Luego de la muerte de María Esther Ledesma, enfermera del sector de Pediatría del hospital Gandulfo afectada por coronavirus, puso de relieve las condiciones en las que trabaja el personal en ese centro de salud.

Los gremios de médicos y enfermeros sostienen que los principales responsables del fallecimiento de Ledesma -que al parecer, había pedido licencia por ser grupo de riesgo pero no le fue otorgada- “es el Estado provincial y el sistema de licencias SIAPE, que denegó la licencia a la enfermera a pesar de su delicado estado de salud”.

“Ellos son responsables de la Resolución 90/2020, que en el artículo 5°, niega el derecho a preservar la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras”, afirmaron desde ATE Sur mediante un comunicado.

Por eso, los trabajadores del Gandulfo realizarán hoy a las 10 una conferencia de prensa en las puertas del hospital para denunciar la situación que viven. “La muerte por Covid-19 de María Esther Ledesma, tiene como responsables, al nefasto sistema de licencias SIAPE, que denegó la licencia, a pesar de su delicado estado de salud y al Estado provincial a través del ministro de Salud Daniel Gollan y el Jefe de Gabinete Carlos Bianco. Ellos son responsables de la Resolución 90/2020, que en el artículo 5°, niega el derecho a preservar la salud y la vida de trabajadores y trabajadoras”, expresaron desde el gremio estatal.

Los trabajadores nucleados en ATE Sur realizaron varias presentaciones (notas, amparos, medida cautelar) para ser remitidas a los ministros de Salud y Jefatura de Gabinete, exigiendo la derogación del artículo 5 de la Resolución 90/2020.

En esa línea, agregaron: “El 8 de junio, un fallo del Tribunal de Trabajo N°1 de Lomas de Zamora, dio lugar a la medida cautelar, respecto a la provisión de elementos de higiene, medidas de seguridad, reparación de sanitarios y exhibición del protocolo médico frente a la pandemia. No obstante esto, el artículo 5° no fue modificado, sigue vigente poniendo en riesgo la vida de miles de trabajadores y trabajadoras. Mientras persista dicho artículo, sugerimos a todas las trabajadoras y trabajadores de grupos de riesgo a presentar amparos judiciales y a hacer responsables a las autoridades del Estado provincial por cualquier perjuicio sufrido.”