miércoles 24 de abril de 2024 - Edición Nº1967

Provincia | 7 ago 2020

Cámara Alta provincial

El Senado sancionó en forma unánime el financiamiento solicitado por Kicillof

El Cuerpo que preside Verónica Magario convirtió en ley la autorización de endeudamiento del Ejecutivo con organismos multilaterales de créditos por 500 millones de dólares; la emisión de un bono por 20.000 millones de pesos; y la ampliación de disposición de hasta 8 mil millones de pesos de Letras del Tesoro provincial.


Por: Federico Cedarri

En su tercera sesión ordinaria de carácter semipresencial, con Verónica Magario, autoridades de Cámaras y algunos legisladores en el recinto y el resto operando de manera remota, el Senado bonaerense aprobó por unanimidad la autorización al Poder Ejecutivo para contraer endeudamiento con organismos multilaterales y/o bilaterales de créditos por hasta 500 millones de dólares que serán destinados a la implementación de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia causada por el covid-19.

La especificación del gasto de ese monto de financiamiento al que accederá la provincia se desglosa concretamente en la asignación de 200 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura y seguridad vial; 100 millones de dólares para obras de educación y salud (construcción, refacción y ampliación de escuelas y hospitales), mientras que los 200 millones de dólares restantes se utilizarán en la construcción de viviendas y obras de saneamiento.

También quedó especificado en el articulado la reasignación de créditos otorgados anteriormente sin ejecución del orden de los 120 millones de dólares, correspondiente a obras de la Cuenca del Río Salado, y que serán direccionados a mejoras habitacionales y de urbanización; mientras que otros 130 millones de dólares del Acueducto Río Colorado se focalizarán en la construcción de  redes de agua potable en Bahía Blanca, su polo industrial y localidades aledañas.   

El Cuerpo legislativo, también dio consentimiento al gobierno provincial para endeudarse por hasta la suma de 20.000 millones de pesos con el objeto de regularizar atrasos de tesorería y cancelar la abultada deuda heredada de la anterior administración; y a la ampliación por hasta 8000 millones de pesos para la emisión de Letras del Tesoro.

Tales requerimientos, estipula la iniciativa, encuentran su fundamento en la evolución de la situación epidemiológica que exigió una respuesta  estatal inmediata, a través de medidas urgentes, orientadas tanto a la contención de aquella situación como al atendimiento de las consecuencias.

La solicitud del Ejecutivo planea la modificación de los cronogramas de devolución para los municipios previstos del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal, que podrán extenderse hasta 18 meses contados desde el mes de enero de 2021.

Dispone la concreción de un Fondo de Emergencia Social por Covid-19, de 3 mil millones de pesos a pagar 50% retroactivo a julio y el resto a agosto; y  el restablecimiento del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por 2 mil millones, con un criterio de reparto que toma en consideración el Criterio de Distribución (CUD) que rige para la coparticipación, en forma  conjunta con la merma en los ingresos durante el año 2019, y con el compromiso de comenzar a otorgar el financiamiento de anticipo del 30 % de las obras solicitadas por los municipios formalmente en condiciones.

Desde el Frente de Todos emitieron un comunicado donde dejaron sentado el acuerdo con la oposición que posibilitó el tratamiento de un financiamiento clave para la provincia, rescataron el consenso obtenido por el cual se logró dar solución a pedidos de los municipios, que en este contexto particular están cumpliendo un rol esencial.

En primer término tomó la palabra el titular de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Feliu, quién rescató la importancia de dotar al Gobernador de una herramienta indispensable para administrar las consecuencias de la pandemia.

El legislador bregó por el alcance de consensos mínimos para afrontar los desafíos posteriores a la pandemia. “es necesario tener una previsibilidad para elaborar un proyecto de presupuesto para 2021 con un mediano plazo más viable que comience a dar lugar a las aspiraciones que tiene nuestro pueblo”.

“Debemos pensar una provincia con financiamiento sostenible, y poniéndole nombre al destino de esos fondos”, apuntó.

En tanto el senador Agustín Máspoli aseguró que esta ley tendrá impacto en los bonaerenses, “porque deviene en una herramienta que se traduce en políticas públicas, a través de medidas concretas que afectarán positivamente a vecinos y vecinas de nuestra provincia”.

Por su parte, el lómense Adrián Santarelli, destacó la capacidad de trabajo de la legislatura para lograr los consensos básicos: “hace dos semanas que venimos discutiendo este proyecto y es justamente a través de la discusión sana que hemos propiciado cambios favorables a los intereses de los 135 alcaldes de la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Celebró las reformas introducidas al proyecto de endeudamiento que, según su criterio, se traducen en una mejora sustancial en lo respectivo a la situación económica de los intendentes.

Más adelante, la Cámara Alta refrendó una propuesta de capacitación en clubes deportivos en lo concerniente a la prevención e intervención ante situaciones de violencia.

Del mismo modo, el Cuerpo Legislativo convirtió en Ley el establecimiento de la mediación a distancia dentro del sistema de mediación pre judicial; y dio media sanción a la institución de distinciones anuales a ciudades y pueblos de la Provincia de Buenos Aires; y a la declaración del cineasta y escritor Alejandro Agresti como Personalidad Destacada.

Los senadores votaron una modificación a la Ley Orgánica de las Municipalidades, que incorpora el derecho de las licencias por maternidad para las concejalas y concejales por cuestiones de nacimiento y adopción.

También rubricaron cambios en el Código Provincial de Implementación de los Derechos de Consumidores que apunta al mejoramiento y modernización de los procedimientos de los usuarios y a dotarlos de herramientas eficaces para su defensa.

En rigor, la propuesta determina que las oficinas de defensa al consumidor de las municipalidades asesoren a los usuarios de manera remota y tomen sus denuncias con idéntica modalidad.

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