jueves 31 de octubre de 2024 - Edición Nº2157

Provincia | 5 dic 2018

NUEVO CRONOGRAMA

A partir del próximo año los concejos deliberantes comenzarán a sesionar en marzo

Iniciarán un mes antes, desde el 1 de ese mes hasta el 30 de noviembre. Para ello, habrá que modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades.


La Cámara de Diputados bonaerense fue epicentro de grandes discusiones. No sólo aprobó el presupuesto y un nuevo endeudamiento, sino que también convirtió en ley un proyecto que modifica la Ley Orgánica de las Municipalidades, estableciendo que el período de sesiones ordinarias de los concejos deliberantes será desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre.

De este modo, se adelanta un mes la apertura de sesiones, debido a que hasta el momento, los cuerpos deliberativos locales comenzaban el 1 de abril de cada año.

La iniciativa surgió de Walter Lanaro, vicepresidente del bloque Cambiemos en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Ahora se deberá modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para extender el período ordinario de sesiones en los concejos deliberantes de la provincia.

Según establece el artículo 68 de la actual Ley Orgánica, las sesiones ordinarias de los concejos deliberantes abren el 1 de abril de cada año y finalizan el 30 de noviembre, pero pueden prorrogarse treinta días.

 

Emergencia

 

Por otra parte, fue sancionada la prórroga por un año de la emergencia en seguridad pública y política penitenciaria, solicitada por el Poder Ejecutivo.

 

La normativa establece redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones y acciones de las policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente su organización, dirección y funciones, asignando o reasignando elementos, jerarquías, roles, competencias y distribución territorial en los términos que se determinen y a fin de dotarla de eficiencia para atender correctamente sus objetivos y prestaciones fundamentales.

 

También busca optimizar los recursos humanos, tecnológicos y materiales, así como la adecuada prestación del servicio en cada área, a fin de garantizar las mejores acciones preventivas, operativas y resocializadoras, además de garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y hábitat laboral del personal policial y penitenciario de la provincia de Buenos Aires, para que puedan cumplir y desarrollar correctamente el servicio a su cargo.

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