Por: Walter Sosa

El pedido para que el Gobierno tome nota de la urgencia se trasladó a la calle y cientos de organizaciones sociales provocaron un movimiento de doble vara: Por un lado, el oficialismo buscó contener la delicada situación con medidas que lejos estuvieron de dirimir el problema de forma estructural.

Después de las críticas de algunos funcionarios como Patricia Bullrich o Pablo Avelluto, el Gobierno tuvo que ceder en pos del debate de los proyectos de la oposicion. Y es acá cuando entra el segundo punto: lejos de la demagogia, la oposición -en particular los legisladores que formar parte del Frente de Todos- se presentaron a dar batalla y lograron el consenso, tanto en Diputados como en el Senado. ¿Por qué lejos de la demagogia? Porque las organizaciones, como la CTEP, le marcaron la cancha -con aerosol de tiro libre tal vez- al próximo gobierno (léase eventual desembarco de Alberto Fernández en Casa Rosada).

La iniciativa ya venía girando por los municipios de la región. En Lomas de Zamora fue donde se puso más caliente. Estaban todos de acuerdo, pero los los cruces se presentaron igual. El aval con el proyecto sólo fue en líneas generales. El bloque PJ-Unidad Ciudadana logró la aprobación de la declaración de la Emergencia Alimentaria en el distrito. La ordenanza preve la reasignación de partidas, es decir, mayores facultades al intendente Martín Insaurralde. La iniciativa fue de la concejal Laura Berardo y se denunció "ineficiencia e insensibilidad" del gobierno de Mauricio Macri para tratar la problematica.

"Nosotros tenemos la convicción de que desde el gobierno nacional y provincial se tomaron todas las medidas para aliviarles el tránsito a los argentinos frente a esta crisis, y que lamentablemente se vio agravada con la devaluación posterior a las primarias”, replicó el edil de Cambiemos Gustavo Ganchegui, quien sugirió que en la iniciativa había un “uso político”. En fin, el bloque Cambiemos votó en lo particular en contra de "los superpoderes". Siempre hay lugar para buscarle el pelo al huevo.

La concejal insaurraldista Fabiana Alfaya sostuvo luego a Politica del Sur: "A nadie le gusta hacer una ordenanza como esta, pero el Gobierno no puede negar la realidad y la Emergencia Alimentaria es el símbolo del fracaso del gobierno de Macri."

En el Concejo Deliberante de Almirante Brown, la iniciativa guardó relación con un actor central en la sociedad: la Iglesia, la misma -salvando las distancias y los actores- que le mojaron la oreja en un acto en Salta al propio Presidente, sentado en las primeras filas frente al monseñor Cargnello.

El Cuerpo browniano respaldó el pedido de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social para que declare la Emergencia Alimentaria en el territorio nacional y en la provincia de Buenos Aires. De esta forma, la exigencia se trasladó tambien a Provincia, en paralelo con el pedido de los intendentes peronistas hacia la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

“No es un eslogan electoral que hay hambre: la hay", había sostenido el concejal oficialista Ángel Akike. El expediente, por su parte, contó con el rechazo de los bloques macristas de Brown.

En Lanús fue donde más primó el consenso. En la ultima sesión, todos los bloques llegaron a un acuerdo y aprobaron una propuesta en común. La misma incluyó la creación de un programa para trabajar en la problemática, con vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, pero con posibilidad de prórroga, la conformación de un Consejo Consultivo representado por todas las partes, reasignación de partidas sin tope y aumento de fondos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

En Esteban Echeverría se dio un caso particular, dado que la Emergencia Alimentaria, Social y Económica fue aprobada hace un año. La misma se daba por la “delicada situación que se vive en la provincia de Buenos Aires” y fue convalidada sólo por los votos del oficialismo, debido a que Cambiemos había votado en contra y el Frente Renovador se había ausentado.

Donde no hubo ni siquiera debate fue en Avellaneda. Las razones de la ausencia no se dieron, no obstante, por la presunta negación del tema, sino porque, en palabras del oficialismo, "el Municipio ya cuenta con fondos y programas para hacerle frente a la problemática".

Otro punto para recalcar es que en las ultimas semanas en la Legislatura provincial también se presentó el pedido de declaración. Con la firma de Florencia Saintout (PJ-Unidad Ciudadana), Julio Pereyra (PJ-Unidad y Renovación), Rubén Eslaiman (Frente Renovador) y María Alejandra Martínez (Frente Amplio Justicialiata), todos los bloques afines al Frente de Todos junto que con el peso de los intendentes peronistas le exigieron a Vidal "que tome cartas en el asunto". Sin embargo, la Gobernadora había sostenido por aquel entonces: "En la Provincia no la necesitamos."

En tres semanas mucha agua corrió por el río de la opinión pública y la campaña electoral, y la posición del oficialismo nacional se maquilló distinta aunque haya legisladores que no crean siquiera en lo que votaron. Tal es el caso del diputado nacional Hector "Toty" Flores, quien en un reportaje tras la media sanción de la Cámara baja sostuvo que "el hambres es un concepto que cada uno lo siente como quiere".

En definitiva, el Congreso sancionó la ley que establece la prórroga de la Emergencia Alimentaria hasta 2022. El expediente indica la reasignacion de 8.000 millones de pesos más para el área de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley -hasta el momento las politicas alimentarias a nivel nacional dotaban de un monto de 18 mil millones - en un pais que gasta mas de 3.000 millones de pesos por día en intereses por las Leliq y en una Provincia donde el monto asignado para cubrir el almuerzo de cada niño es de 30 pesos, al tipo de cambio de septiembte: 50 centavos de dólar, la mitad del valor de una cheese burger.