Por: Diego Lanese

Desde que en febrero de este año un grupo de choferes intentara tomar la sede sindical, la interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) quedó a la vista de todos, luego de años de desgaste de la figura de su secretario general, Roberto Fernández, el histórico dirigente que vive el momento más complicado desde que asumió su cargo.

 

Con varias seccionales virtualmente sublevadas, la conducción perdió terreno ante el avance de dos grandes espacios: la agrupación opositora Juan Manuel Palacios y un espacio de autoconvocados vinculados a espacios clasistas. El primer grupo es liderado por Miguel Bustinduy, que intentó presentarse a elecciones, pero su lista no fue reconocida.

 

Esta semana volvió su ofensiva contra Fernández mediante un informe donde describe los conflictos que hay en las provincias y que la UTA no atiende. El relevamiento fue enviado a los ministros de Transporte y Trabajo nacionales. “No existe la representación sindical”, manifiesta el documento. La maniobra busca involucrar de alguna manera al Gobierno en esta disputa, con final abierto.

 

El nuevo avance de la agrupación opositora sobre la figura de Fernández llega de la mano de una nueva oleada de conflictos en el interior del país, que nacionalizan la disputa. La agrupación Palacios tiene su poder en la zona metropolitana, en las múltiples líneas del grupo DOTA, desde donde cuestionan el liderazgo de la conducción de la UTA. Luego de los enfrentamientos de febrero y el intento de ir a un paro hace unos meses, la agrupación fue reconocida por el Gobierno, que la sumó a una mesa de diálogo cuando a principio de mes se evitó una protesta nacional por falta de pago de salarios. Ahora, el sector liderado por Bustinduy quiere lograr apoyos del oficialismo para el “desembarco” final en el sindicato.

 

Par esto, difundió esta semana un informe donde describe los conflictos que existen en el interior del país respecto de la falta de pagos a los choferes. El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, fue enviado a Mario Meoni y Claudio Moroni, titulares de las carteras de Transporte y Trabajo respectivamente, donde se explicó la situación laboral del sector.

 

En La Rioja, por ejemplo, se busca municipalizar algunas empresas de la capital provincial; en Catamarca hubo rebajas del 10 por ciento a los salarios de los choferes; en Córdoba, emblema de la “rebelión”, hace 15 días no hay colectivos por las deudas que mantienen las empresas en el salario de los trabajadores. Además, hay conflictos abiertos en Santiago del Estero, San Juan, Neuquén y Formosa.

 

“Un párrafo aparte merece la situación de la modalidad en larga distancia, absolutamente destruida por las razones de público conocimiento, pero a la vez abandonados y aislados los trabajadores a su suerte, por la misma inacción de la representación gremial, que no ha generado la mínima política de contención y apoyo a los compañeros involucrados”, explica la agrupación en su relevamiento.

 

El sector opositor apuntó a la “nula actividad gremial”, que -dicen- permitió “todos estos atropellos, abusos y lesiones a la dignidad de cada trabajador”. “No existe la representación sindical, no hay defensa de derechos del trabajador, no deja de caer estrepitosamente el poder adquisitivo del salario desde hace varios años, no hay rastros de las prestaciones médico sanitarias de la obra social”, afirman.

 

Las críticas incluyen el estado de la obra social, que tendría dificultades para hacerse cargo de las prestaciones sanitarias en plena pandemia. Al cierre del informe le piden a ambos ministros que “se aplique la normativa que corresponda”, para dar respuestas a los reclamos.

 

El pedido de la oposición a la UTA es un virtual reclamo de intervención del gremio, luego de que el sector que lidera Bustinduy fuera reconocido por Transporte en el último encuentro, donde con Fernández y las empresas del sector se frenó un paro nacional anunciado para el 3 de junio.

 

En ese momento, por primera vez se incluyó a la agrupación dentro del espacio oficial, que además creó un “comité de evaluación del transporte urbano de pasajeros del interior del país”, que analizará estrategias de sostenimiento de la actividad.

 

En los últimos tiempos, la agrupación Palacios logró además un lugar cerca del armado de Hugo Moyano y es parte del Frente Sindical para el Modelo Nacional, desde donde fortalecen su posición para ganar terreno en el gremio. Por eso, desde el entorno de Fernández suelen culpar al camionero de estar detrás de este este sector.

 

Los problemas de Fernández no son nuevos, y su poder está esmerilado por esta puja y otras cuestiones. A principio de este mes, los metrodelegados denunciaron que el gremio firmó con Metrovías un acuerdo para habilitar el pago “en negro” de una parte de los salarios de los empleados del subte, donde tiene la personería gremial pero perdió la representatividad en manos del sindicato que lidera Roberto Pianelli.

 

“Metrovías simula suspensiones de personal para no pagar los aportes patronales sobre un 40 por ciento de la masa salarial, entre otras cuestiones”, le dijeron a Política del Sur fuentes del sector.

 

El convenio firmado establece que la empresa de subtes se acoge “al artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo para poder abonar un 40 por ciento de los salarios ‘en negro’ como si se tratara de procedimiento preventivo de crisis (PPC)”. Por eso, los metrodelegados denunciaron un “pacto espurio” entre Metrovías, la empresa estatal SBASE y el gremio UTA.