Por: Diego Lanese

“Pan, trabajo, ajuste al trabajo”. En julio de 2000, la entonces unificada CTA, central obrera alternativa nacida en 1993 para hacer frente a las políticas neoliberales del menemismo, inició una marcha por todo el país que casi un mes después irrumpió en la Ciudad de Buenos Aires. Fue una marea blanca bajo una consigna clara y precisa: “Distribuir la riqueza para salir de la crisis”.

 

Eran tiempos del gobierno de la Alianza, que no encontraba la salida a la interminable crisis, pero que no salía de la directriz principal de aquella época: el “uno a uno”. Aquella marcha visibilizó los desastres de los años de exclusión, desempleo y pobreza que generó la política económica impuesta por los gobiernos de Carlos Menem y continuada por Fernando de la Rúa, que terminaría en un colapso fenomenal en aquel doloroso diciembre de 2001.

 

La Marcha Grande fue un acontecimiento sindical y social, fue la salida a la calle de los excluidos por el modelo que pasó a la historia no por sus características, sino por su tiempo: “los 90”. La protagonizaron dos emergentes de la resistencia a esas políticas, la CTA y los movimientos sociales.

 

La central obrera rompió con la complicidad de la CGT, que pese a focos críticos, apoyó el cambio de la matriz productiva del país. Docentes y estatales fueron la columna vertebral de ese armado, dos sectores muy golpeados por el menemismo. Junto con los desocupados, que por primera vez fueron un actor de peso en el entramado social argentino, estos gremios comenzaron a forjar su identidad, que quedó forjada para siempre en esas pecheras blancas, que todavía hoy suelen usar en los actos y movilizaciones.

 

Dos décadas después

 

Cuando asumió De La Rúa, los análisis de la época hablaban de la CTA como “la CGT de la Alianza”. La resistencia al segundo gobierno de Menem fue muy visible, al punto que muchos de sus dirigentes admitieron públicamente que votarían a la Alianza.

 

El pacto UCR-Frepaso esperanzó a muchos con un espacio socialdemócrata, con mayor sensibilidad por el desastre social de los 90. Pero esa idea se desvaneció muy rápidamente. El mismo día de la asunción del Presidente, el 10 de diciembre de 1999, la Gendarmería reprimió una protesta en el puente General Belgrano de Corrientes y mató a Francisco Escobar y Mauro Ojeda. El hecho trató de ser oculto por el entonces ministro del Interior, Federico Storani, que habló de “agitadores”.

 

La CTA fue muy duro con el ataque, que dicen que duró doce horas, y terminó cuando la policía provincial se puso delante de los manifestantes. “El límite es la muerte”, anunció la central obrera, que el 20 de diciembre de ese año hizo un paro nacional por los asesinatos. El supuesto apoyo al gobierno nacional duró diez días. En dos años casi no abandonó la calle, ante una gestión que inició y terminó sus días con sangre en sus manos.

 

Esta semana, mediante un encuentro virtual, la CTA Autónoma celebró las dos décadas de aquella marcha, donde los protagonistas de esa gesta analizaron dónde quedaron esos reclamos e ideales 20 años después.

 

“Las consignas de esa Marcha Grande nos fueron marcando a lo largo de nuestra historia, y hoy pueden variar algunas formas, pero en el fondo de la reivindicación es la misma: no puede haber pibes con hambre en la Argentina, no pueden los adultos mayores estar pasando situaciones como las que crearon el neoliberalismo”, sostuvo en el encuentro -del que participó Política del Sur- el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro.

 

“La militancia con que venimos atravesando estos años fortaleció esas ideas, en un momento nos decían ‘de dónde va a salir la plata’, porque no se podía discutir la Deuda Externa, para que no haya pobres hay que tocar a los ricos, como se discute ahora con el impuesto a las grandes fortunas. Esa subjetividad la ganamos con la marcha”, agregó el dirigente, y remarcó que en ese momento y ahora la consigna es la misma: “Ajuste o democracia”.  

 

Del homenaje a la marcha participó el ministro de Desarrollo Social nacional, Daniel Arroyo, con quien la central tiene mayores lazos de trabajo. En su presentación, destacó que de esas jornadas salieron derechos básicos que luego de la crisis del 2001 se establecieron, empezando por la Asignación Universal por Hijo (AUH).

 

“La AUH es la primera política pública que sale de abajo para arriba, no habría existido sin las marchas y planteos de los dirigentes sociales y gremiales que le pusieron el cuerpo, que vieron de entrada la catástrofe del neoliberalismo”, elogió Arroyo, y alertó: “Es evidente que en estos días está aumentando la pobreza, pasamos de asistir a 8 millones de personas con alimentos a 11 millones.”

 

En el mismo lugar

 

Dos décadas después, la pandemia promete un escenario laboral y social similar, o peor, a lo sucedido en los 90, y el quiebre del 2001. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) anticipa la destrucción de más de 800 mil puestos de trabajo en el 2020, según sus proyecciones. En este escenario, la CTA -ahora dividida pero con proclamas similares- vuelve a advertir sobre el impacto de la crisis y un escenario de catástrofe general. La similitud de los momentos puede rastrearse en algunas conclusiones que se sacaron en esos días.

 

“La Marcha aceleró la descomposición del gobierno de la Alianza. El poder económico ya discutía cómo salir de la convertibilidad y apretaba por definiciones estructurales, que consagrara un nuevo patrón de acumulación y distribución de la riqueza nacional”, dijo Edgardo Depetri en aquellos días, cuando era dirigente estatal.

 

En el libro de Carlos del Frade por los diez años de la Marcha Grande, Depetri remarcó que la misma fue “un punto de inflexión para la CTA” y consolidó la disputa de los trabajadores argentinos. “La marcha fue un paso importante en la deslegitimación de ese orden impuesto a sangre y fuego por la dictadura y el menemismo”, añadió.

 

De este hito saldrá otra propuesta central en la vida de la CTA que fue de alguna forma el preludio de la caída de De la Rúa y el fin de una década que duró dos años más: el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo).

 

Esos pedidos vuelven a tomar forma y profundizan el hilo conductor entre la Marcha Grande y la situación actual. El mejor ejemplo es la que busca lograr un salario universal. Se trata de “una renta básica que garantice el acceso a bienes y servicios indispensables para una vida saludable”, según informaron desde la central obrera.

 

La propuesta está pensada como universalización de la AUH, y sin los condicionamientos que hoy, afirma la CTA, “dejan afuera a unos 4 millones de chicos y chicas”. La idea es un salario de 17 mil pesos que alcance a toda la población que supere los 18 años hasta los 65 años.

 

“El salario universal es una política pública de justicia redistributiva, y a la vez una medida eficaz para resolver los problemas de pobreza e indigencia. Esta medida además servirá para estimular la reactivación del mercado interno, a través del consumo y la producción, y reconocerá como trabajo aquellas tareas indispensables para la vida, que aún no son mundialmente reconocidas: tal es el ejemplo de las tareas de cuidados, el trabajo comunitario, entre otros”, concluyó la central, retomando parte de aquella mística que terminó con los 90, aunque la crisis volvió a instalarse demasiado viva.