Hoy se cumplen ocho meses del incendio en el interior de la Comisaría 3° de Esteban Echeverría que se cobró la vida de diez presos que permanecían allí recluidos en condiciones de hacinamiento. La tragedia es conocida como “La Masacre de Transradio”, por la cual familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos organizaron dos nuevas actividades para esta semana con el objetivo de retomar el reclamo de justicia.

Mientras la causa permanece sin detenidos y parece encaminarse hacia la impunidad, los familiares siguen a la espera de un fallo favorable en su pedido de recusación del caso del fiscal Fernando Semisa. Tras el rechazo del Juzgado de Garantías de turno a la solicitud presentada formalmente en el Polo Judicial de Esteban Echeverría en mayo pasado, ahora los representantes legales de las familias damnificadas recurrieron a la Cámara de Apelaciones correspondiente para tratar de lograr un giro en la investigación.

Es por eso que hoy a partir de las 16 realizarán una volanteada en la estación de trenes de Monte Grande, donde repartirán folletos a los transeúntes de la zona para visibilizar el hecho ocurrido el 15 de noviembre del 2018 y tratar de concientizar acerca del papel de las autoridades que intervinieron, a quienes acusan de “violencia institucional”. Además, el miércoles irán a La Plata, donde tendrán una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

“Pedimos también que lo que dure el proceso de recusación del fiscal no se detenga la investigación”, comentó a Política del Sur Matilde Rojas, madre de una de las víctimas del siniestro, sobre el pedido de apartamiento del fiscal al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Echeverría.

En ese marco, la mujer agregó que “no se ven avances en la causa y cuando los testigos declaran lo que no le conviene, los acusa de falso testimonio”. 

Su hijo, Elías Soto, tenía 20 años cuando encontró la muerte durante la masacre junto a los otros nueve reclusos, debido a las llamas ocasionadas por causas que aún no pudieron ser determinadas.

Sin embargo, las diferentes familias que mantienen firme el reclamo de justicia sostienen la responsabilidad de los efectivos policiales que intervinieron y las autoridades provinciales, que hicieron caso omiso a la orden de clausura que pesaba sobre esa Comisaría, la cual no estaba en condiciones de albergar presos en sus calabozos.

No obstante, la principal hipótesis sigue siendo la de un motín ocasionado por los internos a causa de un presunto intento de fuga frustrado por los guardias. Hasta ahora, los únicos señalados son tres personas que murieron en el incendio, mientras que seis policías que prestaron servicio esa noche fueron desafectados de la fuerza.

Más allá de las diferentes posturas desde que comenzó el caso, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -que representa legalmente a los damnificados- se encargó de hacer hincapié en las condiciones de hacinamiento en las que vivían las víctimas y todas las comisarías y penitenciarías del país.