Desde que se instaló la cuarentena en todo el país, el gobierno nacional destinó millones de pesos a la ayuda de distintos sectores para el pago de salarios y la llegada de asistencia social. En Buenos Aires, el Gobierno creó un fondo para que este mes estén garantizados los salarios en las comunas, pero en la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM) hay dudas respecto a la llegada de esos fondos.

Así lo dijo el titular de la entidad, Rubén “Cholo” García, que responsabilizó a municipios y provincias por el hecho de que la ayuda del gobierno nacional para abonar los salarios ante la pandemia de coronavirus llegue "de forma incompleta" a los trabajadores de la actividad. "El gobierno financia con dinero a provincias y municipios, pero una gran parte de esa plata no llega a los trabajadores", aseguró García en un comunicado.

El dirigente sostuvo que el presidente Alberto Fernández "está haciendo las cosas muy bien a nivel sanitario, pero gran parte del dinero no llega al trabajador". "El gremio debe participar en una mesa de discusión sobre el tema comunal, para lo cual ya conversó con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y le entregó un proyecto que plantea la creación del Consejo Nacional del Trabajo Municipal Decente. Allí deben estar gobiernos provinciales, municipios y sindicatos", apuntó el gremialista, que la semana pasada le presentó la iniciativa al titular de la cartera laboral, un viejo proyecto de la CTM que buscará motorizar en este tiempo.

García destacó que "el gobierno no envía la plata de forma directa a cada trabajador municipal, como ocurre en el sector privado, porque no existe una mesa de discusión como un Consejo Nacional, y de allí la propuesta para su creación".

El dirigente, quien representa a unos 600 mil trabajadores municipales de todo el país, añadió que, de forma independiente a las autonomías de municipios y provincias, "esa centralidad determinaría un lineamiento a nivel nacional".

En ese contexto, el histórico sindicalista denunció la existencia de "un maldito combo" de reducciones salariales y despidos en los gobiernos locales -de todas las banderías políticas-, lo que viola "el decreto presidencial que los prohíbe".

"Se trata de una práctica desleal de los intendentes esa política de bajar salarios en un momento en el que los gremios tienen dificultades para movilizarse", consideró el referente sindical, quien también reveló que en la mayoría de las comunas hay "un permanente fraude laboral", ya que "se contrata a monotributistas sin ningún derecho y, luego, son cesanteados, en lugar de tomar personal municipal".

García concluyó afirmando que "ese fraude permitió que en la provincia de Buenos Aires se fundiese el Instituto de Previsión Social (IPS), porque los monotributistas no abonan aportes y también pierden con las bonificaciones no remunerativas al cobrar el aguinaldo, que se aplica sobre el básico".