Por: Diego Lanese

Luego del golpe de las PASO, la gobernadora María Eugenia Vidal quedó bajo mucha presión. Por un lado, la mala elección la obliga a tomar distancia del gobierno nacional, lo que genera tensión con la Casa Rosada. Por otro, la crisis económica, que se profundiza por la corrida del dólar, golpea con fuerza en la provincia de Buenos Aires, y los reclamos se multiplican. En medio de esta “doble Nelson” -por la recordada toma de Martín Karadagian-, la mandataria se resguardó en el silencio.

 

En tanto que los anuncios del presidente Mauricio Macri de medidas que benefician a trabajadores y otros sectores, incluido el bono extraordinario a los estatales, obligaron a su entorno a salir a anticipar un paquete similar, que sin embargo se posterga y hoy por hoy no tiene fecha de anuncio, y ni siquiera detalles de su alcance. Por esto, los gremios insisten con la necesidad de aliviar el impacto de la devaluación en los salarios, y hasta algunos hablan de reabrir paritarias. Los intendentes miran con temor, ya que la Fesimubo no descarta ir en busca de renegociaciones en las comunas bonaerenses.

 

Como anticipó esta semana Política del Sur, los sindicatos estatales comenzaron una fuerte presión para que el gobierno bonaerense otorgue un bono de 5.000 pesos como el anunciado por Macri en los últimos días, para intentar paliar el efecto de la devaluación en los salarios.

 

La idea de una medida similar comenzó a rondar en el entorno de Vidal, que perdió a su ministro de Economía y debió recalcular su gestión luego de la derrota electoral (los términos son intercambiables). Si bien dejó entrever que habría un paquete similar al nacional, hasta el momento los anuncios no aparecen y los gremios se impacientan.

 

Primero, los docentes reclamaron el adelantamiento de la actualización salarial, que según el acuerdo paritario, era cada tres meses, y los maestros quieren que sea mensual. Después, médicos y estatales que hablan de reabrir la paritaria para mejorar las condiciones salariales. “Necesitamos un ajuste salarial, quedamos totalmente desfasados a pesar de haber cerrado un acuerdo hace muy poquito tiempo, por eso pedimos la reapertura salarial, o como mínimo una readecuación mensual de los haberes”, explicó a este medio Aníbal Aristizábal, secretario de Prensa del gremio Cicop. Por su parte, los judiciales, el único sector que no acordó su paritaria este año, quiere primero dar ese paso para luego poder hablar de un bono. 

 

Los reclamos en torno a Vidal se contraponen con el silencio de la Gobernadora. Golpeada por los resultados electorales, parece tener como prioridad rearmar la estrategia electoral, en un escenario donde la debacle del oficialismo nacional la arrastra inevitablemente. Las versiones que hablan de un intento de desmarcarse de la Casa Rosada son muchas, y la actitud tomada en el marco de la marcha del sábado pasado a favor del Gobierno, donde tuvo nula participación, parecen confirmarlo.

 

Ante este escenario, recién en estos días un funcionario de Vidal habló abiertamente del posible paquete de medidas. Así, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, no dio demasiadas certezas, pero hizo la primera declaración al respecto: “Lo estamos evaluando con la Gobernadora y el ministro de Economía (Damián Bonari)”, dijo a la salida de la reunión de gabinete ampliado. Incluso, dejó una declaración que levantó cierta sospecha, ya que aseguró que el paquete está atado a la capacidad de respuesta de la gestión Vidal al “impacto fiscal” que tenga la Provincia “en función de las medidas que ha tomado el gobierno nacional”. La referencia a la baja del IVA y Ganancias, que despertó la rebelión de los gobernadores, pone un poco más de tensión a los rumores de malestar entre las figuras del oficialismo.

 

Distintos caminos

 

Los estatales iniciaron en conjunto las presiones para reabrir paritarias, pero hasta ahora recibieron el hermetismo de la mandataria provincial. Otros sectores decidieron judicializar la cuestión. Si bien es una instancia anterior, el caso de los empleados de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires sirve para conocer el termómetro del momento político que se vive, ya que un fallo tan rápido en un tema como una paritaria no se podía imaginar hace uno tiempo atrás.

 

Lo cierto es que el Tribunal de Trabajo N° 3 de La Plata ordenó a la Gobernadora retomar la negociación con ese sector, de acuerdo al fallo que lleva la firma de los jueces Enrique Catani, Carlos Tomás Gramuglia y Stella Maris Marcasciano, quienes hicieron lugar a una medida cautelar y amparo sindical impulsados por la Asociación del Personal de Vialidad (APV).

 

El gremio había denunciado un estancamiento en la discusión por actualización de sueldos, luego de un cierre arbitrario por parte de la Provincia del acuerdo salarial 2019. Ahora la Justicia le otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de Trabajo para que “proceda a la reapertura y continuidad de la negociación sobre el reajuste salarial”.

 

A fines de 2018, la APV fue convocada por la gestión Vidal para recomponer los salarios del sector, y ante la falta de acuerdo, el Gobierno decretó en forma unilateral un aumento del 2 por ciento para diciembre de ese año y de un 20 por ciento para el período enero-noviembre 2019. De esa manera, los trabajadores viales bonaerenses recibieron una suba total del 32 por ciento en 2019 y del 20 por ciento en 2019, perdiendo más de 18 puntos de poder adquisitivo.

 

Este ejemplo marca cómo la debilidad política de un gobierno se siente en el ambiente y las malas noticias se multiplican. Además del fallo, esta semana Vidal recibió otro golpe desde el sector sindical. Se trata de la fractura de un espacio de gremios estatales que se mantenían aliados a su gestión, bajo el paraguas de las 62 Organizaciones Peronistas que lidera Ramón Ayala.

 

Las “62 amarillas”, como se las conoce, fueron forjadas por el fallecido Gerónimo “Momo” Venegas y son el único reducto sindical que apoya al gobierno nacional. En campaña, Ayala, titular de UATRE, organizó una serie de reuniones con gremios que respaldaron su gobierno, pero que ahora comenzaron a irse. Para colmo, se trata de gremios estatales, lo que podría aumentar la presión.

 

Esta semana, la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), el Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos de IOMA, una agrupación de trabajadores de Anses y la Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina (Utera) abandonaron el espacio de Ayala y anunciaron que apoyarán al Frente de Todos.

 

Así lo confirmó Julio Estévez (h): “Los cuatro gremios estatales que hasta ahora integraban las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas decidieron trasladar sus propuestas al candidato Alberto Fernández para mejorar el funcionamiento de las instituciones que representan en beneficio de la gente y de los afiliados”.

 

El dirigente explicó que “la decisión fue consensuada y está en sintonía con la cúpula de la conducción nacional de las 62 Organizaciones, que otorgó libertad de acción a los gremios que la conforman para ayudar al candidato que el pueblo elija a conducir el país”. Para Estévez, hoy “no hay plan económico, fiscal ni monetario y el país se hunde“, lo que provocó que “la clase media fue severamente castigada, los trabajadores literalmente perjudicados y, los pobres, definitivamente abandonados”, puntualizó el dirigente.

 

La huida de los gremios parece confirmar el “vacío de poder” del que se supone habló el FMI, y muestra que aquella frase del exgobernador de Santa Fe José María Vernet, siempre recordada por el escritor Jorge Asís, está más vigente que nunca: “Perder no es grave. El problema es la cara de boludo/a que te queda”, expresó.