Por: Por Diego Lanese

Con una inflación de casi el 50 por ciento, no existe paritaria que haya logrado mantener el poder adquisitivo de los salarios en 2018, salvo el de los bancarios o aceiteros, los pocos que estuvieron cerca de la equiparación. El resto se encuentra lejos de sostener el creciente incremento de precios. En este panorama, los aumentos acordados para el salario mínimo, vital y móvil también quedaron lejos de la suba general de precios, que en junio de este año debe estar en 12.500 pesos.

 

El valor de este sueldo tiene influencia en tres aspectos: en los salarios docentes, ya que fija el piso nacional, algunas asignaciones sociales y para determinar un parámetro para trabajadores informales. Para estos sectores, los datos sobre el comportamiento del mínimo son poco alentadores.

 

Según datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el mínimo, vital y móvil tuvo el mayor desplome de los últimos años y “se ubicó en los menores niveles en términos reales desde el año 2004”. “Ello no sólo se originó en una caída del 10,9 por ciento en comparación con el año anterior, sino en un deterioro tendencial iniciado en el año 2012 que se profundizó notablemente a partir del cambio de gobierno a fines de 2015”, explica el trabajo de la entidad. Esta situación tiene especial impacto en la negociación salarial nacional, que este año tuvo una reunión clave donde se pidió adelantar el llamado al Consejo del Salario, que define su valor.

 

El trabajo del observatorio alerta sobre la caída del salario mínimo, una tendencia que se viene repitiendo desde el 2011, pero tuvo en 2018 la peor performance. Según la entidad, el mínimo alcanzó un máximo en el año 2011 y luego comenzó a caer constantemente. “El valor máximo del salario en términos reales, desde su recuperación como herramienta de política de ingresos, fue alcanzado en el año 2011, y desde entonces en todos los años, a excepción del 2015, experimentó un retroceso siendo los más importantes en 2018 (10,9), 2014 (7,6 por ciento) y 2016 (5,8)”.

 

Comparado con ese tope máximo, el año pasado “el mínimo había experimentado una caída del 24 por ciento en comparación con los niveles de 2011”, destaca el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. En términos absolutos, agrega, el valor actual del salario mínimo (11.300 pesos, con un aumento programado para junio de este año que lo llevará a 12.500) “representa menos de la mitad de la Canasta Básica Total que el INDEC utiliza para determinar la línea de la pobreza de un hogar de cuatro integrantes, y menos del 30 por ciento del costo de la Canasta de Consumos Mínimo elaborada por la Junta Interna de ATE- INDEC”. Esto significa que los trabajadores atados a esta medición, necesitan dos salarios para no ser pobres.

 

Si bien el mínimo es una estimación, tiene impactos indirectos sobre el conjunto de los trabajadores, ya que como remarca el informe de la CTA Autónoma, “establece un piso muy bajo en materia de ingresos, y directo sobre los trabajadores de la educación y de la economía popular”. En el primer caso, es debido a que el salario docente está atado al mínimo, “al cual debe superar en un 20 por ciento”. En el segundo, se da en función de que el Salario Social Complementario equivale al 50 por ciento del mínimo.

 

Por esto, en la última reunión técnica de los gremios docentes nacionales los gremios reclamaron que se adelante la reunión del Consejo del Salario, que define el nivel del mínimo, vital y móvil, y que suele llamarse para julio de cada año.

 

En cuanto a las perspectivas para el 2019, el Observatorio del Derecho Social asegura que “están lejos de ser alentadoras, en tanto el deterioro a lo largo de 2018 fue creciente y en el mes de enero de este año se registró una caída interanual superior al 20 por ciento”. “A su vez, tan sólo se encuentran previstos dos incrementos adicionales en los meses de marzo y junio que en conjunto totalizan poco más del 10 por ciento, por debajo de todas las estimaciones de inflación previstas para el primer semestre del año”, agrega el trabajo.

 

“En este sentido, de no mediar un nuevo incremento por fuera del fijado por el gobierno nacional un año atrás, a lo largo de todo el semestre su valor se seguirá deteriorando en términos reales, con variaciones negativas interanuales de entre el 15 y el 20 por ciento”, concluye el informe.