A partir de una publicación que hizo Política del Sur el lunes pasado, "Irritación de abogados por el parate en la justicia"  los distintos actores vinculados al Poder Judicial comenzaron a emerger de la modorra en la que la cuarentana parecía tenerlos atrapados.

Fue tras la viralización de un audio que le mandó una letrada al responsable de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de la Plata, en el que le reclamaba de manera airada que dicha entidad haga las gestiones necesarias para que se retomen las tareas tribunalicias a través del sistema de firma digital ya implementado hace más de tres años, para el cual no se requiere de la presencia física de los distintos actores de los procesos en la sede de los Juzgados sino sólo para trámites muy específicos.

Hasta entonces, los abogados de modo aislado -no corporativo- se quejaban del extendido asueto decretado por la Corte Provincial, y de la renuencia de los jueces, fiscales y funcionarios judiciales a adoptar la modalidad de teletrabajo como una de las más habituales formas del denominado home working- sugerida por el presidente de la Nación al en su mensaje al disponer el primer tramo de la cuarentena-, a pesar de contar con las herramientas tecnológicas necesarias.

Es que, desde la implantación de la cuarentena motivada en la pandemia del coronavirus los Juzgados y Fiscalías cuentan con guardias mínimas establecidas sólo para la atención de los casos de mayor urgencia.

El resto de los asuntos (es decir, la mayor parte del trabajo), permanece totalmente paralizado, salvo muy honrosas excepciones y sólo merced a la buena voluntad de algunos funcionarios. A los abogados y al público en general les está vedado concurrir a los edificios tribunalicios y de las fiscalías.

La corte provincial, en la resolución mediante la que prorrogó el asueto judicial, dejó la puerta abierta para que los magistrados dentro de sus posibilidades efectúen teletrabajo en el resto de los asuntos (sugerencia demasiado volátil, refunfuñan los abogados, como para despertar el alicaído ímpetu laboral de la mayoría de jueces, fiscales y funcionarios). 

Los tribunales penales están hoy dedicados casi con exclusividad al tratamiento de una verdadera lluvia de pedidos de libertad, y morigeraciones de las prisiones preventivas (arrestos domiciliarios con uso de tobilleras electrónicas), tras el fallo reciente del  juez del Tribunal de Casación bonaerense Víctor Violini que derivó en una suerte de apertura del grifo carcelario en el ámbito provincial.

Y, en ese sentido, no deja de alarmar que en los últimos días fueron varios los episodios delictivos en el Sur del Gran Buenos Aires que tuvieron como protagonistas a personas que llevaban colocados dichos dispositivos en sus tobillos (la incógnita se centra ahora en saber si serán beneficiados nuevamente con la invocación del fallo del juez Violini). 

De acuerdo a una investigación efectuada por Politica del Sur, en el ámbito de casi todos los fueros, (Civil y Comercial, Laboral y Contencioso Administrativo), existe desde hace más de tres años el proceso digital mediante la obligatoria utilización de un token (se trata de un dispositivo utilizado para almacenar el certificado digital emitido por un Certificador Licenciado para un usuario en particular, en el caso jueces, funcionarios judiciales y abogados).

En el fuero penal, dicho dispositivo sólo es utilizado por los Juzgados de Garantías de cada Departamento Judicial, y, en menor medida, por las Fiscalías.

Las Fiscalías penales cuentan con un sistema denominado SIMP (Sistema Informático del Ministerio Público), en el cual se carga en parte la actividad procesal, pero que impide a los abogados hacer presentaciones electrónicas. Para que en dicho fuero se retome la actividad con cierta normalidad, debería permitírsele a los abogados  que puedan efectuar presentaciones en formato digital.

Se trata de una herramienta que debe implementar la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. El procurador general, exhibiendo una supuesta diferenciación de la posición asumida por la Corte, dictó una resolución unos días atrás para que los órganos inferiores elaboren un plan de contingencia destinado a la atención de la totalidad de las funciones del organismo -a través de medios electrónicos- y dispuso que las denuncias penales puedan hacerse mediante correo electrónico habilitado especialmente.

Sin embargo, la Procuración General no impuso plazos para dar concretas respuestas, lo que alimenta inevitables dudas acerca del hallazgo de soluciones específicas.

Hasta el lunes pasado, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, según pudo constatar Politica del Sur, se había limitado a dirigir una nota al presidente de la Nación para que se considere como actividad esencial la que desempeñan los abogados, permitiéndoseles la concurrencia a sus estudios jurídicos previa adopción de ciertos recaudos sanitarios. 

Recién a partir de allí, la entidad que nuclea a los abogados pidió a la Suprema Corte de Justicia que los  tribunales encaren su labor mediante la adopción de teletrabajo, considerando inadmisible la ostensible paralización de las actividades por un lapso tan pronunciado.

 

Y no tardó en levantarse la polvareda.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia emitió un comunicado que reza “NI FERIA NI ASUETO - LA JUSTICIA ESTA EN FUNCIONES”, como atajándose ante la tardía embestida de la corporación abogadil. 

Por su parte, la entidad que nuclea a los empleados del Poder Judicial advirtió reiteradamente “que será implacable con las y los magistrados que pongan en riesgo la salud de las y los trabajadores y sus familias”.

El Colegio de Abogados salió a responder duramente mediante un comunicado que tituló de modo elocuente: “A LA MENTIRA Y A LA DEMAGOGIA SE LE RESPONDE CON LA VERDAD – ACLARACIONES A LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS Y A LA AJB”.

Es decir que todos los actores de los procesos judiciales quedaron envueltos en una sorda disputa que no reconoce precedentes, y que indudablemente se traduce en un entorpecimiento adicional a la labor judicial.

Y, a pesar de ese penoso panorama, la corte provincial tras reeditar el 12 de abril el asueto extendido, se mantiene silente frente al ahondamiento de un conflicto que, en esas condiciones, hoy parece insoluble.