Por: Diego Lanese

El pasado 1° de mayo, en el marco de los festejos acotados por el Día del Trabajador, organizaciones sindicales y sociales firmaron un documento con el que buscan sentar las bases para crear un espacio que busca contraponer el peso que tiene la CGT y su conducción actual en la toma de decisiones en el Gobierno.

 

Este grupo apunta a ser el “ala combativa” del actual entramado de poder que lidera Alberto Fernández, y que hace equilibrio entre los intereses propios y ajenos. En su documento fundacional, rechazan el acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA), que permite bajar salarios, y apoyan las medidas más audaces de la Casa Rosada, como la expropiación de Vicentin y el proyecto de crear un impuesto a las grandes fortunas.

 

El denominado “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción” fue el paraguas utilizado para unir a una gran variedad de entidades que tienen en común una mirada “nacional y popular” del país y buscan estar incluidas en las medidas del Gobierno para salir de la pandemia sin que el peso de la crisis recaiga sobre los trabajadores.

 

Esta semana se llevó a cabo la primera reunión nacional de este espacio, donde se analizaron las propuestas en materia alimentaria, laboral, de vivienda, industria y desarrollo lanzadas el pasado 1º de mayo. Además, hubo incorporaciones al armado, que se define como un “contrapunto” de los acuerdos firmados por la CGT y los industriales del país.

 

“Queremos ser una alternativa ante la entrega de la CGT”, remarcó un dirigente del espacio, ante la consulta de Política del Sur. Lejos de cuestionar al gobierno de Alberto Fernández, quieren “apuntalarlo con una perspectiva distinta, pensada desde los sectores populares”.

 

El espacio lo comparten los gremios de la CTA Autónoma, los que integran la Corriente Federal de Sergio Palazzo, la federación marítima Fempinra, la UTEP (partido de los movimientos sociales), junto con organizaciones de distintos tipos, que componen un heterogéneo abanico de más de 80 entidades, que comenzaron a trabajar en una agenda propia ante la situación que se vive en el país.

 

“En este momento complejo de la patria reafirmamos nuestra convicción de que sólo el ejercicio concreto de la soberanía nacional garantizará a nuestro pueblo una salida a la crisis global con independencia económica y justicia social”, destaca el documento fundacional, que fue ratificado en la reunión de esta semana.

 

En sus postulados, habla de la necesidad de avanzar hacia la “soberanía alimentaria, financiera y monetaria, fiscal, productiva, energética y marítima”, además de lograr nuevos derechos para los sectores vulnerables.

 

En la reunión de esta semana, entre otras cosas, se planteó un fuerte respaldo al anuncio presidencial de intervención y expropiación sobre la cerealera Vicentin, “como camino de democratización hacia la soberanía alimentaria”.

 

Entre los ejes del Manifiesto, se destacan el proyecto de ley de cupo de alimentos, salario universal social con trabajo y formación, creación de un banco de desarrollo, plan de tierras y viviendas y sustitución y control estricto de importaciones para fomentar la industria nacional.