Los legisladores oficialistas montaron en cólera la conocerse una denuncia penal efectuada por la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en la que se revela la existencia de un dispositivo de espionaje y seguimiento ilegal que funcionó en ese organismo bajo la gestión de Gustavo Arribas, quien estuviera al frente del mismo durante la presidencia de Mauricio Macri.

 

En su presentación, Caamaño sostiene que el mecanismo habría tenido lugar, al menos, desde el 2 de junio de 2016 y se habría realizado sobre correos electrónicos privados de periodistas y dirigentes políticos, sindicales y sociales de diversos espacios políticos y partidarios, entre los que se incluye el oficialismo de aquel entonces.

 

Los senadores recuerdan que la ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional, establece claramente en su artículo 4° que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de –entre otras cuestiones- sus acciones privadas, su opinión política o su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y laborales.

 

También explican que el artículo 5° de la misma normativa indica además que las comunicaciones privadas son inviolables en todo el territorio de la República Argentina, a excepción de que existiera una orden judicial en sentido contrario.

 

Ante esta situación, el espacio oficialista deja traslucir su disgusto: “nos vemos particularmente afectados por este mecanismo ilegal puesto en funcionamiento por el anterior gobierno nacional, ya que entre sus víctimas directas se encontraban nuestro compañero Gustavo Traverso y la actual vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires y presidenta del Senado, Verónica Magario”, destacan.

 

Pero más allá de esos dos casos puntuales, el bloque político condena en forma airada cualquier uso de las agencias de inteligencia del Estado para perseguir a ciudadanos argentinos y ciudadanas argentinas por sus acciones personales y sus pensamientos.

 

La única función de la AFI- sostienen- debe ser monitorear las actividades que afecten a la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.

 

Aseguran que cualquier otra cuestión no sólo es improcedente e ilegal, sino que está reñida con los más elementales principios atinentes al funcionamiento de un Estado democrático.

 

Más adelante echan mano al discurso del presidente Fernández ante la Asamblea Legislativa, el pasado 1 de marzo: “fue muy claro al enfatizar que “tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre con los sótanos de la democracia”, explicando así la decisión estratégica de intervenir la AFI y la necesidad de avanzar hacia un nuevo diseño del Sistema de Inteligencia Nacional”, afirmaron

 

Los senadores peronistas reiteran el “firme compromiso asumido con nuestro pueblo y bajo ese mandato actuaremos”.

 

Precisan que a 37 años de la recuperación de la democracia, es inadmisible la existencia de dispositivos de espionaje ilegal como el denunciado por Caamaño.

 

Por tal razón, consideran primordial que tanto ex mandatario, Mauricio Macri, como Gustavo Arribas den explicaciones de la existencia del mismo ante la Justicia Federal.