Con cruces entre oficialismo y oposición en la mayoría de los proyectos que llegaron al recinto, el Concejo Deliberante de Lanús trató en la primera sesión extraordinaria del 2019 una serie de convenios entre el Municipio y algunas empresas que se desarrollan en el distrito, como así también pedidos de deuda y condonaciones a privados. Por mayoría automática, el oficialismo pudo darles el visto bueno a todos los expedientes presentados por el Ejecutivo municipal.

 

En primer lugar, el Cuerpo aprobó cuatro pedidos de financiamiento a la Provincia por un total de 80 millones de pesos para: reconstrucción de pavimentos de hormigón, adquisición de tecnología para el monitoreo urbano, apertura y puesta en valor en el paso nivel y compra de rodados y equipamiento para renovación y ampliación del parque automotor de patrullas y grúas de seguridad ciudadana.

 

Oponiéndose a esta propuesta, Héctor Montero (Unidad Ciudadana-PJ) sostuvo que estos pedidos de financiamiento “no son otra cosa que empréstitos con el fin de hacer obras que los vecinos van a tener que pagar, más allá de que pagan las elevadas tasas en el Municipio. Van a tener que hacerse cargo no sólo durante lo que queda de esta gestión municipal, sino en la futura”.

 

Una iniciativa que causó fuertes críticas la hizo Edgardo Depetri (Unidad Ciudadana-FpV), al rechazar la adhesión del Municipio a la resolución 16/2019 del Ministerio de Transporte de la Nación -que dispone tarifas de servicios de transporte de pasajeros automotor de carácter urbano y suburbano- para el colectivo comunal.

 

“Vamos a seguir insistiendo en que el boleto de colectivo, tren, subte, la electricidad, el agua, tienen que ser un derecho humano, básico, y no pueden estar siendo casi una imposición. Son tarifas, son boletos confiscatorios del salario. Están favoreciendo de nuevo a las empresas, están golpeando el salario, siguen insistiendo con una política que deteriora cada vez más la calidad de vida de los vecinos”, disparó el edil.

 

Y agregó: “Para algunos temas, quieren hablar de lo local, pero cuando hay temas que impactan en los bolsillos de los trabajadores y de los jubilados, intentan que pase desapercibido y que no se discuta que realmente lo que ustedes hacen todos los días es desorganizarles la vida y jodérsela cada vez más.”

 

En esa línea, Montero recordó que “desde el inicio de la gestión de (el presidente Mauricio) Macri, hubo un 170 por ciento del aumento de transporte público; no alcanzó ningún incremento salarial”, mientras que “desde noviembre a marzo, el aumento del colectivo será de 38 por ciento”. Y añadió que “el corte de boleto se redujo un 10 por ciento” debido a “la pérdida de trabajo de muchos vecinos y porque van caminando para ahorrarse el boleto”.

 

Por otra parte, hubo dos convenios que suscitaron varios cruces entre concejales de Cambiemos y de Unidad Ciudadana. Uno de ellos fue el que convalida el convenio con la concesionaria de autos Organización Sur S.A. para que instale un stand de exposición en el Parque Eva Perón durante el programa “Lanús Playa”, a cambio de 80 litros de pintura. Un acuerdo que ya fue cerrado y que recién pasó por el HCD pocos días antes de que finalice.

 

Sobre ello, Magnaghi criticó con dureza que el Municipio le permite a esta empresa hacer publicidad en este espacio público, pero echa de la plaza Auyero a personas que ponen su manta para vender y “poder llegar a fin de mes”. Recalcó que el gobierno de Néstor Grindetti “les dijo que se tenían que ir de ahí porque no estaban autorizados a ocupar el espacio público”.

 

En tanto, Luciana Augustavicius (UC-PJ) remarcó que “el Municipio, como siempre, generosamente mirando para el lado equivocado, mira a empresarios y les ofrece la oportunidad de poner ese stand. Organización Sur no va a pagar lo establecido por ordenanza, solamente nos va a dar 80 litros de pintura, que puede ser más barata”.

 

“Me encantaría que Grindetti me dijera a dónde fueron esos 80 litros de pintura y dónde fue la gran transformación que se hizo”, cuestionó, y añadió: “Si no van a recaudar fondos para el Municipio, mínimamente podría haber tenido una mirada más social y que Organización Sur pague un poquito más de 80 litros de pintura -que no sabemos qué pintura es, en 2019 año electoral- y se haga un convenio con una organización social, un centro de jubilados, una sociedad de fomento, un club, para que esos vecinos y vecinas tengan ese beneficio.”

 

El otro convenio polémico que provocó fuertes discusiones fue el usufructo durante cinco años de un predio ubicado en el Parque Industrial de Lanús como dación de pago por parte de la firma Minquia S.A., que había contraído con el gobierno local una deuda de casi 6 millones de pesos.

 

“El predio está bastante deteriorado. No sabemos el destino que le dé el Municipio, pero más allá de eso, este predio hay que arreglarlo, y entonces vamos a tener que autorizar un gasto importantísimo para poner el edificio en valor. Luego se lo van a vender a Minquia hecho a nuevo, saldadas las deudas, con todos los impuestos municipales al día. Los negocios que hace el Intendente en nombre de la Municipalidad los hace a favor de terceros y no de todos los lanusenses. Hay otras formas de saldar una deuda”, afirmó Magnaghi.

 

En respuesta, el titular del bloque de Cambiemos, Jorge Schiavone, sintetizó: “En cuanto al estado de estos galpones, nosotros hemos recibido en estado precario un montón de elementos que hemos refaccionado a la brevedad. Lo vamos a solucionar, vamos a poner en valor el lugar y va a ser para uso del vecino de Lanús.”

 

Luego, Schiavone reemplazó al presidente del HCD, Marcelo Rivas Miera, quien tomó la palabra para sumarse a esa discusión y acusar a la oposición de no leer el expediente “como corresponde”.

 

“No hay inversión ninguna por parte del Municipio porque lo devuelve en la forma que lo recibió, salvo el deterioro sufrido por el paso del tiempo. El Municipio, en acuerdo con la otra parte, puede prorrogar. Al final del usufructo hay una compensación”, leyó para argumentar.

 

En otro orden, fue desestimada una moción del concejal Gustavo Magnaghi (UC) para que vuelva a comisión la autorización de una firma del convenio entre la Comuna y el banco Santander Río por el cual se le alquila un predio en Villa Jardín de no más de 500 metros. El proyecto se aprobó con el acompañamiento de Marcela Fernández, la única concejal presente del Frente Renovador.

 

También fue desestimada la moción de la concejal Natalia Gradaschi (UC-FpV) para que vuelva a comisión el proyecto de prórroga por un plazo de 18 meses la plena vigencia de la ordenanza 12.043, que declara la Emergencia Sanitaria Ambiental en el distrito. El objetivo de la edil fue que se le pregunte al Ejecutivo “cuáles son las políticas públicas que puede implementar en el marco de esta emergencia y si va a tomar el debate, después del ámbito de las comisiones, en el recinto en la próxima sesión”.

 

En tanto, el Cuerpo le dio el visto bueno al Ejecutivo municipal para que reconvalide el acta acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires en la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

 

Sobre ello, Gradaschi opinó que “el manejo de los cupos se tiene que discutir en el ámbito paritario con el Frente de Unidad Docente, con los gremios, que representan a los trabajadores y las trabajadoras que todos los días están en la implementación del SAE”.

 

Argumentó además que “el convenio mismo prevé que si los montos no son suficientes de acuerdo a la realidad de cada distrito, el Intendente tiene la facultad para hacer las evaluaciones presupuestarias necesarias para complementar el dinero que haga falta para que tanto el desayuno como el almuerzo que reciban nuestros pibes y pibas sean dignos. Nosotros queremos saber si el intendente Grindetti tiene la decisión política”.

 

Otro expediente convalidado fue el convenio de reconocimiento, consolidación de deuda y acuerdo de pago entre la Municipalidad y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). En este sentido, la Comuna afrontará el pago de 132 millones de pesos de deuda por el servicio de deposición final de residuos sólidos urbanos.

 

Por unanimidad, se avaló el convenio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través del cual el organismo entregará 6.000 tablets para beneficiarios del Programa Nacional de Acceso a Tecnologías de Información y Comunicaciones. Desde UC, si bien acompañaron, solicitaron que, una vez que se complete esta entrega de materiales, el gobierno municipal facilite el listado de los beneficiarios.

 

Previo al inicio de la sesión, distintos gremios como ATE y CTA se concentraron en la puerta del palacio deliberativo para repudiar el tratamiento de un convenio entre la Municipalidad y la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Jardín, por la cual la Comuna sería la encargada de designar a los médicos de ese centro de salud, mientras que Provincia haría lo propio con el director.

 

Para los gremios y ediles opositores, este proyecto sería un primer paso hacia la “municipalización” de la UPA. Y como consecuencia de esta protesta, finalmente Cambiemos aceptó no incluir el proyecto en la orden del día, por lo que no fue tratado sobre tablas.