Por: Diego Lanese

Entre las primeras medidas tomadas por el flamante gobierno nacional, la semana pasada se decidió dar de baja el llamado Registro de Alta Dirección Pública, una iniciativa lanzada por la gestión de Mauricio Macri para darle estabilidad laboral a unos 2.500 empleados jerárquicos del Estado nacional.

 

Si bien la propuesta era rechazada por la gran mayoría de los gremios estatales, salvo UPCN, se puso en vigencia a unos 14 días de que el frente Cambiemos deje el poder, lo que generó más críticas. Pero la actual Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación informó que se dio de baja el registro, que será revisado para crear un nuevo mecanismo para fomentar la carrera administrativa estatal.

 

La confirmación fue festejada por los sindicatos, que ya habían pedido que se dé de baja este registro, que permitía que empleados con salarios de hasta 250 mil pesos tuvieran estabilidad por cinco años, y si eran despedidos antes, debían ser indemnizados.

 

El Registro de Alta Dirección Pública fue un acuerdo entre el gobierno de Macri y UPCN, pero fue rechazado por ATE y otros gremios, como la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), que presentaron un recurso de amparo, que en primera instancia fue rechazado, pero que se encuentra a la espera de una resolución de segunda instancia.

 

La dirigencia estatal recordó que la medida tomada por la Jefatura de Gabinete suspende por seis meses el registro, período en el cual se revisará la forma de realizar un nuevo escalafón.

 

“Como venimos diciendo, con un simple acto administrativo se puede dejar sin efecto el registro. Esto sería a través de un decreto”, sostuvo el titular de la AGAE, Rubén Ramos.

 

En diálogo con Política del Sur, el dirigente aseguró que “después hay que analizar si hay algún tipo de derecho adquirido, respecto de los empleados jerárquicos incluidos en el registro, si hay algún concurso que se haya llevado a cabo y que tuviera los seis meses en el cargo que prevé el acta acuerdo que fuera homologado por el decreto que se quiere remplazar”.

 

El amparo presentado por la AGAE reclama la “nulidad y la inconstitucionalidad” del registro. A principios de diciembre, la cámara que debe definir el recurso le pidió al tribunal algunos antecedentes, así que Ramos consideró en ese momento que “se está tratando, y ahora resta esperar la resolución”.

 

El registro acordado con UPCN generó un nuevo escalafón, y según Ramos, muchos jerárquicos ya concursaron para quedar dentro de él, y así confirmar su puesto antes de que asuma el próximo gobierno.

 

En tanto, ATE se había reunido con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, antes de que asumiera su cargo, para pedirle que derogue el registro, y criticaron a UPCN por dar aval a este instrumento, que lo consideran discriminador de la carrera estatal.

 

Fuentes del gremio ATE le recordaron a Política de Sur que esta semana “la comisión que aprobó este régimen se va a reunir para revistarlo y transformarlo en algo que tenga lógica y sea potable para los estatales”.

 

Esto podría llevar “hasta seis meses”. Cuando se comenzó a hablar de este registro, ATE sostuvo que el objetivo final era dejar una serie de “personas afines a Cambiemos” que pudieran entorpecer la gestión que se inició esta semana.

 

La suspensión del decreto 788 fue confirmado por la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, ya que según la funcionaria, implica “una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el empleo público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado”.

 

En tanto, desde la Jefatura de Gabinete precisaron que para el presidente Alberto Fernández es “vital” construir un nuevo sistema que “jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos de dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público”.