Por: Diego Lanese

“Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina”. En abril de 2016, el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, encabezada la supuesta reactivación de la empresa avícola, que cuenta con dos plantas en Esteban Echeverría y Ezieza, que supo ser una de las principales productoras del sector y que terminó casi fundida.

 

En ese momento, el Gobierno había prometido un salvataje y se intentó hacer de la firma un emblema de la recuperación económica. Pero la promesa duró poco. Con el correr de los días, no hubo mayores avances en la reincorporación de los despedidos y la producción apenas tuvo un leve repunte.

 

A los pocos meses, la crisis se profundizó y la empresa fue gerenciada primero por un holding de tres empresas y ahora está bajo control de Tres Arroyos. Este lunes hubo un encuentro para internar reactivar la firma, luego de años de promesas incumplidas.

 

Desde hace un tiempo, se viene negociando para intentar lograr una salida final al conflicto de la empresa. Los esfuerzos los encabeza el director nacional de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo Murúa, quien está dialogando con los alrededor de 2.000 despedidos de la firma, los anteriores dueños y los funcionarios de distintas carteras.

 

Ayer hubo una cumbre en el Ministerio de Seguridad nacional para intentar buscar una respuesta a los reclamos de los trabajadores. “Fuimos recibidos por funcionarios de Nación y Provincia de Buenos Aires para avanzar en la propuesta que tenemos para resolver nuestra situación”, le dijo a Política del Sur el representante de los cesanteados, Carlos Stasiuk.

 

En la reunión estuvieron, entre otros, el expropietario de Cresta Roja Melenko Rasi; el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks; el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Pietro, y la subsecretaria de Empleo bonaerense, Mónica Muscolino.

 

Desde hace un tiempo se viene trabajando para intentar salvar a la empresa, y con ese fin, antes de la pandemia los despedidos comenzaron a buscar apoyos. “Venimos elaborando una propuesta que consideramos inteligente y superadora: hacer una cooperativa administrada por los trabajadores y emplear como gerente al ex dueño que tuvo Cresta Roja hasta el 2015”, destacó Stasiuk.

 

En este sentido, el objetivo de los empleados -agregó Stasiuk- es “garantizar los puestos de trabajo para los compañeros que hoy están trabajando y sumar a los casi 2.000 compañeros que estamos en la calle”.

 

Luego de la reunión, el referente anheló: “Esperamos tener pronto novedades, los funcionarios se comprometieron a trabajar lo más rápido posible para encontrar juntos una salida.”

 

La recuperación de Cresta Roja tendrá en Murúa un actor fundamental. “Estamos trabajando en una mesa de todos los sectores para definir la situación, que ya lleva casi cinco años, en una estafa que le han hecho a los trabajadores. El Gobierno entiende cuál fue el mecanismo de estafa que hizo el gobierno de Macri contra los trabajadores de esta empresa, que puso las indemnizaciones para comprar la empresa y regalársela al Grupo Tres Arroyos”, denunció el funcionario en la previa al encuentro de ayer.

 

Y enfatizó: “Estamos trabajando con todos los documentos para demostrar cómo en el año 2015 el gobierno de Macri, igual que durante la dictadura, se quedaba con empresas. Esta es la situación planteada hoy con Tres Arroyos, la empresa que administra hoy Cresta Roja.”

 

Durante estos años, los obreros de Cresta Roja sufrieron la situación de abandono e incluso fueron varias veces reprimidos cuando realizaban protestas en las dos plantas del sur del Gran Buenos Aires.

 

La historia de Cresta Roja es una buena síntesis de los problemas laborales que existieron durante el gobierno de Cambiemos. De las promesas de reactivación al presente pasaron cuatro años. La frustrada historia de Cresta Roja se remonta a la entrega de la administración a Proteinsa, un consorcio de tres firmas que no logró reactivar la producción y se fue con millones de cheques sin fondos emitidos y el ingreso a concurso preventivo de acreedores de una de las empresas.

 

En tanto, Tres Arroyos se hizo temporariamente cargo de la conducción y debe pagar parte del canon. La promesa de reactivar las plantas fue la carta de presentación, y a fines de noviembre de 2018 se anunció el reinicio de la faena, pero con una dotación mínima de 80 trabajadores, lo que generó la protesta y un acampe.