Desde el Bloque de Diputados provinciales, que comanda el marplatense Maximiliano Abad, expresaron su “más absoluto rechazo” al pedido de prisión domiciliaria por parte del Gobierno Nacional para el funcionario kirchnerista Ricardo Jaime.

Desde el espacio radical-macrista esgrimen como argumento que este personaje “simboliza uno de los máximos exponentes de la corrupción en la Argentina”.

En la misma presentación, los legisladores expresaron su indignación y sorpresa por la carta presentada ante la justicia  a través de la Secretaría de Derechos Humanos, mediante la cual se solicita la morigeración en las condiciones de detención del ex secretario de Transporte: “es un mensaje de impunidad intolerable para los argentinos”, cuestionan.

Y suben el tono de la propuesta al criticar al Gobierno Nacional, que según el criterio de los legisladores, actúa como abogado defensor de Jaime y “ello atenta directamente con la República”.

Por esta situación es que el bloque insiste en repudiar “este atropellos institucional” encabezado por los funcionarios Horacio Pietragalla Corti  y mariano Przybylski, y “solicitamos que se priorice el respeto y la memoria de las 52 víctimas fatales de la tragedia de once por la que Jaime se encuentra cumpliendo condena”.

“No puede haber privilegios, ni ninguna pandemia debe usarse como justificativo para que la división de poderes  sea bastardeada, al contrario, más que nunca requiere de decisiones justas y equilibradas”, arremetió en el fin del comunicado.

Sus pares en el Senado, el agrupamiento que conduce Roberto Costa, también encontraron una buena oportunidad para criticar airadamente esta solicitud del ente de Derechos Humanos nacional.

“Jaime simboliza un esquema de corrupción que causó 52 muertes en nuestro país”, comienza la misiva que hicieron llegar a los medios de prensa.

“Deberían nuestros funcionarios nacionales conocer que los argentinos no queremos volver a aquellas épocas en que se vilipendiaron los recursos del Estado”, continua la declaración.

Por lo que los senadores consideran inadmisible el pedido que se ha realizado desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Consecuentemente y en línea con sus colegas de diputados dejan entrever su preocupación que “frente al contexto que estamos viviendo se esté dando una señal a favor de la impunidad, debilitando de este modo la credibilidad de las instituciones de la democracia”.

“Hoy debería encontrarnos a todo el arco político generando acuerdos para enfrentar el coronavirus y sus consecuencias de la mejor manera,  y no perdiendo energías en estas solicitudes descabelladas”, protestan los senadores.

Por otra parte, en las últimas horas fue conocida una presentación de Ley de la senadora de Juntos por el Cambio, Daniela Reich, donde promueve medidas para jóvenes en contexto de encierro en el Servicio Penitenciario.

Al abundar en detalles de la propuesta, la misma solicita declarar con urgencia, acciones que garanticen los derechos de las y los jóvenes que se encuentren en una situación apremiante en su confinamiento.

“Propongo elaborar un plan de contingencia para generar espacios seguros y poner en marcha estrategias de prevención y autocuidado”, explicó la senadora dando luz a los argumentos que la llevaron a generar la presentación.

La Senadora de Tres de Febrero continúo expresando que el Estado provincial “debe asegurar que las condiciones para evitar los contagios lleguen a todas las personas, incluso  a aquellas personas privadas de su libertad”.