La decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa Vicentin, y enviar al Congreso un proyecto para su expropiación generó un amplio apoyo de todo el arco sindical, desde integrantes de la CGT a los sindicatos del sector agropecuario. Así se conoció en estas horas, lo que marca un respaldo a la iniciativa. Daniel Yofra, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, popularmente conocida como Aceiteros, se mostró algo sorprendido por decisión de Alberto Fernández para avanzar en su expropiación: "No sabíamos nada", contó. Pese a eso, el sindicalista prefirió ser cauto respecto de lo que vaya a ocurrir en el futuro porque sospecha que la empresa buscará artilugios para evitar su paso a manos estatales: "Hay que ver que pasa, de estos títulos ya estamos cansados", señaló.

Sin embargo, en declaraciones periodísticas, Yofra celebró el camino elegido: "Nosotros vemos con buenos ojos que el Gobierno se haga cargo de la problemática laboral de este país. De la manera que mejor la parezca, pero interviniendo en todos lo conflictos que haya", remarcó. Explicó que es una tranquilidad que se garanticen los empleos y los salarios porque "Si bien no teníamos problemas, se venía avizorando que Vicentin no quería cumplir con el último convenio paritario que firmamos". Tanto es así que el Ministerio de Trabajo de la Nación aseguró, horas más tarde, que el personal de la cerealera Vicentin, ahora intervenida, percibirá el salario de mayo último con los aumentos acodados.

Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) expresó ayer mismo, minutos después del anuncio, su "total apoyo" a la decisión del presidente Alberto Fernández de expropiar la cerealera Vicentin para garantizar "la continuidad laboral". El secretario general de UATRE, Ramón Ayala, que acompañó a Mauricio Macri hasta el 10 de diciembre de 2019 y quien fuera el armador de la pata sindical de Cambiemos, señaló su "total respaldo" a la decisión del Jefe de Estado, que garantizará "la continuidad laboral de los trabajadores, que estaba en riesgo".

 Por su parte, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky respaldó la decisión presidencial, y aseguró que ello garantizará "los empleos". Un documento firmado por los dirigentes de la conducción de esa central apoyó el decreto presidencial de intervención y sostuvo que esa empresa fue declarada "de utilidad pública" y que el proyecto de ley que se enviará al Congreso permitirá su expropiación. "De ese modo, el gobierno nacional se aseguró que los trabajadores de esas plantas continúen en sus puestos laborales y que los 2.600 productores que operan con la compañía sigan relacionados", puntualizaron en el documento.

La CTA sostuvo también que "el rescate de ese gigante del mercado de granos y carnes, a través del fondo fiduciario que controlará YPF Agro, supone un paso decisivo para garantizar la soberanía alimentaria, en un contexto de crisis internacional y de presiones del gran capital financiero", puntualizaron. Además, los dirigentes indicaron que la decisión presidencial fue "una clara señal para quienes especularon con la impunidad de maniobras económicas y financieras, amparados por el gobierno anterior para fugar divisas y no saldar las deudas contraídas", y afirmaron que "ese fue el sentido de la decisión" oficial.