viernes 29 de marzo de 2024 - Edición Nº1941

Nación | 27 abr 2020

PANDEMIA Y CARCELES

Para Correpi, hay que “descomprimir” los penales de todo el país

Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional se quejaron sobre la falta de celeridad para permitir la prisión domiciliarios de detenidos de “baja peligrosidad”, para evitar contagios de Covid-19. “Está muriendo gente”, dijo María del Carmen Verdú.


Luego del motín en la cárcel de Devoto del viernes pasado, cuando los presos de esa unidad tomaron parte de la unidad penitenciaria para reclamar medidas de prevención del coronavirus, se abrió un canal de diálogo para buscar una solución que alarma, ya que en otros penales hubo protestas similares, donde se detectaron posibles contagios por la superpoblación y el hacinamiento. Al respecto, la integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú recordó que desde el año pasado las cárceles del Servicio Penitenciario federal fueron declaradas en emergencia, por la crisis que se vive. “El país tiene uno de los índices de carcelación más alto de América, en el 99 teníamos 34 mil personas privadas de su libertad en todos los sistemas, en 2014 ya teníamos 70 mil, y hoy superan las 120 mil”, explicó. Esto hace que la capacidad del sistema esté superada en un 40 por ciento.

 

Verdú habló con el programa radial de Política del Sur sobre la problemática carcelaria en el país. “La mitad de los detenidos están purgando penas anticipadas, es decir, están esperando sentencia”, afirmó la especialista. Sobre la peligrosidad de los reos, Verdú sostuvo que “de acuerdo a los informes de estadísticas penitenciarias, nos vamos a encontrar que de los 12 mil presos en cárceles federales, 600 están presos por delitos contra la vida de las personas, el resto son presos por rodos o venta de droga, porque nos dicen defendemos violadores y asesinos”. En este sentido, se quejó de los beneficios que tienen por ejemplo los genocidas, que no viven la realidad de los presos comunes.

 

A corto plazo, Correpi pidió “descomprimir las cáceles”, que se pueden hacer con “excarcelaciones o prisiones domiciliarios que están en condiciones de recibirlas, como mujeres embarazadas, mayores de 60 años, sin ningún tipo de problema en el control”. “Ya tenemos dos casos de presos positivos de Covid-19, en Corrientes un preso había terminado la condena, lo llevaron a su domicilio en Monte Caseros, pero el guardia cárcel que lo llevó tenía coronavirus, y ahora está aislado con su familia”, destacó Verdú.

 

“Estamos reclamando que no haya un ejercicio clasista de estos beneficios, denunciamos que en Mendoza sólo dejaron salir solamente a nueve genocidas. Estamos pidiendo que dejen salir a quienes tienen ese índice de peligrosidad bajo, excluimos expresamente a femicidas, a responsables de la corrupción como Ricardo Jaime por el cual se preocupa el secretario de Derechos Humanos”, aseguró Verdú. Sobre varios cuestionamientos a estas excarcelaciones, a partir de las imágenes que se vieron en varias cárceles, la integrante de Correpi dijo que “las imágenes que meten miedo son las de los penitenciarios tirando con balas de plomo a gente que agita una bandera, están matando gente”.

 

Por otra parte, Verdú habló de las denuncias diarias que se vienen haciendo contra integrantes de las fuerzas de seguridad, por hechos de violencia durante la cuarentena. “Tenemos casi un reporte diario sobre detenciones arbitrarias, y en cada oportunidad nos quedan casos afuera. La línea de la información que surge es la total arbitrariedad policial, que multiplican lo que hacen normalmente, con un nivel de discrecional toral. Las denuncias que venimos difundiendo apuntan a la actuación policial, que afecta los más vulnerables de los barrios más humildes”, concluyó Verdú.

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