“Como está planteado el tema es sorprendente. Si bien hay que ser cautos con la información de los medios de comunicación. No obstante, con los elementos sobre la mesa es sorprendente que una empresa de esa envergadura y una actividad que fue de las pocas que fue exceptuada de la cuarentena desde el comiendo, teniendo un manejo de los protocolos supuestamente como no lo tiene nadie”, detalló, en diálogo con Política del Sur, el abogado Pedro Cruz Henestrosa al referirse al polémico caso de COTO.

Sucede que la cadena de supermercados envió a uno de sus empleados en un vehículo particular a una clínica para hacerse estudios y este resulto con COVID-19 positivo, también poniendo en riesgo la vida del remisero.  

Cruz Henestrosa enfatizó que empresas como Coto “tienen conocimiento de esto porque hay reglamentaciones de esto, en todas las jurisdicciones”. “Por eso, no deja de llamar la atención que si había una persona con un caso sospechoso haya sido trasladada no en una ambulancia sino con un remis de manera particular y de manera interjuridiccional, con lo cual agrava aún más la situación”, indicó.

“No deja de llamar la atención que esto se haya hecho de manera particular, con un remise, y aparentemente sin darle aviso al chofer de la situación”, agregó.

Para el letrado, “así como está planteando hay una objetiva situación de delito. Es una figura muy especifica que es la de violar reglas para evitar la propagación de una epidemia”. “Está contemplado en el artículo 205 del código penal y prevé una pena de prisión de seis meses hasta dos años”, añadió el abogado.

“No quiero abrir juicio específico de las autoridades de COTO pero a priori hay delito. Ese traslado debería haberse dado de otra manera”, enfatizó al remarcar que, en principio, “hay tres autoridades públicas que debieron estar involucradas. La provincia de Buenos Aires, el Municipio de San Vicente y el Municipio de Lomas de Zamora, que es el lugar donde habría aparecido el caso sospechoso”. “Llama la atención que las autoridades no hayan activado los protocolos”, señaló

De todas formas, aclaró que no existe la responsabilidad penal para las personas jurídicas, salvo para algunos delitos económicos. En este caso habría que ver quien dispuso personalmente esta operatoria tan extraña. Además se suma la edad del remisero, que está en persona de riesgo,

Otro interrogante, para Pedro Cruz Henestrosa, es cómo gestaron la autorización para trasladar al paciente. Alguna autoridad pública debería recoger el guante y hacer la denuncia correspondiente, y se active la investigación.