Por: Diego Lanese

Para intentar frenar la crisis laboral que genera el aislamiento social impuesto para frenar la pandemia de coronavirus, el gobierno creó el llamado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), un plan para que la Anses se haga carga del 50 por ciento de los salarios en empresas afectadas por la situación. Su puesta en marcha generó un verdadero aluvión de inscripciones y garantizó los ingresos a más de dos millones de empleados del sector privado, incluso a muchos que sufrieron rebajas salariales.

 

Sin embargo, esta semana estalló una fuerte polémica en torno a las ATP, ya que se conoció que muchas multinacionales recibieron esa ayuda y que incluso personal jerárquico cobró parte de su salario por este beneficio. El plan terminó abriendo un frente de conflicto para el oficialismo, que tuvo que salir a apagar el incendio, en especial entre gremios aliados.

 

El pago de las ATP se volvió un “búmeran” para el oficialismo, desde que se conoció que gerentes del grupo Clarín, La Nación, Techint y otras grandes empresas recibieron la ayuda, con el pago de hasta 33 mil pesos para los salarios del personal jerárquico.

 

Las críticas de los gremios y las empresas pymes que no lograron acceder al beneficio no tardaron, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tuvo que salir a aclarar la situación, aunque no logró desactivar el conflicto. Mientras que se anunciaron nuevos requisitos para continuar con este plan -para los pagos de los sueldos de mayo- no logró apaciguar el malestar.

 

Un caso emblemático es el de Techint. La multinacional argentina, involucrada en despidos masivos durante la cuarentena, fue ayudada para pagarles los sueldos a sus empleados, incluyendo al CEO del área de Construcciones, Carlos Eduardo Bacher, que cobró parte de su salario por parte del Estado.

 

Mientras, en varias subsidiarias de la firma hay recortes salariales, como sucede desde marzo en la planta de Valentín Alsina, partido de Lanús, de la empresa Tenaris Siat. Allí, según le confirmó a Política del Sur el delegado José Villa, “siguen sin pagarnos el ítem de productividad, por lo cual hay una reducción salarial de hecho”.

 

Esta empresa está dedicada a la producción de tubos de acero con costura para la industria del gas y del petróleo, y consiguió el beneficio de la ATP, pero no devolvió ese pago que suspendió cuando se anunció la cuarentena. “Sacando cuentas, del bolsillo de la empresa salió el 20 por ciento del salario que cobramos, el resto lo puso el subsidio o lo pusimos los trabajadores perdiendo el premio de producción”, analizó Villa.

 

A partir de este caso se comenzó a destapar la cantidad de empresas grandes que accedieron a estos beneficios. Radio Mitre, La Nación, Pol-Ka, la firma textil Cheeky -de la exprimera dama Juliana Awada- fueron algunos de los casos presentados para criticar la implementación del programa.

 

En este último caso se potenció porque la empresa pagó parcialmente los salarios, como sucedió en la aerolínea chilena Latam, que sólo abonó el porcentaje estatal. “La gran mayoría de la sociedad y nosotros mismos, porque en definitiva, no dejan de ser fondos públicos, le pagamos a Techint”, se quejó Villa.

 

Ayuda estatal

 

Más allá de las críticas a la implementación, las ATP fueron parte de un gran paquete de ayuda que busca mitigar los efectos de la crisis del coronavirus, en medio de una situación dramática en materia económica.

 

Según los datos, sumando al personal al que se le paga la mitad del sueldo y los empleos públicos, el Estado abonará (total o parcialmente) el salario de 5,3 millones de trabajadores registrados por una suma de 203 mil millones de pesos mensuales, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

 

Las ATP alcanzan al 23,9 por ciento de los empleados registrados, a los que se suman los empleados estatales (34,5 por ciento). “A pesar de estar en default virtual y sumergido en una crisis económica desde hace dos años, el esfuerzo monetario de la administración actual es considerable”, sostiene la UNDAV, que proyectó el gasto que pretende realizar el Gobierno en mayo y junio, sumado a abril.

 

En estos tres meses, remarca el informe, “la administración calcula destinar a paquetes fiscales de políticas de emergencia, inyecciones de facilidades financieras y políticas de ingresos, un total de 2.329.702 millones de pesos, el equivalente a 7,7 por ciento del PBI”.

 

En tanto, el secretario de Industria nacional, Ariel Schale, defendió las ATP y explicó parte de su alcance: “La cobertura es buena, tenemos 2.200.000 trabajadores bajo esta cobertura en la primera tanda de abril, más de 247 mil empresas y tenemos hasta el 26 de mayo la extensión del plazo para que las empresas puedan inscribirse en la página de AFIP”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

 

Sobre la polémica en torno al plan, sostuvo que “el encuadramiento para ser beneficiario del programa es muy generoso, son mínimos requisitos”. “Tenemos un monitoreo diario sobre la cobertura del programa; el encuadramiento se hace a través de algoritmos en función de las declaraciones juradas de AFIP y tiene una formulación matemática, y el que encuadra, encuadra”, concluyó.