, siempre se encuentra a mano la opción del veto del gobernador Kicillof, pero en un contexto de tanta efervescencia política, con un rebrote de la grieta, el peronismo -se presume- agotará instancias para desinflar las expectativas en la Legislatura y evitar ese costo político.