Por: Diego Lanese

Cinco choferes de la Línea 60 podrían ser condenados el próximo viernes a hasta diez años de cárcel, en el marco de una causa judicial iniciada en 2015, cuando se realizó una larga huelga rechazando los despidos y las suspensiones arbitrarias. En aquel momento, los trabajadores decidieron circular sin cobrar boletos, lo que desembocó en un conflicto que duró unos 40 días, donde no hubo servicio. En tanto, la empresa había acusado por “amenazas” a un grupo de empleados que permanecían en las cabeceras, causa que llegó  a juicio oral.

 

Finalmente, luego de dos audiencias, este viernes se leerá la sentencia, que puede resultar en la condena a los choferes, lo que se considera un “grave antecedente”. “Quieren resolver en la justicia penal los conflictos sindicales”, denuncian sus compañeros, que se movilizaron en rechazo a la maniobra.

 

El juicio contra los cinco choferes de la Línea 60 fue iniciado por la empresa Monsa, quien los acusa de amenazas y daños, cuando en 2015 comenzaron a no cobrar boletos, en rechazo al despido de trabajadores. Esto generó un conflicto que paralizó el servicio durante 40 días y terminó con la denuncia a los empleados.

 

El viernes pasado se leyeron los alegatos y se debía leer la sentencia, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes. Fuentes judiciales le confirmaron a Política del Sur que la empresa, querellante en la causa, pidió penas de cinco a diez años de cárcel, la fiscalía tres años y medio y la defensa la absolución. “Está complicado el panorama para los imputados”, agregaron las mismas fuentes, que admitieron que pese a algunas señales a favor de los trabajadores, el proceso se fue torciendo a favor del pedido empresarial.

 

En las dos audiencias que se hicieron, los trabajadores de la popular línea de transporte público se movilizaron en respaldo a los imputados y rechazaron las acusaciones. Lo mismo harán el próximo viernes. Según el delegado Néstor Marcolín, todo se trata de “una causa armada, lo venimos diciendo desde hace tiempo”.

 

En comunicación con Política del Sur, el dirigente remarcó que el pedido es “que sean absueltos los compañeros, en esta y otras causas que derivan de ese conflicto”, y denunció que “la empresa quiere solucionar en la justicia penal los conflictos gremiales”. Asimismo, vinculó esta causa con un intento de “criminalizar la protesta”. “Es una locura total que quieran darle de cinco a diez años de prisión por protestar, por una acción gremial. Es una clara persecución”, insistió Marcolín.

 

En aquel conflicto de 2015, cuando se decidió hacer circular los colectivos pero no cobrar los boletos (las máquinas iban apagadas y la gente viajaba gratis), la compañía Monsa llevó la discusión a la Justicia. Primero denunció por “defraudación” a quienes realizaban esta medida, luego de otros delitos, incluyendo amenazas. Es que, una vez que se desalojaron las cabeceras, hubo enfrentamientos con barras bravas de Nueva Chicago, que los trabajadores aseguran que fueron usados por la compañía para romper la huelga.

 

“Vamos a demostrar que es una causa armada, que surgió en el marco de la medida del no cobro de boletos. Hicieron esta y un montón más de denuncias penales para que la Justicia finalmente bloquee la cabecera y no saquemos los colectivos”, explicó Marcolín.

 

Desde hace tiempo que los conflictos en la empresa Monsa, que es parte del poderoso grupo DOTA, vienen creciendo de la mano del reclamo de los trabajadores por mayores condiciones de seguridad, en especial luego de la muerte de David Ramallo, quien murió cuando falló una rampa y se le cayó una unidad que reparaba en uno de los talleres de la firma.