Por: Diego Lanese

La conducción de la CGT y la mayoría de los gremios tomó nota del pedido, primero informal y luego directo, del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que este año las paritarias excluyan la cláusula gatillo, el mecanismo que ata los salarios a la inflación.

 

Con el argumento de “desindexar” la economía, la Casa Rosada quiere que los acuerdos salariales de este año se hagan en base a sumas fijas, lo cual despertó la alarma entre los dirigentes, que deben hacer equilibrio entre su apoyo abierto a esta gestión y la necesidad de recuperar lo perdido durante el macrismo. Por eso, empezaron a pensar alternativas, que van desde aumentos de emergencias, sumas a cuenta y hasta otros mecanismos más ingeniosos, como subas vinculadas a las ganancias de las empresas.

 

En el Estado, donde se produjo una de las mayores caídas salariales, creen que será difícil lograr una alternativa a las revisiones por inflación. En la primera reunión de la central obrera a pleno, este tema fue el principal protagonista.

 

El pedido del presidente Fernández dejó a los gremios en un lugar incómodo, ya que las cláusulas de revisión permitieron blindar a los acuerdos salariales contra la espiral inflacionaria de los últimos años. Si bien los reportes aseguran que en este tiempo, la mayoría de los sectores no pudo ni empatar a la inflación, este instrumento mejoró los acuerdos. Salir de esto será una tarea difícil.

 

En la CTA de los Trabajadores ya analizan las alternativas para este año, “Tendría que haber un aumento de emergencia en porcentaje, pero con un piso de suma fija para que mejore más a lo más postergados y los que estén por arriba del piso les mejore el porcentaje general que se aplique”, propuso Pedro Wasiejko, secretario adjunto de la central obrera.

 

El dirigente le dijo a Política del Sur que “no hablaría de cláusulas gatillo, pero sí que el salario debe quedar protegido de la inflación real y tener incrementos reales por sobre la inflación”.

 

La idea de eliminar las cláusulas gatillo tendrá en el Estado mayor resistencia, porque, entre otras cuestiones, es donde más perdieron los salarios.

 

En este sentido, el último informe de la comisión interna de ATE-Indec aseguró que entre noviembre del 2015 y el mismo mes del 2019 un empleado de la administración pública nacional perdió un 36,1 por ciento de su salario, una pérdida que para compensarla requiere un bono de 300 mil pesos.

 

Por eso, el delegado de ATE en la ANAC Marcelo Belelli tiene una mirada pesimista sobre el pedido del Presidente: “El tema que no haya cláusula gatillo en los acuerdos salariales de este año hay que verlo sector por sector y qué tipo de recomposición se va a dar”.

 

En diálogo con Política del Sur, el dirigente explicó que “en el caso de los empleados públicos, perdimos mucho salario, si no hay cláusula de revisión debe haber una compensación mínimamente acorde a lo que retrocedimos en la paritaria del año pasado”.

 

“Si no hay revisión o algo por el estilo, la inflación puede ponernos en una situación complicada, más que nada en los sectores que venimos perdiendo mucho salario como los estatales”, admitió Belelli.

 

Una alternativa -que se maneja en la CTA de los Trabajadores- es tomar medidas que hasta el momento no estuvieron en la mesa, como la participación de los empleados en las ganancias extraordinarias de las empresas.

 

“Los sueldos se pueden complementar con participación a las ganancias hacia fin de año, para empresas que tengan ganancias netas por arriba del 6 por ciento”, dijo el dirigente. La idea es “partir el 50 por ciento de lo que supere el 6 por ciento, eso inyectaría mucho de la renta de las grandes empresas”.

 

Cuando Wasiejko fue secretario general del gremio del neumático Sutna se implementó este reparto de ganancias en varias empresas del sector.

 

Reunión clave

 

Por lo pronto, ayer la CGT se reunió para analizar la actual situación, en especial el tema de las paritarias de este año. La dirigencia rechazó la idea de congelar paritarias, como se dijo en su momento, y en la previa salió al cruce de los dichos de Alberto Fernández con respecto a la prudencia que hay que tener en este momento del año.

 

“Siempre hemos tenido prudencia, con el gobierno anterior y con este vamos a tener la prudencia, pero eso no significa que no podamos discutir las cosas, porque nadie es dueño de toda la verdad”, dijo Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la central obrera, cuando se le consultó sobre el planteo del Jefe de Estado.

 

Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, adelantó su postura respecto del pedido oficial: “La suma fija tiene el problema de achatar categorías salariales, a menos que se pueda discutir un porcentaje para cada categoría”, explicó.

 

En la primera reunión del año de la mesa chica de la CGT está previsto que “cada actividad lleve adelante su propio libreto”, señaló Sasia. 

 

Asistieron a la cumbre dirigentes de todos los sectores internos, una forma de mostrar unidad. La discusión interna se planteó en tono amable y se sostuvo el apoyo al Gobierno y sus primeras medidas.

 

La discusión está planteada y hay optimismo por los acuerdos. En este sentido, en el Gobierno creen que el adelanto de 4.000 pesos puede ser una forma de acercar los números, incluso entre quienes perdieron mucho en 2019.

 

En este sentido, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) estableció que este aumento salarial de suma fija otorgado por el Gobierno a los trabajadores del sector privado “implica un aumento del 8,4 por ciento sobre la media salarial del sector”.

 

No obstante, el trabajo al que tuvo acceso Política del Sur aclaró que “en tanto, el 60 por ciento de los trabajadores están por debajo del promedio. La suma fija implica un aumento superior para la mayor parte de los trabajadores”.

 

Como ejemplo, la entidad que preside el ex diputado nacional Claudio Lozano remarcó que “para quienes perciben valores cercanos al salario mínimo, el incremento será del 24,8 por ciento”.