Con la venia del gobernador Axel Kicillof, los legisladores oficialistas avanzan a paso redoblado en el tejido de una presentación en las dos Cámaras que oficie de espejo a la propuesta del diputado Nacional, Carlos Heller, y que tenga por objetivo la creación de un formato bonaerense del impuesto a la riqueza.

En rigor, la propuesta que se encuentra borroneada entre cuartillas, haría eje en una suba sustancial de la alícuota de los ingresos brutos para algunas actividades que operan en la provincia de Buenos Aires.

En concreto, la iniciativa dispondrá que las entidades bancarias privadas que revisten en la provincia tendrán que erogar un aumento de la alícuota del orden del 40% al que hoy pagan por servicios de la banca minorista, pasaran de tributar el 7 por ciento para extenderse al 12 por ciento del porcentaje de ganancias.

Quedarán exceptuados los tributos correspondientes a intereses y ajustes de capital de los créditos hipotecarios otorgados a personas físicas, con destino a la compra, construcción, ampliación o refacción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente o fuera de la Provincia.

También se plantea de uun fuerte salto en el pago de la alícuota de ingresos brutos a fabricaciones de insecticidas, plaguicidas y productos químicosso agropecuario cuando el total de los ingresos gravados, no gravados y exentos, obtenidos por el contribuyente en el período fiscal 2019, por el desarrollo de cualquier actividad dentro o fuera de la provincia superen los 500.000 millones de facturación.

Otros de los sectores que se verán afectados por este aumento tributario serán los servicios proveedores de internet, que sentirían un impacto en la alícuota del orden del 6%, al pasar del 4 por ciento que erogan hoy al 10 por ciento que estipula el borrador de los legisladores peronistas.

La propuesta argumenta en sus fundamentos que la idea central radica en avanzar en una profundización del esquema tributario bonaerense: planea discutir el avance hacia un sistema más progresivo, por lo que también se buscará concertar una sustancial rebaja de la alícuota para aquellos contribuyentes que no hayan superado en su facturación del año anterior los 500.000 pesos.

El proyecto, lo llevan la hombro el presidente de la Cámara de Diputados, el lomense Federico Otermín, y el titular del bloque oficialista, el camporista Facundo Tignanelli. Ellos encabezarán, alentados por Axel Kicillof, las febriles negociaciones con los sectores opositores.

Ergo, para realizar cualquier modificación impositiva deben contar con el respaldo de los dos tercios de los votos de ambas Cámaras.

Traducido: el Frente de Todos con sus aliados circunstanciales, el monzonista Consenso Federal y el espacio neo peronista 17 de noviembre que comanda Mario Giacobbe, no alcanza el porcentaje anhelado que se necesita para aprobar cualquier modificación tributaria.

En el Senado, el escenario tiene más nubarrones para el oficialismo, debido a que allí los senadores de Juntos por el Cambio armaron una sólida mayoría con poco resquicio para resquebrajarse.

Kicillof no querrá repetir los episodios de enero, cuando en puja con la oposición legislativa debió ceder espacios en la negociación de la Ley Impositiva aprobada en aquel mes.

Desde la vereda cambiemista avisaron que estudiarán en profundidad estos borradores, debido a que sostienen que algunos aumentos generarían fuertes trabas a la actividad económica de ciertas actividades, entre las que se cuenta el sector agropecuario.

Tampoco se mostrarían de acuerdo con el impuesto a proveedores de internet, que ya lo rechazaron en enero, arguyendo que en muchos distritos del interior ese servicio básico lo prestan cooperativas.

También propondrán, en caso de llegarse a buen puerto, que no solo la provincia maneje con uso indiscriminado estos recursos extraordinarios, sino que se utilice un sistema de coparticipación de acuerdo a los criterios que se manejan para los recursos ordinarios.

La gestión de Kicillof estima que de materializarse estos cambios tributarios contara con un excedente del orden de los 4500 millones de pesos, para volcarlos a financiar gastos en materia de salud e infraestructura sanitaria.

Sin dudas, que alumbra un tiempo de disputa importante en el ámbito parlamentario, no exento de discusiones acaloradas y avizorando en el horizonte una dura pulseada por recursos que hoy el gobierno provincial y los municipios necesitan como el agua.