Por: Diego Lanese

Con 60 años de trabajo, la papelera Ansabo era una de las empresas tradicionales en el sur del Conurbano bonaerense en ese sector. Por su trayectoria, pasó varias crisis, pero desde julio de este año cerró sus puertas, dejando a cerca de 50 trabajadores en la calle. A partir de ese momento, se inició un conflicto que esta semana tuvo novedades importantes.

 

Es que, sin respuestas, los empleados decidieron tomar la planta ubicada en el distrito de Quilmes e iniciar el proceso de recuperación. Este paso, dado en otros casos similares como Canale de Llavallol, es largo y complejo, pero los trabajadores confían en que podrán revertir la situación de cierre. Piden ayuda a la gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente Martiniano Molina.

 

En julio de este año la empresa les indicó a los trabajadores de Ansabo que se tomaran una quincena de vacaciones ante la crisis que atravesaba la compañía por la caída de las ventas y la dificultad para conseguir materias primas, pero nunca volvieron a ingresar a la planta, ya que luego de ese período se encontraron con la novedad del cierre. A partir de ese momento, comenzaron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo bonaerense, hubo movilizaciones y denuncias, pero no mayores avances.

 

Cuando se confirmó hace unos días que la AFIP pidió la quiebra de la firma por sus deudas, los despedidos decidieron tomar la planta, con la idea de recuperarla para producir bajo alguna forma alternativa, como cooperativa o fábrica recuperada. “Luego de la audiencia donde se conoció la empresa, decidimos tomar la planta con la idea de recuperarla, por eso pedimos la estatización de la misma”, informaron a Política del Sur desde el grupo de despedidos.

 

Esa medida busca recuperar la fuente de trabajo ante la falta de respuestas tanto de la Justicia como de los distintos gobiernos. “No sólo han estafado a los trabajadores, sino también al Estado, con todo tipo de evasión impositiva”, agregaron desde la toma, que se sostendrá con un fondo de huelga que los empleados mantienen desde hace al menos un mes, donde organizaciones sociales, vecinos y otros grupos de trabajadores en lucha aportan para sostener la causa. “Necesitamos la ayuda de todos para no tener que abandonar la toma por hambre, ya que acá estamos nosotros y nuestras familias”, agregaron desde San Francisco Solano, donde está ubicada la planta.

 

Desde el momento del cierre, se pide ayuda al gobierno provincial y municipal, que no dio ninguna respuesta. “Del lado de ellos abunda la indiferencia, del nuestro somos cada vez más familias que pasamos hambre y necesidades, ya no podemos esperar más”, se quejaron.

 

La asamblea que decidió tomar la planta y la recuperación de la producción además aprobó un pedido formal para que llegue la ayuda oficial. “Exigimos a Martiniano Molina y a María Eugenia Vidal que se hagan cargo de esta situación y nos brinden el apoyo económico para reactivar la fábrica, levantando el corte de los servicios de luz y gas, aportando para la compra de materia prima y la refacción de roturas que ocasionó el vaciamiento patronal”, expresa el documento difundido.

 

Con 60 años de historia, la papelera producía suministros industriales, y en el último tiempo se había especializado en la venta de bobinas de papel a otra empresa que hacía cajas de cartón. De los 45 despedidos, la mayoría tiene entre 20 y 30 años de antigüedad, e incluso hay operarios de más de 50 años que no pudieron cobrar la indemnización, otro derecho violado.

 

A comienzos de este mes, los despedidos intentaron cortar Puente Pueyrredón junto con otros despedidos, pero la Prefectura desplegó la “supervalla”, la misma que se usó en el operativo de seguridad del G20, para contener a los manifestantes y evitar que avancen. Lo mismo sucedió la semana pasada.